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Ombudsman de inmigración advierte a dreamers sobre renovación de sus permisos de trabajo

La oficina del Ombudsman de USCIS, creada para asistir a inmigrantes y empleadores que necesitan solucionar problemas, advierte a los dreamers protegidos por DACA que renueven a tiempo sus autorizaciones de empleo o se quedarán desprotegidos e incluso al borde de perder sus empleos.
11 May 2021 – 03:42 PM EDT
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La Oficina del Ombudsman del servicio de inmigración recomendó a los más de 700,000 jóvenes que entraron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, se les conoce como dreamers y se encuentran protegidos de la deportación por la Acción Diferida de 2012 (DACA), que renueven sus permisos de trabajo entre 150 y 120 días antes de la fecha de vencimiento.

La dependencia dijo en un informe que las personas que son elegibles para renovar el amparo y las autorizaciones de empleo (EAD) deben presentar el formulario I-765 entre cuatro y cinco meses “antes de la fecha de vencimiento del documento actual”.

La oficina dijo que si bien “los tiempos de procesamiento pueden variar, presentar la solicitud lo antes posible minimiza la posibilidad de que el período actual de DACA quede sin efecto antes de que la USCIS emita la nueva autorización de empleo”.

La dependencia dijo además que los beneficiarios de DACA pueden verificar los tiempos de procesamiento en la herramienta de USCIS, que se encuentra en su página digital.

“Tenga en cuenta que USCIS ha dicho que, de acuerdo con una política de larga data, no hay un procesamiento acelerado para la acción diferida, incluido DACA", precisó.

El programa DACA

La Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) fue creado en 2012 durante el gobierno presidido por Barack Obama (y cuyo vicepresidente era Joe Bide).

El programa difiere temporalmente la deportación de unos 700,000 dreamers que carecen de antecedentes criminales, quienes además pueden acceder a una autorización temporal de empleo.

Originalmente el programa fue diseñado para proteger a 1.2 millones de dreamers, pero tan solo unos 800,000 se inscribieron. El resto, o bien no cumplía con los requisitos o rechazó el programa por miedo a entregar sus datos de identificación personal al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En 2017 el gobierno de Donald Trump canceló DACA, pero tras una larga batalla judicial en junio del año pasado la Corte Suprema de Justicia restableció el programa en su totalidad.

Decisión pendiente

A pesar del fallo de junio de la Corte Suprema, DACA sigue pendiendo de un hilo debido a una demanda interpuesta en 2018 por Texas y otros ocho estados (Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia), quienes alejan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal.

La demanda se encuentra en manos del juez Andrew Hanen, quien en febrero de 2015 prohibió la ampliación del programa y la entrada en vigor de DAPA, otro beneficio similar que dilataba la deportación de unos 5 millones de padres indocumentados de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses.

El Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), organización que defiende el programa ante el tribunal, ha dicho que tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, en enero, el escenario de la demanda cambió. “Ahora el Departamento de Justicia protege el programa y le ha solicitado a la corte que tenga en consideración la postura del nuevo gobierno, y la reciente votación en la Cámara de Representantes”.

El 18 de marzo la Cámara Baja aprobó una iniciativa que otorga un camino a la ciudadanía para los dreamers, quienes recibirían una residencia provisional y, al cabo de 10 años, calificarán para la residencia legal permanente. Cinco años más tarde serán elegibles para pedir la ciudadanía por naturalización. El plan se estancó en el Senado por falta de apoyo bipartidista.

Hanen podría tomar una decisión en cualquier momento.

La oficina del Ombudsman de USCIS fue creada por el DHS para asistir a inmigrantes y empleadores que necesitan solucionar problemas generados por una equivocación, un error o una demora de la agencia federal.

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