Arrestos de ICE en 2021 caen al nivel más bajo en más de una década

Los arrestos de inmigrantes indocumentados en el interior del país durante el año fiscal 2021 cayeron a su nivel más bajo en más de una década, reportó este martes el diario The Washington Post.

El periódico dijo que la disminución de las detenciones efectuadas por los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) equivale a la mitad de los promedios anuales registrados durante el gobierno de Donald Trump (enero de 2017 a enero de 2021).

De acuerdo con cifras oficiales, ICE llevó a cabo alrededor de 72,000 arrestos administrativos durante el año fiscal 2021, que arrancó el 1 de octubre del año pasado y finalizó el pasado 30 de septiembre, frente a 104,000 ejecutados durante el año fiscal 2020 y un promedio de 148,000 anualmente desde 2017 hasta 2019.

Cabe señalar que entre los meses de octubre del 2020 y enero de 2021 la Casa Blanca estaba bajo el mando de Trump e ICE actuaba en concordancia con la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

Los datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo cuyo mando opera ICE, revelan que los arrestos administrativos se consideran “uno de los mejores indicadores de la actividad de ICE porque la aplicación interior está completamente bajo el control de la agencia”, dijo agregó el reporte.

En cuanto al número de deportados, estos dependen de otras agencias federales que participan en el proceso migratorio, como la Patrulla Fronteriza, y otras métricas que aumentan y disminuyen con las tendencias migratorias en la frontera con México, indicó el Post.

La política migratoria de Biden

El periódico dijo además que los arrestos de ICE en el interior se desplomaron después de que el presidente Joe Biden asumió el cargo, el 20 de enero, y estableció nuevos límites a la aplicación de la ley de inmigración desarticulando la poñlìtica migratoria de Trump.

Entre las primeras medidas, Biden anuló una orden ejecutiva relacionada con la construcción del muro en la frontera y las ciudades santuario, y de esa forma modificó las prioridades de deportación enfocadas en aquellos extranjeros con crímenes graves.

Trump, en cambio, había decretado, desde el inicio de su Administración, que la presencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Otra de las medidas ordenadas por Biden en enero fue una pausa de 100 días de la mayoría de las deportaciones. Y aunque un tribunal revirtió la medida, el gobierno siguió priorizando las deportaciones solo en aquellos extranjeros que han cometido crímenes que amenazan la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza.

Los datos oficiales, además, indican que durante el año fiscal 2021, los 6,000 agentes de la ley de la unidad de investigaciones especiales (ERO) de ICE promediaron, cada uno, alrededor de 12 arrestos de inmigración por año, o uno por mes.

“El pico de actividad de cumplimiento de ICE durante la última década fue el año fiscal 2011, cuando ICE realizó 322,093 arrestos administrativos, aproximadamente 4.5 veces el total de 2021, según muestran los datos históricos”, añade The Washington Post.

El año discal 2011 fue el tercer mandato del gobierno de Barack Obama cuya vicepresidencia fue desempeñada por Biden.

Las prioridades de Biden

Tras asumir el control de la Casa Blanca, Biden estableció nuevas prioridades de deportación enfocadas en extranjeros que han cometido crímenes graves que los convierte en inadmisibles y deportables.

Estas prioridades, sin embargo, fueron bloqueadas el 19 de agosto por el juez de distrito Drew Tipton, de Texas, quien dictaminó que la política de Biden violaba los mandatos del Congreso en cuanto las operaciones de la agencia.

La orden de Tripton fue en respuesta a una demanda entablada por los estados de Louisiana y Texas, quienes alegaron que la política migratoria de Biden "viola la ley de Procedimiento Administrativo (APA)”.

"Esta orden preliminar esta dada a nivel nacional y probable la ejecución e implementación, en cualquier lugar donde el gobierno tenga jurisdicción para implementar los memorandos del 20 de enero de 2021 y del 18 de febrero de 2021", dijo Tripton.

Pero a mediados de septiembre un panel de jueces del 5to Circuito halló que el gobierno federal había demostrado que, probablemente, tendría éxito en su apelación basándose en el hecho de que la orden judicial emitida en agosto limita a los funcionarios a depender de prioridades de directivas para decisiones que no están relacionadas con las detenciones.

“El gobierno tiene potestad para tomar las prioridades sobre a quien van a detener y a quien no”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

La crisis de Del Río

Tras la crisis en la zona fronteriza de Del Río (Texas), donde aguardaban unos 15,000 migrantes una oportunidad de asilo y fueron reprimidos por agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un memorando indicandoa los directores de las distintas agencias de ese ministerio que los inmigramtes indocumentados no pueden ser deportados solo por no tener papeles de permanencia legal en el país.

Además, para el gobierno, los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera después del 1 de noviembre del 2020 o que están indocumentados en el país y no demuestren que están en territorio estadounidense antes del 1 de noviembre del año pasado o tienen una orden de deportación vigente, están dentro de las prioridades de deportación.

Eso significa que, si los detienen o caen en manos de los agentes del servicio de inmigración o de policías que colaboran con la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), lo más probable es que el gobierno inicie un proceso de expulsión del país, indicó Mayorkas.

Pero al mismo tiempo estableció ciertas excepciones.

• Los agentes deben evaluar si el no ciudadano “actualmente representa una amenaza para la seguridad pública", así como “la extensión, seriedad y actualidad de la actividad delictiva” cometida por el extranjero antes efectuar una deportación;
• También deben considerar factores atenuantes, tal como circunstancias familiares, factores médicos y de salud, vínculos con la comunidad, evidencia de rehabilitación, y si el individuo tiene disponible ayuda migratoria potencial;
• Los agentes también deben basar sus conclusiones sobre la participación intencional en un crimen organizado, pandilla u organización delictiva transnacional sobre la base de pruebas fiables y consultar con otras agencias federales involucradas para llegar a esta conclusión;
• Los agentes deben prestar especial atención en los casos que involucran a no ciudadanos que son ancianos o que padecen una enfermedad física o mental grave.
• Las órdenes de deportación deben tener una razón de peso.

A pesar de la baja en el número de detenciones, defensores de los inmigrantes critican la política de Biden por mantener cerrada la frontera y vigente la aplicación del Título 42 del Código de Estados Unidos, que permite la deportación acelerada de extranjeros por razones de salud pública debido a la pandemia del coronavirus.
Sin embargo los republicanos fustigan a Biden indicando que su política migratoria de fronteras abiertas constituye una grave amenaza a la seguridad nacional y demandan el restablecimiento de la política de ´tolerancia cero´ de Trump.