Texas y Missouri demandan al gobierno y exigen la construcción del muro en la frontera con México

Los estados de Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos partidarios del expresidente Donald Trump, volvieron a unirse en una demanda contra el gobierno de Joe Biden, esta vez para exigir que se reanuden los trabajos de construcción del muro fronterizo con México.

La demanda argumenta que el gobierno federal debe continuar erigiendo el muro con los fondos autorizados por el Congreso. Agrega que cuando los trabajos fueron suspendidos la el gobierno de Biden violó la ley.

“Esta es una acción que desafía la omnipresencia del Poder Ejecutivo”, se lee en la demanda interpuesta por los fiscales generales de ambos Estados ante la Corte de Distrito del Sur de Texas.

“Es mi séptima demanda relacionada con la frontera contra la Administración Biden en El Paso. Hasta que sigan la ley y obtengan los texanos el alivio que necesitan desesperadamente, continuaré presentando demanda tras demanda. No voy a dar marcha atrás”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en su cuenta de la red social Twitter.

Qué alegan Texas y Missouri

En la demanda los estados de Texas y Missouri alegan que el presidente se ha negado a gastar fondos asignados por el Congreso “para la construcción de un muro a lo largo del
frontera suroeste, y la terminación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de contratos para realizar obras en proyectos de construcción para construir el muro”.

La demanda añade que en 2018 el DHS evaluó la eficacia de las barreras físicas en la frontera suroeste en el control de la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Indica además que el ministerio había precisado que “los muros han demostrado ser extremadamente efectivos".

Lo que no dice la demanda es que el muro constituyó una de las principales promesas de campaña del expresidente Donald Trump y fue uno de los ejes principales de su política migratoria de ‘tolerancia cero’, dirigida a detener la inmigración indocumentada, incluso de aquellos extranjeros que vienen en busca de asilo, un beneficio legal disponible autorizado por el Congreso.

Trump utilizó más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos para implementar su política migratoria a pesar de que durante sus dos primeros años de mandato (2017 y 2018) el Partido Republicano controló ambas cámaras del Congreso.

La postura de Paxton

El fiscal general Paxton también señala que “la negativa rotunda de la Administración Biden a usar fondos que ya han sido reservados por el Congreso para construir el muro fronterizo no solo es ilegal e inconstitucional. También está mal, y deja a estados como Texas y Missouri pagando la factura".

“No me quedaré de brazos cruzados mientras esta Administración causa más estragos en nuestro estado. Esta es mi séptima acción legal relacionada con la seguridad fronteriza y la inmigración contra el presidente Biden y sus agencias ejecutivas sin ley. No descansaré hasta que Texas esté a salvo del desastre que creó”, añadió.

Los demandantes indicaron en la demanda que el Congreso había autorizado $1,375 millones para la construcción de un sistema de barreras a lo largo de la frontera suroeste y que esos fondos “solo estarán disponibles para los sistemas de barrera".

Tema que no se trata

Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno de Trump para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un reporte del (DHS)sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

Según el reporte, el número de cruces no detectados cayó casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación, durante el último año del gobierno Obama-Biden).

Datos recientes del DHS indican que la cifra de crucers indocumnentados exitosos al final del gobierno de Obama estuvo por debako de los 55,000 por año.

El mismo reporte dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas).
Es decir, la capacidad de detección y detención del tráfico indocumentado durante Obama-Biden contradice los argumentos esgrimidos por el gobierno de Trump (2017-2021) que justificaron su cuestionada política de ‘tolerancia cero’ y que ahora utilizan los republicanos para criticar la política migratoria de Biden.

El DHS también determinó que entre 2017 y 2018, los dos primeros años del gobierno de Trump, el cruce indocumentado exitoso se incrementó en 11 puntos porcentuales comparado con los registros del último año de Obama.

Los republicanos no utilizan estos datos para defender su política migratoria o atacar la de Biden.

Postura fija

A pesar de los datos, los argumentos esgrimidos por Texas y Missouri no varían. El fiscal general de Missouri, Erick Smith, dijo en su cuenta de la red social Twitter que “presentamos una demanda contra Joe Biden para REQUERIRLO que continúe la construcción del muro fronterizo suroeste. Joe Biden detuvo la construcción del muro fronterizo vital a principios de este año”.

En la demanda, ambos fiscales generales piden al tribunal:

• Que declare ilegal la terminación de los trabajos de construcción del muro;
• Emita medidas cautelares preliminares y permanentes qie impida a los demandados hacer cumplir o implementar la Proclamación del 20 de enero;
• Impedir el uso de los fondos asignados por el Congreso para el muro en otros rubros;
• Impedir la cancelación de contratos de construcción del muro;

· Otorgue a Missouri y Texas los costos de esta acción y los honorarios de abogados; y · Otorgue cualquier otra reparación adicional que la Corte considere equitativa.
Texas y Missouri también demandaron, entre otras políticas migratorias de Biden, la permanencia de la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 dreamers, y la cancelación del Programa de Protección del Migrante (MPP), que entre enero de 2019 y enero de 2021 regresó a México a unos 70,000 extranjeros a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses.