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Deportaciones

ICE le pide al Congreso fondos para aumentar un 28.3% su capacidad de detenciones en el 2019

El director interino de la agencia encargada de las deportaciones se presentó ante un comité de la Cámara de Representantes y solicitó fondos para la implementación de la dura política migratoria de Donald Trump.
22 May 2018 – 04:10 PM EDT
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El director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, pidió el martes al Congreso que incluya en el presupuesto 2019 fondos para aumentar en un 28.3% la capacidad de la agencia para encarcelar a inmigrantes indocumentados.

Durante una comparecencia ante miembros el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Homan solicitó al comité $2,800 millones “para expandir la capacidad de detención” y así pasar de las 49,520 camas diarias actuales a 52,000 para contar con el espacio apropiado.

“Estos números proporcionarían el espacio de detención adecuado para las actividades de cumplimiento y garantizarían el final de la política del ‘catch and reléase’ (captura y liberación) y “legalizar los arrestos”, dijo.

El funcionario precisó que los fondos, además, le permitirán a ICE expandir el programa denominado Alternativas a la Detención (ATD), “para mantener diariamente un total de 82,000 indocumentados”.

La estrategia

Homan explicó al comité el desarrollo que la política migratoria del presidente Donald Trump “contra todos los extranjeros” sujetos a ser de conformidad con la ley federal. Y señaló que la agencia está enfocada en detener a individuos “que representan un peligro para nuestra seguridad nacional, que son una amenaza para la seguridad pública o socavan la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

También advirtió que “todos aquellos que infrinjan las leyes de inmigración están sujetos a arresto, detención y deportación de Estados Unidos”.

Pero puntualizó que debido a “lagunas legales existentes”, muchas personas que intentan cruzar la frontera tienen "altas expectativas de permanencia de largo plazo” y citó como ejemplo la Caravana de Migrantes que recientemente cruzó México. Unos 200 miembros llegaron hasta la frontera con San Diego para pedir asilo.

Peticiones de asilo falsas

Según Homan, “muchas personas que intentan cruzar la frontera” creen que pueden obtener un permiso de entrada “presentando declaraciones falsas de asilo” y con ello “frustran nuestros procesos legales de inmigración”.

Mencionó que, en general, “el número de extranjeros ilegales encontrados en la frontera aumentó más del 200% en comparación con el mismo período del año pasado”, pero no explicó qué significa el término “encontrado” y si los individuos fueron arrestados, pidieron asilo o fueron deportados del país.

También mencionó que el número de niños extranjeros no acompañados encontrados “ aumentó más de un 800%” y el número de familias encontradas “aumentó más del 680%”, pero no especificó a partir de qué año.

Pese a los aciertos, Homan dijo al comité que “nuestra capacidad para eliminar a quienes vienen ilegalmente no puede mantener el ritmo de esta afluencia, a menos que hagamos una serie de cambios clave para cerrar las lagunas existentes en el sistema”.

Los cambios que pide

Para cumplir con los objetivos de la política migratoria de Trump, Homan pidió al Congreso prohibir las ciudades santuario para que los gobiernos y las policías locales (estatales y municipales) colaboren con el gobierno federal en el arresto de indocumentados.

La petición agrega una ley que ponga fin a la política del 'catch and release', por ahora suspendida por una orden ejecutiva firmada por Trump el 6 de abril y publicada en el Registro Federal el 13 del mes pasado.

Además de fondos para aumentar el número de camas, Homan pidió que el Congreso legisle y convierta en obligatoria la detención “de delincuentes condenados y una solución legislativa para la decisión judicial de Zadvydas versus Davis”, un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2001 que sostiene que ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

El director interino de ICE también pide cambiar y endurecer los requisitos para pedir asilo en Estados Unidos.

Deportaciones inmediatas

En la lista de requerimientos al Congreso, Homan solicitó un marco legal para “poder deportar rápidamente a los inmigrantes ilegales cuando son detenidos por agentes de inmigración”.

Insistió en que la liberación de inmigrantes que piden asilo “atrasa los procesos judiciales” porque muchos no se presentan para cumplir con sus audiencias judiciales.

“Luego (estos individuos) pasan desapercibidos, a menos que sean arrestados por otra violación criminal, lo que ocurre repetidamente con resultados a menudo trágicos”, explicó. “ Estos son crímenes prevenibles y, lo que es más importante, resultan en víctimas prevenibles de actividades delictivas que ocurren innecesariamente como resultado de la inacción del Congreso”.

Desde que Trump lanzó su campaña en 2015, ha vinculado la inmigración indocumentada con el crimen, tal y como lo hizo Homan ante el Congreso este martes. Sin embargo, el funcionario no explicó, por ejemplo, que la mayoría de las órdenes de deportación emitidas por los jueces de inmigración no se trata de crímenes graves.

Un reciente informe del Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York, revela que, de las 97,498 nuevas órdenes de expulsión emitidas hasta el 31 de marzo corresponden a:


  • 1,179 (1.8%) por cargos relacionados con terrorismo
  • 3,875 (4%) por cargos relacionados con seguridad nacional
  • 6,717 (6.9%) por cardos relacionados con delitos graves (felonías)
  • 41,102 (42.2%) por cargos relacionados con entrada ilegal al país
  • 44,008 (45.1%) por otros cargos relacionados con inmigración.

Según Homan, en 2017 “más de 2,300 extranjeros fueron liberados debido a decisiones judiciales, incluidos más de 1,700 extranjeros criminales condenados”.
En el futuro, dijo, “nos gustaría trabajar con el Congreso para abordar este grave problema de seguridad pública”.

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