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Reforma Migratoria

Trump ha eliminado el permiso de estadía a más de 1 millón de extranjeros desde que llegó a la Casa Blanca

En los 15 meses de Donald Trump en la Casa Blanca, su gobierno ha retirado protecciones legales a más de 1 millón de inmigrantes indocumentados y amenaza con seguir avanzando su dura política migratoria sin el consentimiento del Congreso.
7 May 2018 – 02:03 PM EDT
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En los primeros 15 meses que Donald Trump lleva en la Casa Blanca su gobierno ha retirado más de 1 millón de permisos temporales de estadía de extranjeros y todo indica que la cifra seguirá aumentando en los meses siguientes.

Su más reciente decisión afectó a decenas de miles de inmigrantes de Honduras, cuando el viernes pasado la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara de la deportación a unos 56,000 inmigrantes indocumentados de ese país centroamericano.

La protección inicial favoreció a poco más de 86,000 indocumentados.

El TPS de Honduras fue concedido en enero de 1999 por el entonces presidente Bill Clinton en respuesta a los estragos causados por el paso del huracán Mitch.

Otros 6,000 indocumentados nicaragüenses recibieron la misma protección, de los cuales restan unos 2,500. El amparo a este país, sin embargo, fue cancelado el pasado 6 de noviembre y los beneficiarios recibieron un último plazo de permanencia hasta el 5 de enero de 2019.

Quiénes son los extranjeros que perdieron su permiso de estadía
Entre los beneficiarios de DACA y del TPS a quienes el gobierno de Trump ha dejado sin amparo, suman poco más de un millón de extranjeros.
País o beneficioBeneficiarios que perdieron su amparo
El Salvador195,000
Haití56,000
Honduras56,000
Nepal9,000
Nicaragua2,500
Somalia
Sudán del Sur
Sudán
Siria
Yemen
Beneficiarios de DACA689,800
Total1,008,300
FUENTE: USCIS | UNIVISION

Otras cancelaciones

A la eliminación del TPS de Honduras se suman las cancelaciones del TPS de El Salvador, que protege de la expulsión a unos 195,000 indocumentados (más de 262,500 la primera vez que fue concedido); Haití (con 56,000 indocumentados (58,600 originales) y Nepal con 9,000 protegidos (14,000 originales).

Quedan pendientes los TPS de Somalia (500 beneficiarios); Sudán del Sur (75); Sudán (1,050),; Siria (6,900) y Yemen (1,100).


La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que en total había 10 TPS activos al 20 de enero de 2017 que amparaban de la deportación a 436,900 inmigrantes indocumentados.

El programa, además, concede una autorización de empleo (EAD) válida por el tiempo de vigencia de la protección.

Algunos TPS, como el caso de Honduras y Nicaragua, han permanecido vigentes desde hace casi dos décadas. Se estima que en total han nacido unos 300,000 niños estadounidenses hijos de inmigrantes amparados bajo este programa.

Acción Diferida (DACA)

Otro beneficio migratorio cancelado por el gobierno de Trump ( el 5 de septiembre de 2017) es la Acción Diferida de 2012 (DACA), que ampara de la deportación a cerca de 700,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir 16 y se les conoce como dreamers.

El programa, sin embargo, fue restablecido por orden de tres jueces federales cuyos fallos fueron emitidos el 9 de enero, el 13 de febrero y el 24 de abri l.

DACA permanece vivo excepto, por ahora, para aquellos dreamers que nunca se habían acogido al programa. Un tribunal del Distrito de Columbia falló que si en un plazo de 90 días el DHS no entrega argumentos legales que justifiquen su cancelación, exigirá entonces que el DHS si acepte nuevas peticiones de amparo de soñadores que antes no lo habían hecho.

La semana pasada un grupo de siete estados encabezados por Texas demandó al gobierno de Trump para que cancele inmediatamente el programa. Argumentan que DACA es ilegal porque el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración sin la consulta del Congreso, algo que viola la Constitución de Estados Unidos.

La reforma migratoria de Trump

La cancelación de programas que amparan de la deportación a más de 1 millón de inmigrantes indocumentados forma parte de una dura política migratoria que Trump anunció desde mucho antes de ganar la elección de noviembre del 2016.

Ya desde el comienzo de la carrera por la Casa Blanca puso a los indocumentados en la mira. Prometió a sus seguidores que deportaría a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses y que construiría un muro a todo lo largo de la frontera con México, y que lo pagaría el vecino del sur.

Su objetivo no ha cambiado. En algún momento, durante los debates en el Congreso sobre el futuro de DACA a finales de enero, pareció ceder terreno ofreciendo la ciudadanía a 1.8 millones de dreamers a cambio de $25,000 millones para desarrollar su agresiva política migratoria.

Analistas y adversarios políticos aseguran que la estrategia sigue siendo la misma respecto a los inmigrantes que hace dos años. Pero ahora ven algunas diferencias.

“A veces responde a una estrategia y/o a veces a su comportamiento. Pero en general es la conducta (o el comportamiento) lo que rige la estrategia. O dicho de otra manera, es el candidato o el líder quien escoge la estrategia, y esta no necesariamente responde mejor a su comportamiento”, dice Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington.

A la pregunta si la política migratoria de Trump responde a una estrategia para ganar la elección 2020, Izurieta dijo que “la gente ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. O sea, es fácil dar un mensaje que refuerce lo que la gente ya piensa o siente”.

Medidas adicionales

Además de las cancelaciones de TPS y DACA, Trump y el departamento de Justicia han dificultado una serie de vías legales para que ciertos indocumentados frenen sus deportaciones y puedan quedarse legalmente en Estados Unidos.

El 29 de marzo, por ejemplo, el fiscal general Jeff Sessions anunció que buscaba revertir fallos de jueces de inmigración que han frenado unas 200,000 deportaciones en los últimos cinco años.

“El cierre administrativo es una herramienta que tenemos los jueces para decidir respecto cuáles casos están listos o cuáles otros tienen otros caminos o pasos antes de estar listos para una decisión final de la corte”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

Pero para Sessions, la herramienta mencionada por Marks “básicamente (permitió que los jueces) legalizaron a la persona que acudía a los tribunales porque se encontraban ilegalmente en el país".

“Es una estrategia equivocada”, comentó Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Él cree que si reabre aquellos casos en donde un juez dictaminó la cancelación de la deportación, van a ser procesados más rápidos. Así no funciona el sistema”.

De más a menos

A pesar de los fracasos registrados hasta ahora en el Congreso para conseguir fondos que le permitan a Trump construir el muro en la frontera tal y como lo prometió a sus votantes, y armar una fuerza nacional de deportaciones capaz de arrestar y deportar a millones de indocumentados, la Casa Blanca no se rinde, pero parda en mostrar proyectos.

El 6 de abril Helen Aguirre Ferré, directora de comunicaciones de medios hispanos de la Casa Blanca, dijo a Univision Noticias que el gobierno estaba elaborando “un plan (migratorio) más reducido” que el “generoso plan del presidente (que) fue rechazado” por el Congreso en el debate sobre el presupuesto entre enero y marzo.

El plan mencionado por Aguirre consistía en un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers a cambio de $25,000 millones para la seguridad fronteriza, que incluía el muro, redadas masivas y deportaciones aceleradas.

Otro frente abierto por Trump para golpear a la población inmigrante es cerrar el paso en la frontera a los extranjeros que llegan en busca de asilo.

En respuesta a las órdenes de Trumpo, Sessions envió recientemente fiscales, agentes de asilo y jueces a la frontera para procesar en el menor tiempo posible las solicitudes de asilo de migrantes provenientes del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que huyen de la violencia y la pobreza en sus países.

Abogados consultados por Univision temen que la prisa exigida por el Gobierno de Trump para llevar a cabo los procesos de asilo en la frontera dañe los procesos.

“Existen muchos estatutos y regulaciones, incluyendo los derechos procesales garantizados bajo la 5ta Enmienda de la Constitución, que otorgan a los no ciudadanos estadounidenses que huyen de la violencia en el extranjero el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos”, dice la abogada de inmigración, Rebeca Sánchez-Roig, quien ejerce en Miami, Florida y ejerció más de 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

"Queda muy claro que quitar los beneficios de DACA y de TPS es parte principal de la agenda migratoria de Trump, de destruir las protecciones existentes para los inmigrantes aqui en Estados Unidos", dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. "Su agenda, desde del principio, ha sido cambiar el sistema en un esfuerzo por reestablecer a los blancos como la mayoria en Estados Unidos".

A la pregunta de por quñe el Congreso ha sido incapaz de contener a Trump en materria migratoria, Adams dijo que "no es incapaz, sino que la mayoria del legislativo apoya su agenda y el racismo en los que se basa esta agenda antiinmigrante.

Fuentes demòcratas y republicanas consultadas por Univision Noticias no comentaron sobre el tema y recomendaron hacer las preguntas a la Casa Blanca, que tampoco respondió.

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