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Deportaciones

Activistas aseguran que las deportaciones carcomen la confianza de la comunidad inmigrante

El gobierno de Obama insiste en que ICE está dando prioridad al arresto de migrantes que entraron después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y tienen orden de deportación.
23 May 2016 – 2:34 PM EDT

La familia de Ana Lissette Mejía Gutiérrez no ha dormido tranquila desde los primeros días de enero, cuando la migrante hondureña y su hijo, de entonces 9 años de edad, fueron detenidos en una redada de inmigración.

“Vivimos semanas de pesadillas”, cuenta a Univision Noticias Johana Gutiérrez, tía de Lissette. “Se los llevaron de aquí de Atlanta primero a una cárcel de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) aquí en Georgia, después a Carolina del Norte, luego a Texas y más tarde a Filadelfia. Dos meses estuvieron presos hasta que los liberaron para que pudieran seguir peleando el caso. Es una situación terrible y no sabemos en qué va a resultar”.

Lissette Gutiérrez y su hijo formaron parte del grupo de 121 migrantes centroamericanos arrestados durante la ola de redadas de enero en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) dijo en diciembre que ICE estaba cumpliendo con el memorando del 20 de noviembre de 2014 que fijó las prioridades de deportación. La lista incluye a migrantes que entraron después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden de deportación.

“Mi sobrina había apelado la decisión cuando se la llevaron. Por eso la soltaron para seguir luchando. Pero con las nuevas noticias de redadas tenemos los mismos miedos que en enero”, dijo Johana.


La última amenaza

El nuevas noticias se publicaron hace dos semanas cuando la agencia Reuter reportó que ICE alistaba una nueva andanada de detenciones y el DHS confirmó que ICE llevaría a cabo “operaciones” durante un período de 30 días.

“No sabemos si a ella se la llevarán de nuevo y esta vez la deporten. No sabemos nada porque el gobierno no dice nada. Ella y su hijo huyeron de Honduras en el 2014 porque le mataron a su pareja y a un hermano. En la frontera pidieron asilo pero hasta ahora no han conseguido la protección que buscan”, dijo Johana.

El caso de Lissette es uno de los más de 130,000 mil registrados hasta ahora por las autoridades federales y puestos en proceso de deportación (68,541 niños solos detenidos en el 2014, 39,970 en 2015 y 27,754 en el primer semestre de 2016) y que un juez decida sus futuros en Estados Unidos.

“Estoy en contra de esta política de arrestarlos y deportarlos”, dice a Univision Noticias Bárbara Hines,
Senior Fellow de Emerson Collective, en Texas. “Las mujeres, sus hijos y los niños no acompañados no deben ser una prioridad de deportación para el DHS. Se trata de personas que huyen y buscan refugio de la violencia tan marcada y extensa de Centroamérica”.

Hines agrega que “la mayoría de esta población migrante no puede acceder a servicios legales accesibles pro-bono, y otros, muchos, han sido representados por abogados incompetentes” que los han llevado a perder sus casos de asilo y ser puestos en proceso de deportación.


Informe lapidario

Un reciente informe del grupo Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reveló que entre octubre de 2015 y abril de 2016 las cortes de inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) han presentado 44,204 órdenes de deportación a inmigrantes, y una de cada cinco fue expedida en Texas, donde se ha ordenado a 10,102 inmigrantes indocumentados que abandonen el país.

Agrega que Texas, California y Georgia son los tres estados donde se ha expedido el mayor número de órdenes de deportación en lo que va de año fiscal 2016.

En enero el TRAC reportó que en promedio el 86% de los niños y mujeres migrantes que se presentaron a las cortes de inmigración lo hicieron sin la representación de un abogado.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés), dijo que más del 93% de los casos donde no hay una representación legal adecuada, los jueces emiten una orden de deportación.


La crisis no termina

“En vez de gastar miles de dólares en cárceles para
familias centroamericanas y más dinero para redadas y deportaciones, el gobierno (de Obama) podría dirigir esos recursos a abogados para esta población refugiada”, dijo Hines. “La solución es dedicar recursos y políticas coherentes para resolver la crisis en Centroamérica (la violencia, las maras y la falta de protección institucional”.

La abogada e investigadora dijo además que “la crisis es allá, no acá. Las personas siguen viniendo por la inseguridad que viven en sus países de origen” (Guatemala, El Salvador y Honduras) y que las deportaciones “no van a parar la ola de migrantes pero si sirven para generar mas medio en la comunidad migrante en los Estados Unidos”.

“Todas las mujeres que atiendo (en el centro de detención de ICE) en Karnes City (ubicado en San Antonio, Texas) están tan asustadas, han vivido tanta violencia e inseguridad en sus países, que sus temores no se detendrán hasta que hayan soluciones en Centroamérica. Ellos van a seguir buscando un lugar seguro para sus hijos” aquí en Estados Unidos, lejos de la violencia, apuntó.


En estado de alerta

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han vuelto a encender las alertas por el aumento de las deportaciones. “Estamos muy decepcionados con los reportes en torno al incremento de redadas en contra de familias centroamericanas, en especial de aquellos refugiados que llegan a Estados Unidos escapando de la violencia en sus países de origen”, dijo a Univision Noticias Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota.

El activista añadió que ”estas familias, mujeres y niños deben ser protegidos y no perseguidos y enviados a una muerte segura”.

Investigadores y grupos de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch (HRW), han advertido que los migrantes que pierden sus casos de asilo y son deportados, corren un alto riesgo de ser asesinados en sus países de origen por las personas o grupos que provocaron que huyeran a Estados Unidos en busca de protección.

“La solución a este problema es muy compleja porque no solo es grande, es el resultado de años de violencia, falta de oportunidades y corrupción en los países de donde se origina la migración”, dijo Monterroso. “Y también la falta de atención a la región centroamericana y la falta de una reforma migratoria”.

“En lo inmediato, deberíamos asegurarnos de que aquellos que están buscando refugio para evitar que los maten, no sean deportados”, subrayó.

A pesar de las exigencias, los miedos no ceden. “La situación de ahora es la misma que vivimos en enero”, dice Johana. “Ya no hay confianza en este gobierno. Vivimos con los nervios de punta por no saber qué sucederá mañana, nadie sabe. Mi sobrina está como detenida desde hace dos años con un brazalete puesto en el tobillo. Cada noche decimos: Dios mío ayúdanos. Ojalá le den el asilo para así quitarle el peso de la orden de deportación y la dejen, porque si vuelve la pueden matar”.


Política “desalmada”

“Estamos en total desacuerdo con esta política cruel y desalmada del gobierno con los migrantes centroamericanos”, dice a Univision Noticias Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Necesitan nuestra protección no la deportación”.

El activista agregó que “estamos presionando a la Administración de Obama, al jefe de la seguridad nacional Jeh Johnson y a Sarah Saldaña, la directora de ICE, para que cesen las deportaciones inmediatamente”.

Cabrera indicó que “las deportaciones causan pavor y dolor en la comunidad inmigrante, y aunque es verdad que mandan un mensaje fuerte a los centroamericanos para que no sigan viniendo, no es moral poner más en riesgo las vidas de estos refugiados que están aquí y pidieron asilo”.

“Los juegos políticos migratorios de ésta Administración son macabros y reprochables”, apuntó.

Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, dijo que lamentablemente “las deportaciones de personas con orden final de deportación seguirán”, y recordó que “en la primera redada (de enero) arrestaron un número limitado de personas, y de ellas fueron pocas las que fueron salvadas por abogados”, dijo el caso de Lissette Mejía Gutiérrez y su pequeño hijo ahora de 10 años de edad.

Explicó que “las causas de una moción para retirar la deportación requieren una excusa extraordinaria como estar en el hospital”, y que son pocos los migrantes que pueden ganar sus casos y quedarse en Estados Unidos.

Velásquez también dijo que “las personas que son representadas tienen mayor posibilidades de ganar sus casos” pero el reto es “cómo conseguir más abogados con conciencia altruista para representar a estos refugiados gratuitamente. Esa sería parte de la solución” al problema de los miles de migrantes que han entrado desde 2014 buscando asilo político en Estados Unidos.

La oleada no termina

La patrulla fronteriza estadounidense arrestó en marzo a 4,240 niños migrantes indocumentados en la frontera con México, 1,141 detenciones más que las registradas en febrero, un incremento del 28%. En lo que va del año fiscal (1 de octubre de 2015 al 30 de marzo de 2016), el número de detenciones se elevó a 27,754 frente a los 15,616 ejecutados el año pasado en el mismo período (un incremento del 56.2%).

Durante el primer semestre de 2014, cuando estalló la crisis, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por su sigla en inglés) detuvo a 28,579, un 2.9% más que en el 2016.

“Lo más probable es que las personas que son fugitivas –quienes ya recibieron una orden de deportación y se quedaron- sigan escondiéndose para que no los deporten”, dijo Velásquez. Pero advirtió que aunque ha disminuido el número de detenciones en la frontera “la situación de violencia en los países de origen sigue, por lo cual seguirán llegando, y las cortes de inmigración están por reventar. No me sorprendería que los jueces cierren estos casos administrativamente como último recurso. La solución es muy compleja”.

Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice en Washington DC, reiteró que las personas afectadas por esta directriz “deben considerarse refugiados; deben tener la oportunidad de plantear o replantear sus peticiones de asilo contando con la debida representación legal”, y que “Obama no debe persuadir a otros para que no vengan a Estados Unidos enviando se regreso a mujeres y a menores de edad a países violentos” después que pidieron asilo.

“Hay una crisis de refugiados en Centroamérica, y para lidiar con ella es necesario catalogarla precisamente como una crisis de refugiados. Los niños centroamericanos y familias jóvenes están huyendo de una violencia terrible. El Salvador, Honduras y Guatemala están entre los países más sangrientos del mundo. Increíblemente, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos está utilizando la disuación, la detención y la deportación como sus principales herramientas”, agregó.

Sharry pronosticó que la estrategia de Obama está condenada al “fracaso” porque el gobierno “no entiende las razones por las que la gente huye”.

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