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Los padres de Yuliana, la niña asesinada por un rico arquitecto en Colombia, dudan si aceptarán la indemnización por la muerte de su hija

La familia de Yuliana Samboní, la niña indígena de siete años violada y asesinada en diciembre pasado en Colombia, aún no ha decidido si pedirá la indemnización millonaria a la que tendría derecho para reparar su sufrimiento. Para algunos en su comunidad, recibir ese dinero sería como que hubieran vendido a su hija.
27 Abr 2017 – 5:56 PM EDT

En fotos: El repudio de Colombia al asesinato y la violación de la niña Yuliana Andrea Samboní

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Bogotá, COLOMBIA. - El dinero no paga la muerte de una hija. Por eso, la familia de Yuliana Samboní, la niña indígena de siete años violada y asesinada hace unos meses en Colombia, está pensando si pedirá la indemnización millonaria a la que tendría derecho para reparar su sufrimiento.

En su comunidad suelen decir que lo que se repara son las radios viejas. El dolor va mucho más allá.


“Es una cuestión de dignidad, ellos no tenían a su hija a la venta, no pueden entregarles una recompensa monetaria en lugar de su vida”, dice María Ovidia Palechor, una mujer de la etnia yanacona, la misma de la familia Samboní, que coordina programas de Derechos Humanos en el departamento del Cauca, donde vive principalmente esa etnia.

Lo que podrían aceptar, por ejemplo, es una jurisdicción más severa con los agresores de menores o una política pública de protección a la infancia en un país donde se registraron 4,000 denuncias por abusos sexuales a menores desde enero y los escándalos no cesan.

“Los indígenas intentan que en lugar de compensación se restablezca el equilibrio y la armonía frente a lo que se ha quebrantado... en este caso, como el daño es tan grave, se pueden evaluar medidas que garanticen la no repetición”, explica Diana Carrillo, constitucionalista de la Universidad Nacional de Colombia experta en justicia indígena.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse sobre la condena de más de 51 años de cárcel para Rafael Uribe Noguera, autor confeso de los hechos, tras la apelación de esta primera sentencia que la familia considera insuficiente.

“La idea es que en efecto la pena quede en 60 años (el máximo en Colombia) y una vez esté en firme la sentencia, la familia tendrá que decidir si pide la reparación”, apunta Viviana Benavides, la abogada de los Samboní.

"El agresor es tan rico que no le importaría hacer el pago"

Pero esta familia campesina, no piensa ahora en el dinero. “El agresor es tan rico que no le importaría hacer ese pago”, asegura Palechor. Además de ser desplazados por la violencia, los Samboní pertenecen a una comunidad declarada uno de los 34 pueblos indígenas en peligro de extinción. Cada miembro de ese grupo cuenta.


“Es un delito gravísimo dentro de la comunidad porque atenta no solo contra la vida de una persona sino contra un pueblo... y, además, la reparación monetaria no resarce los daños espirituales”, apunta la asesora jurídica de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Milena Mazabuel Akubadura.

Solo en el marco del conflicto armado, hay más de ocho millones y medio de víctimas en Colombia, alrededor del 2% indígenas, pero los damnificados por crímenes comunes también pueden pedir una indemnización por los daños y perjuicios. Los nativos rechazan a menudo una compensación por la vía administrativa.

“Es una decisión propia de los pueblos y muchos se han negado a recibir compensación monetaria”, agrega Carrillo, quien recuerda que hace unos años, la comunidad u'wa bregó judicialmente con el Estado para evitar prospecciones petroleras en sus tierras.

“Ellos lo que pedían era que se respetara el territorio porque entienden el petróleo como la sangre de la madre (tierra) y no aceptaron la retribución que se les ofrecía”, explica.

Evaluar el tamaño del dolor en casos como el de Yuliana Samboní, que conmocionó al país por su brutalidad y por las sospechas de irregularidades en su investigación, es prácticamente imposible.


“Que se haga justicia porque justicia a medias no sirve”, decía Juvencio Samboní al conocer la condena: “Estoy muy decepcionado. No sé qué más quiere la justicia para con los niños... yo estaría de acuerdo con que hubiera la pena de muerte”.

Manifestantes a las puertas del juzgado pedían ese día cadena perpetua para Uribe Noguera. “En Colombia hay un populismo punitivo muy fuerte y la impunidad se confronta con peticiones de mayores penas o castigos que no son posibles en el país como la pena de muerte”, concluye Carrillo, “pero no nos han dado ninguna evidencia de que sea efectiva”.

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