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Inmigrantes frente a la Corte Suoprema de Justicia

Día crucial para la Acción Ejecutiva

Día crucial para la Acción Ejecutiva

La Corte Suprema de Justicia de EEUU decidirá en las próximas horas el futuro de DACA y DAPA

Inmigrantes frente a la Corte Suoprema de Justicia
Inmigrantes frente a la Corte Suoprema de Justicia

@cancino_jorge

La Corte Suprema de Justicia decidirá este viernes si revisa la constitucionalidad de la Acción Ejecutiva, un beneficio que ampara de la deportación a por lo menos 5 millones de inmigrantes indocumentados.

De hacerlo, “abriría la puerta a la posibilidad de que se emita un eventual fallo favorable posiblemente en verano, y obviamente estamos esperanzados en que eso ocurrirá”, dijo a Univision Noticias Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice.

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El beneficio migratorio fue anunciado por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. La medida frena temporalmente las deportaciones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales (DAPA, por su sigla en inglés) y dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

"Ciertamente será crucial que el máximo tribunal de la nación acceda a escuchar la apelación del gobierno federal al bloqueo emitido por el Quinto Circuito a la Acción Ejecutiva girada por el presidente”, indicó Sharry.

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La demanda

El 3 de diciembre de 2014, dos semanas después de que Obama anunció el amparo, 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandaron la medida bajo el argumento que el presidente se había extralimitado en su poder ejecutivo y que el beneficio viola la Constitución.

El 16 de febrero una corte de distrito en Texas frenó la entrada en vigor de la Acción Ejecutiva, prevista para el día 18 de ese mes. En marzo el tribunal ratificó la decisión.

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Viendo que los recursos de emergencia interpuestos para quitar las trabas no prosperaban, el Departamento de Justicia acudió a la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, instancia que en noviembre desestimó los argumentos del gobierno y ratificó el dictamen de la corte de Texas.

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La apelación

El 20 de noviembre del año pasado, un año después de anunciada la Acción Ejecutiva, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revisara la demanda de los 26 estados.

Las organizaciones y la Casa Blanca esperan que el máximo tribunal de justicia revise la medida y acceda a escuchar a las partes. “Abre la puerta para que millones de personas sean amparadas de la deportación. Ese sería el cuadro óptimo”, apuntó Sharry.

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También hay temor. Aunque no todos hablan de la posibilidad de un fracaso, las dudas flotan en el ambiente. “En caso de que el Tribunal Supremo no escuche el caso, o que de hacerlo el fallo sea desfavorable, nos mantendremos en pie de lucha impulsando la solución permanente, que es la reforma migratoria por la vía legislativa”, dice Sharry.

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El Plan B

Si bien las esperanzas de debatirla en estos momentos en la Cámara de Representantes son nulas, luego del bloqueo republicano impuesto por el liderazgo republicano en junio de 2013 -cuando el Senado aprobó el proyecto S. 744 que incluyó la ciudadanía para millones de indocumentados-, las organizaciones se esfuerzan para que unos 18 millones de nuevos votantes latinos (10 millones de ciudadanos que no se han registrado para votar y 8.8 millones de residentes que pueden convertirse en ciudadanos) participen en los comicios presidenciales de noviembre.

“Podremos elegir a un presidente y un Congreso que apoyen la reforma migratoria”, dijo Sharry. “Estamos en un año electoral, es el momento de elegir nuevos líderes y debemos asegurarnos de que sean aquellos que velen por los intereses de los inmigrantes, no sólo con promesas, sino con acciones concretas”, apuntó.

Las organizaciones llevan a cabo una campaña nacional de registro de nuevos votantes que incluye asistencia para gestionar la ciudadanía estadounidense.

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Punto a favor

Para el abogado José Pertierra “el hecho de que el apelante sea la Casa Blanca tiene mucho peso”, porque la Corte Suprema por lo general “acepta los casos en los cuales el presidente ha demostrado interés”.

“También creo que el caso de DAPA representa un conflicto serio entre los parámetros del poder federal sobre las leyes de inmigración versus el supuesto poder estatal”, agregó. “Si el Tribunal Supremo no resuelve ese conflicto a favor del Presidente, tendríamos una situación caótica en la que cada estado podría legislar su propia ley de inmigración. Eso sería incongruente. Por esas razones estoy optimista y anticipo de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia aceptará considerar los méritos del programa que frena las deportaciones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales”.

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Los republicanos esperan a que la Corte Suprema emita una opinión para comentar el tema.

Cuestión de competencia

La discusión en torno a las medidas migratorias de Obama también se centra en la legalidad o no de la medida, como argumentan los republicanos. “Lo son”, dijo a Univision Noticias Kica Matos, del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por su sigla en inglés). “Las órdenes ejecutivas del Presidente (DAPA y DACA), son legales. La Constitución otorga competencia exclusiva sobre las leyes de inmigración al gobierno federal, y los tribunales federales también han reconocido que el Presidente tiene la autoridad para conceder Acción Diferida”.

Matos dijo que los activistas y las organizaciones “seguiremos luchando para avanzar los derechos de los inmigrantes. Eso significa que, en caso de una respuesta adversa, buscaremos otras maneras de avanzar una agenda pro inmigración tanto a nivel estatal como federal. Y también le vamos a prestar mucha atención a las elecciones”.

“Pero si el Tribunal Supremo decide no tomar el caso, enviará un terrible mensaje a la comunidad latina e inmigrante, de que ellos no se preocupan por la justicia o los derechos de los indocumentados. En realidad, lo único que estamos pidiendo a la Corte es que corrija un error legal cometido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito”, apuntó la activista.

Alivio temporal

“En cuanto al presidente Obama, vamos a exigirle que encuentre otras maneras de mover la agenda de inmigración hacia delante este año. Empezando con las deportaciones que su gobierno está llevando a cabo dirigidas a inmigrantes vulnerables escapando de la violencia en Centro América. Esas deportaciones deben cesar de inmediato”, precisó.

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Sobre el tema, Pertierra dijo que una solución factible es que el gobierno conceda a los migrantes un Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) “para los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños recién llegados, como una forma de resolver el problema de las madres y niños de esos países con órdenes de deportación”.

Sí se puede

En Los Angeles, California, las preocupaciones van en aumento. “Estamos en un momento critico para nuestra comunidad”, dijo a Univision Eliseo Medina, ex vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU, por su sigla en inglés) y activista del movimiento Mi Familia Vota. “Por un lado está el anuncio que hará la Corte Suprema y por otro la elección del nuevo presidente en noviembre”.

“Si rechaza el pedido de revisión, esto mataría definitivamente la posibilidad de un amparo Presidencial de deportación para millones de jóvenes y padres indocumentados de ciudadanos y residentes. Y si sale electo un candidato antiinmigrante, eso descartaría no solo la posibilidad de Acción Ejecutiva, sino también legislativa”, previno.

“Ante estas posibilidades, la gran pregunta es cómo responderá la comunidad latina y sus aliados. ¿Nos dejaremos vencer por el temor y desaliento? ¿O nos vamos a poner las pilas y salir a defendernos protestando y, más importante, votando masivamente en noviembre?”, preguntó.

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El mismo Medina se respondió: “Con nuestra voz y nuestros votos nosotros controlamos nuestro propio destino. Si no nos defendemos, nuestro destino lo controlarán políticos antiinmigrantes. Por tanto, nuestro futuro depende de nuestra respuesta. Vamos a hacer todo lo posible para que en noviembre haya un tsunami de votos Latinos que hagan temblar los cimientos políticos de este país. Este es nuestro reto y nuestra oportunidad. Sí se puede”.

Con el alma en un hilo

En similares términos se refirió Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Político USA de Los Angeles, California. “Esperamos que la Corte Suprema acepte calendarizar la revisión de la Acción Ejecutiva”, dijo a Univision Noticias. “Solo de esta forma mantendríamos viva la posibilidad de que este año al fin se implemente”.

“Ahora, si resuelve no revisarla, definitivamente estaría condenando a millones de seres humanos a continuar sobreviviendo y trabajando de forma irregular. Además, mataría las esperanzas de estos millones de disfrutar del tan prometido alivio migratorio y de paso estaría condenando a los republicanos a ser culpados por el fracaso de la Acción Ejecutiva. Todo esto conllevaría graves consecuencias electorales este año y en años futuros para dicho partido”, dijo.

En Seattle, Washington, la organización Latino Advocacy espera que los jueces de la Corte Suprema “hagan lo correcto y terminen de una vez por todas con estos juegos políticos que han retrasado la implementación de la expansión de DACA y creación de DAPA”.

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“Si decidieran no revisarla, nosotros seguiremos trabajando para que la administración de Obama resuelva las detenciones y deportaciones haciendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) cumpla con usar discreción fiscal en los casos que manejan y que se hagan responsables por el terror que han impartido en nuestra comunidad así como la manera ilegal en la que han actuado en perseguir a la población entrando en casas sin autorización”, dijo a Univision Noticias Maru Mora, portavoz del grupo.

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