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Activistas pro-indocumentados en Washington

Texas pide a la Corte Suprema no revisar decisión de otro tribunal sobre acción ejecutiva de inmigración

Texas pide a la Corte Suprema no revisar decisión de otro tribunal sobre acción ejecutiva de inmigración

El destino de la acción ejecutiva DAPA y con él la suerte de millones de indocumentados dependen ahora de un rutinario procedimiento en la Corte Suprema.

Activistas pro-indocumentados en Washington
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Texas pidió este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos no revisar la decisión de una corte de apelaciones que bloquea el plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados de los 11.3 millones que viven en el país.

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Este paso estaba previsto, dado que este martes vencía el plazo solicitado por Texas para responder a la apelación que el 20 de noviembre hizo el Departamento de Justicia ante la Corte Suprema de Justicia para que el tribunal levante una prohibición que tiene detenida la Acción Ejecutiva.

El documento de 42 páginas presentado por el secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, precisó que el plan del mandatario de proteger de la deportación a este grupo de inmigrantes indocumentados soslaya las leyes federales y la autoridad constitucional, precisó The Associated Press.

Este argumento ya había sido esgrimido anteriormente por Texas.

Una coalición de 26 estados, encabezados por Texas, también afirmó que el Gobierno de Obama no les dio notificación ni oportunidad de hacer comentarios, como se requería para un cambio de esa magnitud en la política migratoria, agregó la agencia.

Ese grupo de estados también consideró que la "presencia legal" concedida a inmigrantes por el programa tiene repercusiones financieras significativas para ellos, incluyendo un mayor gasto en "servicios de salud, seguridad pública y educación".

"El presidente por sí mismo no tiene la autoridad para conceder a millones de inmigrantes ilegales una gran cantidad de prestaciones, como Seguro Social y Medicare, lo cual debe estar reservado a ciudadanos legítimos", dijo Paxton en el documento según fue citado por AP.

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Lea también: El fallo de la Corte de Apelaciones

El próximo paso

El destino del beneficio, que ampara a padres de ciudadanos y residentes permanentes ( DAPA, por su sigla en inglés) y dreamers protegidos por la Acción Diferida del 2012 ( DACA, por su sigla en inglés) depende a partir de ahora de un rutinario procedimiento que puede decidirse en cualquier momento en el máximo tribunal de justicia.

A mediados de enero la Corte Suprema resolverá si incluye el tema en el calendario 2016. De ser asi, habría un fallo en la primavera o verano próximas, dijo a Univision Noticias el abogado Ezequiel Hernández.

La Acción Ejecutiva fue frenada el 16 de febrero, dos días antes de su entrada en vigor. El juez Andrew S. Hanen la detuvo porque el gobierno comenzó a aplicar el reglamento del beneficio antes de tiempo y sin haber publicado previamente el reglamento en el Registro Federal para recibir comentario público.

Además de parar temporalmente las deportaciones, la Acción Ejecutiva concede un permiso de trabajo renovable cada tres años.

Lea también: El recurso presentado ante la Corte de Justicia (en inglés)

De revisar el caso, las audiencias finalizan en abril y los fallos son emitidos entre mayo y junio.

Si la resolución de la disputa se retrasa hasta el siguiente período de sesiones, que comienza en octubre de 2016, es casi seguro que la Corte sentenciará después del 8 de noviembre de 2016, cuando los estadounidenses están llamados a elegir a un nuevo presidente.

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Según Hernández, la estrategia de los estados opuestos a la norma de Obama es "dilatar el procedimiento porque tienen poca fe en que la Corte Suprema falle a su favor". De ese modo, un próximo presidente republicano podría derogar la norma, aun cuando los magistrados le hubieran dado luz verde.

Los magistrados deben deliberar en enero sobre la fecha en que celebrarán audiencia con las dos partes litigantes. Esa reunión para fijar fecha tendría lugar en uno de los tres viernes de enero reservados para ello en el calendario del Supremo (el 8, 15 o 22).

La audiencia se celebraría en marzo o abril y el fallo del caso, y con ello la respuesta ansiada por los indocumentados, llegaría en mayo o junio. 

Lea también: Un año después de la acción ejecutiva los indocumentados siguen sumidos en el miedo

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