Corte Suprema de Estados Unidos mantiene en vilo a 5 millones de inmigrantes indocumentados

La espera por la decisión final sobre la Acción Ejecutiva migratoria de Obama se prolonga hasta el 20 de junio. Si ese día tampoco hay dictamen, el anuncio se haría el lunes 27. Cinco millones de indocumentados cruzan los dedos.
13 Jun 2016 – 7:03 AM EDT

La Corte Suprema de Justicia cerró este lunes la "tercera ventana" sin dar a conocer el esperado fallo de la Acción Ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, que incluye los polémicos programas DACA y DAPA.

América León-Saavedra (19) y sus dos hermanos de 10 y 12 años de edad velan desde comienzos de junio el inminente fallo que decidirá el futuro inmediato de un programa que frena 5 millones de deportaciones. “Tenemos muchas esperanzas de que esto pueda pasar”, dijo a Univision Noticias. “Así terminarán casi 20 años de miedos, de que puedan deportar a nuestra madre. Y nos daría la seguridad que nunca hemos tenido”.

Los hermanos León-Saavedra son tres de los casi 6.1 millones ciudadanos estadounidenses que se beneficiarán de la Acción Ejecutiva si el máximo tribunal de justicia libera dos programas clave, DACA y DAPA, frenados el 16 de febrero por una corte de Distrito de Brownsville, Texas.

“Nos quitaría el miedo de cada día, que a mi mamá la arresten durante una redada y la envíen a la cárcel. Y que después la deporten a México y nosotros nos quedemos abandonados”, dice América.

La familia León-Saavedra reside en Tennessee, estado donde unos 47,000 padres de ciudadanos podrán pedir la protección a través de DAPA, más otros 7,000 padres de residentes legales permanentes según datos del Center for American Progress (CAP, por su sigla en inglés).

La Acción Ejecutiva

El 20 de noviembre de 2014 el presidente Barack Obama anunció la Acción Ejecutiva en respuesta a la inacción del Congreso con el tema de la reforma migratoria. La medida incluye dos programas clave:

  1. DAPA: Protege de la deportación a padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes; y,
  2. DACA: Extiende los beneficios de la Acción Diferida de 2012 para acoger a una mayor cantidad de jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.

Para calificar, en caso que los programas sean liberados, ambos grupos deberán demostrar que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos. En total DACA y DAPA benefician a unos 5 millones de indocumentados (cerca de 800 mil dreamers y el resto padres sin papeles).

La batalla legal

Dos semanas después de anunciada la Acción Ejecutiva, el 3 de diciembre de 2014, un grupo de 26 estados encabezados por Texas (24 de ellos gobernados por republicanos) presentaron una demanda argumentando que Obama se extralimitó en su poder ejecutivo, y que la medida viola la Constitución.

El 16 de febrero de 2015 la corte de distrito de Texas dictó un amparo provisional que detuvo la entrada en vigor de DACA y DAPA mientras continúa viendo la demanda de los 26 estados en su totalidad. El Departamento de Justicia le pidió al tribunal que revirtiera la medida, pero en marzo la ratificó.

El gobierno, a través del Departamento de Justicia, decidió entonces presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, Louisiana, instancia que el 11 de noviembre ratificó el fallo de Texas.

El 20 de noviembre el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que la revise.

Qué está en juego

El pasado 9 de enero la Corte Suprema anunció que revisará la Acción Ejecutiva. El tribunal dejó en claro que quiere responder a cuatro preguntas legales clave, tres de ellas ya planteadas en la Corte de Brownsville, Texas:

  1. ¿Tienen los estados derecho a demandar la Acción Ejecutiva argumentando que la medida les causará pérdidas económicos (el principal argumento esgrimido por Texas)?
  2. ¿Es la Acción Ejecutiva migratoria una medida caprichosa y arbitraria que carece de sustento o respaldo en leyes federales?
  3. ¿Debió el Ejecutivo haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones antes de anunciar la Acción Ejecutiva?
  4. ¿Impide alguna ley que Obama tome Acción Ejecutiva como la anunciada el 20 de noviembre del 2014? La Corte Suprema de Justicia abre este lunes la tercera ventana en la que podría dar a conocer su veredicto final sobre la revisión de la Acción Ejecutiva migratoria que ampara 5 millones de deportaciones.

Escenarios complejos

El futuro de la Acción Ejecutiva es incierto:

  • Puede que los magistrados le den la razón al gobierno;
  • O falle a favor de los 26 Estados;
  • Que empaten y se mantenga vigente el fallo de Texas;
  • Que soliciten más tiempo hasta que el Senado nombre al noveno integrante (quien reemplazará al fallecido Antonin Scalia) y las cosas se queden tal y como están desde el 16 de febrero del año pasado.

"El Tribunal Supremo está programado para emitir su decisión en el caso Estados Unidos versus Texas en cualquier momento hasta finales de junio”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva York. “El caso se refiere a si el presidente Obama puede pasar por alto al Congreso y aplazar deportaciones y otorgar permisos de trabajo temporales a varios millones de padres indocumentados y jóvenes”.
Yale-Loehr dice que aparte de decidir la legalidad de los programas DACA y DAPA, “el fallo de la Corte Suprema en el caso Estados Unidos versus Texas puede tener implicaciones más amplias sobre si y cuándo los estados pueden demandar al gobierno federal, y sobre las acciones ejecutivas en general”.

“La decisión podría redefinir el equilibrio de poder entre el Congreso y el Presidente”, advirtió.

Dijo además que en asuntos de inmigración, en general, “los tribunales de justicia han otorgado a la rama ejecutiva amplia libertad en la ejecución de la política migratoria”, y que la pregunta en este caso es “si el presidente superó su capacidad ejecutiva para postergar las deportaciones de varios millones de inmigrantes indocumentados y también otorgarles permisos de trabajo".

El profesor Yale-Loehr dijo tener “dudas” respecto a que los magistrados “se pronuncien” sobre la autoridad general de las acciones del ejecutivo y el equilibrio de poder entre el Presidente y el Congreso. “Pero las personas que participan en otras controversias que involucran acciones ejecutivas, tales como el control de armas o la política medioambiental, sin duda revisarán la decisión de Estados Unidos versus Texas de cerca para tratar de determinar cómo los futuros retos legales en esas áreas podrían quedar".

Millones de ciudadanos

El estudio del CAP revela que más de 6.1 millones de ciudadanos estadounidenses tienen un familiar indocumentado que califica para DAPA. "Estimamos que la cifra de estadounidenses que se beneficiarían pasa de los 6.1 millones en todo el país”, y un porcentaje importante “vive en estados que forman parte de la demanda”, dijo a Univision Noticias Lizet Ocampo, directora asociada del CAP.

“La cifra solo muestra a los hijos u otros familiares que viven en la misma casa de los potenciales beneficiarios de DAPA”, precisó. “No incluye a otros familiares que también se verían beneficiados con la entrada en vigor de los programas anunciados por el presidente Obama, como por ejemplo los casados que viven en otras casas o quienes están en la universidad”, agregó.

Los estados que demandaron la acción ejecutiva son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

“En el estado de Texas, que encabeza la demanda, hay 1,093,000 familiares de inmigrantes que califican para DAPA”, dijo Ocampo. “Se trata de una cantidad enorme de personas que están esperando que los jueces de la Corte Suprema levanten las restricciones impuestas por Texas”.

En Arizona, otro de los estados demandantes, viven 212,000 familiares de inmigrantes indocumentados que se verían beneficiados por DAPA, agrega el estudio del CAP. El estado con mayor número de beneficiarios de DAPA y DACA es California (1,832,000), seguido por Texas, Nueva York (335,000), Illinois (308,000) y Florida (279,000).

En caso de no darse un fallo este lunes, las siguientes ventanas fueron programadas para el lunes 20 y el lunes 27 de junio.

“Estamos en vigilia permanente”, dijo León-Saavedra. “Cualquier cosa que pase estamos al tanto, chequeando día a día, esperanzados en un fallo favorable. No nos cansamos de esperar buenas noticias”.

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