El 19 de marzo es el último día para que salvadoreños renueven su estatus de protección temporal por última vez, pero aún son miles quienes no se han presentado a renovar.

Inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán iniciaron una acción legal por la desaparición del Estatus de Protección Temporal. Con esto esperan que se halle un camino para alcanzar la ciudadanía en EEUU lo más pronto posible.

Un grupo de nueve tepesianos y cinco niños entablaron una demanda contra el gobierno federal asegurado que la cancelación del programa de TPS es inconstitucional. En la demanda participan personas de Nicaragua, El Salvador y Sundán.

Salvador Sanabria, director ejecutivo de la organización comunitaria El Rescate, manifiesta que se debe hacer el trámite para garantizar la estabilidad laboral y tener paz los próximos 18 meses. Teresa Tejada, directora ejecutiva de ASOSAL, entidad donde facilitan la renovación, dice que los beneficiarios deben actuar de manera urgente.

La demanda colectiva afirma que la eliminación del TPS se hizo basada en la discriminación y perjudica a las familias.

Organizaciones civiles argumentan que acabar con el TPS es "inconstitucional" porque viola los derechos de niños estadounidenses que deberán decidir si marcharse con sus padres deportados o quedarse en Estados Unidos sin sus progenitores.