Gracias al programa de parole humanitario cada mes pueden ingresar de manera legal a Estados Unidos unos 30,000 ciudadanos provenientes de esos países, siempre y cuando cuenten con el patrocinio financiero de un ciudadano, residente o persona asilada. La iniciativa permite, además, que dichos inmigrantes puedan laborar legítimamente en el país durante los dos años de vigencia del parole. ¿Qué debes hacer para solicitar dicho beneficio?

El parole humanitario es un programa que permite que cada mes ingresen de manera legal a Estados Unidos unos 30,000 ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Una experta en el tema aclara paso a paso el proceso que deben seguir aquellos inmigrantes con parole que estén en busca de obtener el permiso para laborar en el país.

El Departamento de Seguridad Nacional recordó que ya se puede hacer la reinscripción para renovar el Estatuto de Protección Temporal (TPS). De acuerdo con la agencia, los ciudadanos de El Salvador tienen plazo hasta el 10 de septiembre para hacerlo, mientras que los connacionales de Honduras y Nicaragua pueden realizarlo a partir del 6 de noviembre de 2023 hasta el 5 de enero de 2024. La abogada Silvia Mintz explica si todos pueden aplicar a este programa.

Noticias 23 habló con un abogado de inmigración, quien nos aclara dudas sobre lo que significa el inicio del juicio del programa de parole humanitario, y qué pueden esperar quienes aguardan por una respuesta a su petición.

La demanda colectiva interpuesta por 21 estados republicanos contra el parole humanitario, que acoge a cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, alega que dicho programa incumple varias legislaciones federales. El abogado José Guerrero aclara que este jueves "solamente empieza el juicio, mas no se acaba el programa como muchas personas están pensando".

El gobierno de Daniel Ortega sanunció el pasado miércoles la confiscación de todos los bienes y activos de la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua, considerada la institución privada más prestigiosa del país, tras acusarla de “funcionar como un centro de terrorismo”. Desde diciembre de 2021, al menos 26 universidades han sido cerradas y sus bienes fueron incautados por orden del gobierno de Ortega con un proceder similar. Siete de ellas extranjeras.