Luego de que la fiscalía retirara los cargos de hurto menor a Joseph Lowe y Michael Gómez, el alguacil del condado Osceola, Marcos López, habló sobre la actuación de los agentes involucrados en el tiroteo registrado en el Target de Kissimmee, ocurrido el pasado 27 de abril. “Ellos están haciendo su trabajo y están entrenados para actuar de una manera cuando se sienten amenazados", dijo López sobre el hecho que dejó un muerto.

La Oficina del Alguacil del condado Osceola busca a esta persona que fue vista por última vez durante la mañana del domingo. La semana pasada se reportó la desaparición de otros cinco miembros y un atleta de la delegación haitiana de las Olimpiadas Especiales en Kissimmee. La policía no ha entregado detalles sobre el caso.

Estas seis personas habrían desaparecido el pasado lunes en Kissimmee, todos son adultos y uno de ellos padece de una discapacidad intelectual. La policía pide a la comunidad comunicarse al 911 si tiene alguna información. Todavía no se sabe si todos estaban juntos al salir del lugar en el que se estaban hospedando, momento en el que se supo de ellos por última vez.

Representantes del movimiento piden que sea el Departamento de Justicia el encargado de la investigación, tras el tiroteo frente a un Target de Kissimmee que dejó a un joven muerto. Asimismo, solicitan que se les imputen cargos criminales a los uniformados involucrados, argumentando que no llevaban cámaras corporales durante los hechos y que la Oficina del Alguacil del condado Osceola no ha sido transparente.

Everett Glenn Miller, un veterano de la Marina, fue condenado por las muertes del sargento Richard Samuel Howard y del oficial Matthew Scott Baxter en agosto de 2017. "Cinco años y finalmente tenemos justicia", dijeron los familiares de las víctimas tras conocer la sentencia emitida por una corte de Osceola.

El tiroteo frente a un Target de Kissimmee, en el que murió Jayden Báez, generó una serie de preguntas sobre las normas en la Oficina del Alguacil del condado Osceola, pues los uniformados que abrieron fuego no llevaban cámaras corporales y, según las políticas, el uso de estas es obligatorio para documentar lo ocurrido y se deben activar al atender un llamado de emergencia, lo que ha sido criticado por los abogados de los jóvenes involucrados.