"El gobierno dejó de hacer o presentar cargos penales por entrada ilegal para evitar la separación de familias", indicó Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. Pero si el padre tiene antecedentes criminales previos, lo más probable es que será detenido y separado de su hijo.

El centro, que empezó el servicio el 26 de octubre, sostiene que inició la medida porque se encuentra entre el "dilema" de respetar las decisiones del gobierno o proteger los derechos de un niño. La familia tiene tres hijos, uno menor de edad. El padre sostiene que recibió amenazas de muerte en su país por su activismo político.

La menor fue liberada de un centro para inmigrantes en Texas y días después perdió la vida por problemas respiratorios.

El gobierno acusa al juez que tomó la decisión diciendo que esto afecta los esfuerzos para que los migrantes de la caravana sigan las leyes.

La hija del presidente habló del impacto que le causan las imágenes de niños en medio del caos que se vive con la llegada de la caravana de migrantes a la frontera sur.

En Tijuana se concentran cientos de migrantes de la caravana que con número en mano esperan ingresar al lado estadounidense para que un agente migratorio les realice una entrevista.