El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció este lunes que se presentó la acción legal y señaló que no pondrá en riesgo a las comunidades. El estado, el primero en desafiar las políticas sobre inmigración de Donald Trump, se sumó a la ciudad San Francisco.

El personal del Servicio de Inmigración y Aduanas está conformado por más de 4,200 latinos, quienes conforman el 21.5% del total. Mientras sus jefes aplauden que puedan comunicarse en español con los detenidos y sus familias, la comunidad les reprocha que estén deportando a personas de su propia etnia.

Las autoridades migratorias permitieron que María Elena de Loera se quede por al menos seis meses más en el país para cuidar de Alia, quien a sus 8 años de edad lucha por su vida en un hospital de niños de El Paso, Texas.

La confirmación del Departamento de Justicia sobre el respaldo en el condado para compartir información de la identidad de detenidos afectará a por lo menos 55,000 inmigrantes indocumentados solo en Miami. Activistas y líderes comunitarios se manifestaron en contra de la decisión avalada por el alcalde, Carlos Giménez, y a favor la lucha constante para proteger la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El alcalde dijo que "son elegibles de nuevo para los fondos federales" después de que el Departamento de Justicia confirmó que el condado no protegerá la información relacionada con la identidad de inmigrantes indocumentados detenidos. La noticia se da en medio del anuncio de un proyecto que beneficiaría con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a venezolanos en Miami-Dade.

La legislatura de Westchester, ubicado en la ciudad de White Plains y donde el 23.3% de la población es hispana, votó este lunes a favor de una norma local que define cuándo las autoridades locales colaborarán con los pedidos de detención de ICE en ese condado.