Entidades sin fines de lucro, como El Rescate, anunciaron que donarán su tiempo para ayudar a que se respeten los derechos constitucionales de quienes han sido detenidos. Este sábado primero de julio se realizará una sesión informativa en Los Angeles City College desde las 9:00 de la mañana.

Millones de inmigrantes se han visto afectados a la hora de enfrentar batallas jurídicas por la labor realizada por intérpretes que, según abogados de inmigración, no están calificados y no cuentan con la experiencia suficiente. El Departamento de Justicia emplea directamente 65 de estos funcionarios, pero con el objetivo de reducir costos, cerca de 700 más son contratados por medio de una compañía externa.

El abogado Franco Torres recuerda que los únicos autorizados por el gobierno federal para ofrecer asesoría legal son los abogados que tienen una licencia en algún estado del país o están acreditados por el Tribunal de Apelación Migratoria. Además, recomienda no recibir en estos casos la ayuda de notarios o abogados con antecedentes por malas prácticas.

Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios, manifestó que por más de una década han pedido al Congreso dar más dinero para enfrentar la alarmante situación. El abogado Joseph Porta expresó que cada juez tendría que atender por lo menos 3,000 casos. Unos 300 jueces están obligados a escuchar 30 casos cada día, según Human Rights First.

La autoridad judicial permitió al gobierno que niegue la entrada por 90 días de individuos que no tengan familiares o un empleo en Estados Unidos. Los afectados, con excepciones, son personas provenientes de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

El gobierno mexicano introdujo una declaración jurada en apoyo a los grupos que buscan frenar la legislación antisantuario. Asegura que la cifra de mexicanos que piden protección e información se ha disparado en Texas.