La misiva invalida el argumento de que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es irregular, como lo ven diez fiscales generales y un gobernador que amenazaron con demandar al Gobierno si no se anula antes del 5 de septiembre la medida que protege de la deportación a por lo menos 800,000 jóvenes inmigrantes indocumentados.