Al entrar a un centro de detención en Kansas, la abogada Andrea Martínez dice haber sido agredida por un oficial de inmigración, separándola bruscamente del menor de 3 años que buscaba ver a su mamá antes de que la deportaran.

Un grupo de organizaciones proinmigrantes anunció el lanzamiento de la línea telefónica que servirá para asistir a los inmigrantes de cara a la implementación de la ley SB4.

El tabasqueño Rubén Figueroa vivió seis años sin documentos en Estados Unidos. Ahora es activista en su país y espera que el próximo gobierno tenga una postura más firme en relación a la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes, tanto de los mexicanos en EEUU, como de los centroamericanos en su paso por México.

Norali Robles fue separada de su hijo Omar Francois Robles, de 17 años, el 1 de octubre de 2017 luego de al cruzar ilegalmente la frontera. La madre fue deportada a su país y el menor fue enviado a un centro en San Antonio, Texas. Desde Honduras, ella clama para que se lo entregue a su nuera en Houston.

Según la senadora Silvia García, la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas aceptó la aplicación presentada por Southwest Key como parte del proceso para habilitar un albergue para menores que han sido separados de sus padres.

Los centros de detención son administrados por empresas privadas pagadas por el gobierno. Dichas empresas están ganando millones, pero sus empleados aseguran que pagan bajos sueldos.