Los indocumentados se enfrentan a un problema adicional a entrar a Estados Unidos sin documentos: no hablan inglés y, en algunos casos, tampoco español. Muchos de ellos que vienen de países como Guatemala y Honduras solo entienden sus lenguas indígenas.

El juez federal Dana Sabraw, de San Diego, dio plazo hasta el 26 de julio para devolver a 2,551 menores inmigrantes de entre 5 y 17 años. Los congresistas Jerrold Nadler y Adriano Espaillat están en procesos para presentar proyectos de ley sobre este caso.

La denuncia fue presentada en un juzgado de California y acusa de negligencia al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados porque, según afirman, sus políticas y prácticas están causando graves daños a niños detenidos.

Durante un evento en Nueva York, la exsecretaria de Estado pidió a quienes trabajan en aerolíneas que se contacten con ella porque las familias inmigrantes "necesitarán vales y boletos con descuento para reunirse a millas de distancia".

Cientos de personas y más de 40 organizaciones locales se unieron para levantar voces de protestas contra las medidas sobre inmigración del gobierno de Donald Trump. Los participantes también pidieron a políticos que protejan los derechos de los indocumentados.

Documentos obtenidos por el periódico muestran que, pese a la orden ejecutiva de Trump con la que prometió poner fin a la separación de familias en la frontera, la cifra de menores indocumentados en centros de detención en Texas ha aumentado en las últimas semanas.