Organizaciones proinmigrantes y algunos políticos están buscando la forma de prestar asistencia legal a niños para que puedan conseguir asilo o algún tipo de visa.

El juez federal de San Diego Dana Sabraw dio plazo hasta antes de la medianoche del 26 de julio para reunir con sus familias a 2,551 menores entre 5 y 17 años, quienes fueron separados en la frontera como parte de la política ‘tolerancia cero’ de la administración de Donald Trump.

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México reportó casi 12,500 menores detenidos entre enero y mayo de este año, un aumento del 90% comparado con 2017. Las cifras encendieron las alertas de asociaciones migrantes al sur de Chiapas, estado fronterizo con Guatemala.

Decenas de familias reunificadas llegan a la central de autobuses de McAllen, Texas, para seguir su viaje por el país. Es el caso de Alfredo García, quien pasó más de un mes separado de su hijo de 11 años. El hondureño dijo que salió en libertad bajo palabra y que tendrá que presentarse en menos de dos semanas en una corte en Virginia.

Existen dudas sobre el cumplimiento de la administración de Donald Trump con la fecha fijada en corte para reunir con sus familias a los niños, quienes están distribuidos en 106 instalaciones y tendrán que ser transportados a algunos de los ocho centros de detención donde concentrarán a sus padres.

El Centro para Derechos Humanos y Ley Constitucional presentó en una corte federal de California la demanda contra el Departamento de Justicia, que contiene denuncias de 200 centroamericanos. La organización pide que el gobierno de Donald Trump sea obligado a cumplir con las condiciones de detención estipuladas en el Acuerdo Flores.