El abogado de inmigración Nelson Castillo explica que las autoridades de inmigración y el gobierno no tienen un plan claro, ni la información suficiente, para que los niños que han sido separados de sus padres sean reunificados. Asegura, que es necesaria una solución para que los menores estén completamente seguros y sanos.

Sindy Sánchez, una hondureña de 29 años, llegó a la frontera de Eagle Pass huyendo de amenazas que recibió en su país por apoyar y trabajar para el gobierno de Juan Orlando Hernández. Al llegar al puerto fronterizo, asegura que intentó durante tres días obtener un cupo para solicitar asilo. Pero no lo consiguió y negada a volver a su país cruzó por el río. Allí fue detenida por un oficial de la Patrulla Fronteriza y más tarde, separada de sus hijos de 6 y 9 años. Ahora narra en primera persona toda su experiencia desde la casa de su hermana en Houston, Texas.

Los mexicanos Margarito Silva y su esposa Concepción fueron detenidos por personal militar en la base Fort Drum, al norte del estado de Nueva York, y entregados a la Patrulla Fronteriza. La pareja había llegado al lugar el 4 de julio para visitar a su hija y a su yerno, un sargento del ejército, y ahora están en un centro de detención en Buffalo.

A la lista de prioridades, el nuevo reglamento permite agregar una segunda lista de casos en los que incluso se incluye a inmigrantes legales que por alguna razón perdieron sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Un estudio de la Asociación Nacional para Nuevos Americanos (NPNA) indica que en los últimos dos años ascendieron las solicitudes de ciudadanía congeladas. Después de llenar el nuevo formulario de 21 páginas y pagar 730 dólares por el trámite, se debe esperar más para la juramentación.

El gobierno había ofrecido hace varios años a inmigrantes legales con habilidades especiales alistarse en las Fuerzas Armadas a cambio de acelerar su camino a la ciudadanía. Abogados afirman que se comenzaron a cancelar los contratos de manera abrupta y el Pentágono lo niega.