La decisión de dejar de considerar la acción diferida para solicitantes no militares afecta –en algunos casos– el freno temporal de la deportación de padres indocumentados con hijos que sufren enfermedades graves.

El fallo deja sin efecto una decisión emitida en septiembre del año pasado por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, que prohibió a los jueces de inmigración cerrar casos administrativos ante sus propios tribunales, incluso aquellos que podrían ser resueltos por otras agencias federales.

Abogados y defensores de derechos consideran que la norma va en contra de las leyes del país porque permite las deportaciones sin darles a los indocumentados la oportunidad de presentarse ante un juez de inmigración. Organizaciones proinmigrantes están ofreciendo ayuda de emergencia a personas sin documentos y recomiendan conocer los derechos.

El Acuerdo Judicial Flores de 1997, que ha sido atacado por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, es uno de los principales obstáculos para el mandatario en su intento de negar asilo en la frontera y acelerar las deportaciones.

La alerta fue lanzada tras conocerse un memorando del director interino de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Matthew Albence, fechado el 24 de julio, con instrucciones al personal para implementar los cambios al programa de Deportación Expedita.

La política, que entrará en vigencia este domingo, busca iniciar procesos contra los inmigrantes que no puedan demostrar que han vivido en EEUU por los últimos dos años. El abogado Ricardo Tapia recomienda a las personas recopilar información, como récords médicos, contratos y recibos, que les permita demostrar cuánto tiempo llevan en el país.