Un guatemalteco con 12 años viviendo en Maryland enfrenta una posible deportación después de faltar a una audiencia por confundir la fecha de una citación de tránsito. La ausencia generó una orden de arresto que derivó en su detención por ICE, dejando a su esposa embarazada y a sus cuatro hijos sin él. Ante casos similares, un abogado recomienda no firmar una salida voluntaria sin antes consultar a un especialista en defensa contra deportación.

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Cerca de 300 personas detenidas en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, denuncian abusos y malas condiciones al interior del lugar. La situación se expuso en una carta de cinco hojas escrita por un recluido, donde se destaca que grupos vulnerables no están recibiendo la debida atención médica. Del mismo modo, los afectados afirman que no cuentan con traductores cuando se presentan ante la corte, lo que complica su situación legal mientras permanecen bajo custodia federal.

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Desde el inicio de la nueva administración de Trump, ICE realizó cerca de 6,500 arrestos en Carolina del Norte. Más de 6 mil detenidos fueron enviados a centros en Georgia, Stewart y Folkston, donde se reportó uso de fuerza en al menos 50 ocasiones. Cerca de 1,100 no tenían antecedentes penales.

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La policía de South Salt Lake arrestó a un hombre de 57 años acusado de extorsionar sexualmente a una mujer durante al menos un año. Según el informe policial, el hombre la amenazaba con quitarle la custodia de su hija y denunciarla ante autoridades de inmigración si no accedía a tener relaciones sexuales. El sospechoso está detenido en la cárcel del condado de Salt Lake, acusado de violación y extorsión sexual.

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Ricardo Hernández, un joven colombiano próximo a graduarse de secundaria, fue detenido por ICE junto a su madre durante una cita rutinaria para revisar su caso de asilo. La detención ocurrió en marzo y truncó temporalmente sus planes académicos.

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El director de la escuela secundaria Campbell fue arrestado el 12 de mayo, acusado de agresión simple contra un alumno hispano durante una protesta contra operativos de ICE ocurrida el 30 de enero. El caso está ahora en manos de la fiscal del distrito, quien decidirá si procede con los cargos. Podría enfrentar hasta 12 meses de prisión.

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