Desde la gestión de Kristi Noem, el ICE ha comprado 11 almacenes para convertirlos en megacentros de detención para inmigrantes. El plan del organismo es recluir a 10.000 personas al mismo tiempo. Ante la propuesta, ayuntamientos y vecinos implicados se han opuesto; por su parte, el DHS examinará la viabilidad del proyecto

Kiara Ochoa, la madre de un niño de 11 años, denuncia que su hijo sufre bullying por parte de uno de sus compañeros de escuela que lo ha llegado a agredir físicamente y lo amenazaba con llamar a ICE, ya que son originarios de Honduras. Ochoa pide ayuda a las autoridades escolares de Laurel, pues el menor ha intentado quitarse la vida y está a punto de perder el año escolar.

Tras los hechos de violencia juvenil en la capital, el gobernador de Maryland, Wes Moore, ordenó al Departamento de Servicios Juveniles diseñar estrategias de prevención para mantener a los jóvenes alejados de los problemas en el verano. Betsy Fox Tolentino, secretaria de la dependencia, trabaja junto a su personal y otras agencias estatales para implementar estas medidas con el fin de garantizar lo solicitado por el mandatario, un plan de acción que cuenta con la aprobación de los residentes.

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Datos nacionales muestran que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados recibió 23,348 reportes de menores desaparecidos de hogares de acogida en 2025. De esos casos, aproximadamente el 17% fueron identificados como posibles víctimas de trata sexual infantil.

Trabajadores y estudiantes del condado de Montgomery advierten que los recortes presupuestarios podrían afectar especialmente a alumnos inmigrantes y recién llegados a EEUU que dependen de apoyo emocional, traducción y orientación escolar. Entre las posibles medidas está la eliminación de 425 puestos y la reducción del 75% del personal que atiende a estudiantes multilingües en más de 200 escuelas del distrito.

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Un grupo de alguaciles de Maryland demandó al estado por nuevas leyes que limitan la colaboración con agentes federales de inmigración. Los oficiales aseguran que estas medidas dificultan su trabajo y podrían afectar la seguridad pública, por otro lado, defensores de las políticas santuario consideran que buscan proteger a las comunidades inmigrantes y evitar abusos.

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