La familia de Rafael se negó a desconectarlo, pese a todo pronóstico logró vivir y ahora desea volver a su patria para abrazar a su madre y su hijo.

Un grupo de alguaciles de Maryland demandó al estado por nuevas leyes que limitan la colaboración con agentes federales de inmigración. Los oficiales aseguran que estas medidas dificultan su trabajo y podrían afectar la seguridad pública, por otro lado, defensores de las políticas santuario consideran que buscan proteger a las comunidades inmigrantes y evitar abusos.

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La comunidad inmigrante del DMV expresó preocupación tras una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que instruye a bancos a revisar el estatus migratorio de sus clientes antes de otorgar préstamos. Aunque expertos legales recomiendan no retirar dinero ni cerrar cuentas por ahora, muchas familias temen que la medida afecte su acceso a créditos, viviendas y servicios financieros.

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El Concejo de Montgomery aprobó el presupuesto fiscal 2027 por 7.9 mil millones de dólares tras una votación de 9 a 2, calificándolo como uno de los procesos más difíciles en años. Aunque el plan contempla alivios fiscales para la mayoría de residentes, líderes escolares advierten que la falta de fondos adicionales podría provocar recortes y dejar en riesgo cientos de empleos en el sistema educativo.

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El presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 en Montgomery ha generado fuertes críticas por posibles recortes a escuelas, seguridad pública, transporte, vivienda y programas sociales. El ejecutivo del condado, Marc Elrich, advirtió que los cambios aprobados aumentarían impuestos a más de 200 mil hogares y provocarían la eliminación de cientos de empleos, afectando especialmente a familias inmigrantes y servicios comunitarios esenciales.

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Al menos 24 organizaciones proinmigrantes presionan al gobernador de Maryland, Wes Moore, para que firme antes de que venza el plazo a finales de mayo dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa: la Ley de Confianza Comunitaria, que limita la colaboración de centros penitenciarios con autoridades migratorias, y la Ley de Privacidad de Datos, que prohíbe compartir información personal de residentes con agencias que apliquen leyes de inmigración civil.

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