Tras escuchar sobre una cierta mejora con una economía dolarizada y el fácil acceso a la divisa estadounidense, muchos venezolanos han decidido emprender el viaje de regreso. Una determinación impulsada además por el fuerte rechazo que han sufrido en países como Chile. Aún así, se estima que siguen siendo más las personas que abandonan Venezuela que las que están de regreso. Más noticias aquí.

De acuerdo con CBS News, a partir de la próxima semana las autoridades federales le enviarán notificaciones a 78,000 migrantes que cruzaron la frontera sur con México. Alba Villa, de la Coalición por la Libertad del Inmigrante, explica que “lo que les están mandando no es una orden de deportación, pero sí un aviso de comparecencia”. Activistas alertan sobre lo grave que sería que dichas comunicaciones se envíen a direcciones donde ya no viven los citados. Más noticias aquí.

"Eso no va a suceder", así respondió el presidente Joe Biden sobre la supuesta intención de su gobierno de pagar aproximadamente 450,000 dólares a cada inmigrante separado de su familia en la frontera bajo la política de 'tolerancia cero' que implantó la administración de Donald Trump. El mandatario no dio detalles sobre una posible compensación a familias que fueron divididas de sus hijos y que presentaron demandas. Más información aquí.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refiere a los contenedores como "una cortina de acero" y dice que serán utilizados como una barrera de contención para evitar el paso de la caravana de inmigrantes hacia el estado. Decenas de miembros de la guardia nacional han sido movilizados a la frontera, especialmente en el sector de Eagle Pass, como preparación al posible arribo de los indocumentados. Más información aquí.

Los migrantes se negaban a ser arrestados por agentes migratorios. Los oficiales se acercaron con equipos antimotines. La revuelta se prolongó por varios minutos. Varios de los uniformados quedaron heridos y fueron auxiliados por los mismos migrantes.

El presidente desestima reportes sobre las conversaciones del Departamento de Justicia para resolver las demandas de las familias separadas al cruzar ilegalmente la frontera. Según esos informes, supuestamente pagarían 450,000 dólares por persona afectada por la política de 'tolerancia cero' del gobierno anterior.