Lisandra Jardines, esposa del boxeador Billy Rodríguez, contó como agentes de Inmigración arrestaron a su pareja el pasado domingo 10 de agosto y luego lo llevaron a un centro de detención en Miramar, Florida, desde donde se comunicó con ella. La mujer ruega que no lo deporten a Cuba debido a que abandonó a la Delegación en el 2023 y podría ser castigado al ser considerado desertor. El pugilista está en proceso jurídico por asilo político.

Este miércoles 13 de agosto terminó la audiencia de demanda que interpusieron grupos ambientalistas contra el centro de detención Alcatraz de los Caimanes. Luego de escuchar durante varias horas los argumentos de las partes, la jueza federal Kathleen Williams no tomó una decisión y tendrá una semana, hasta el 21 de agosto, para hacerlo.

Una empresa privada compró la prisión estatal de Marana, la cual tenía vacante desde el 2023, por $15 millones. La compra ha causado especulaciones sobre si habrá un nuevo centro de detenciones de inmigrantes en el estado. Emily Lawhead, directora de comunicaciones de la cárcel, se pronunció al respecto.

En las horas de la noche del pasado martes 12 de agosto, personas del vecindario Columbia Heights, al noroeste de Washington DC, reportaron el gran despliegue de agentes federales y de oficiales de la policía en una parada de tráfico en la 14th Street y Perry Place, en donde detuvieron a un conductor. Testigos del momento calificaron de “exagerado” estas acciones y la organización CASA advirtió a la comunidad inmigrante.

La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema una orden que divide la restricción de arrestar inmigrantes basándose en idioma, lugar de trabajo o raza. La propuesta ha causado indignación, por lo que preparan una demanda contra el gobierno alegando que la medida es inconstitucional. “Es una violación de los derechos humanos”, dijo Domingo García, presidente de LULAC.

Tensa reunión del Consejo Escolar de Charlotte debido a que miembros de la comunidad asistieron para insistir su rechazo a las políticas del distrito que permite la presencia de ICE en áreas públicas de planteles escolares como vestíbulos, salas de espera y hasta estacionamientos sin autorización previa. “ICE no ayuda a los estudiantes a aprender”, dijo un habitante.