Enfocados en la impartición de justicia y no en propiciar la deportación de indocumentados, como ocurrió durante el gobierno anterior, la Corte de Inmigración anunció el lanzamiento de “programas de capacitación y asesoramiento” con el objetivo de permitir que extranjeros accedan a representación legal durante sus procesos de deportación.

La orden fue emitida por un juez del Distrito de Columbia que a mediados de septiembre prohibió al gobierno de Joe Biden la expulsión a México de familias migrantes con niños por razones de salud pública.

En solo un mes, México ha deportado a más de 10,000 personas desde el Puerto Fronterizo de El Ceibo en Tabasco. Muchos de estos inmigrantes llegan en vuelos procedentes de Texas al Aeropuerto Internacional de Villahermosa, de ahí son transportados hasta la frontera de El Ceibo, donde solo los guatemaltecos son liberados. Más noticias aquí.

La nueva ley migratoria de Florida prohíbe a cualquier agencia estatal bajo su mando ayudar al gobierno federal en el transporte y traslado de un inmigrante indocumentado aprehendido en la frontera sur. Y ordena a los agentes del orden púbico detener cualquier vehículo si existe duda razonable que transporta a un extranjero sin papeles.

El programa MPP, creado durante el gobierno de Trump y activado durante dos años, fue cancelado por Biden en enero, pero restituido por un juez de Texas. Sin embargo, no ha sido implementado debido a la pandemia del coronavirus que tiene cerradas las fronteras hasta el 21 de octubre.

El abogado de inmigración Raed González explica por qué la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sobre el caso Rodríguez vs. Garland sienta un importante precedente para decenas de casos de inmigrantes que recibieron una orden de deportación en ausencia y no se presentaron al tribunal.