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Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA)

El gobierno elabora nuevo reglamento de DACA para proteger a unos 700,000 dreamers

El Departamento de Seguridad Nacional publica en el Registro Federal un nuevo reglamento del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de 2012.
27 Sep 2021 – 10:38 AM EDT
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) un nuevo reglamento del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobado en 2012 por medio de una acción ejecutiva presidencial.

La nueva versión, de 205 páginas, tiene como objetivo responder a un reciente fallo judicial de una corte federal que advierte un riesgo para unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de los 16 años y se les conoce como dreamers, quienes están amparados temporalmente de la deportación.

El gobierno “continúa tomando medidas para proteger a los dreamers y reconocer sus contribuciones al país”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del DHS. “Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo”.

“Sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente. Apoyo la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de reconciliación e insto al Congreso a actuar rápidamente para brindarles a los dreamers el estatus legal que necesitan y merecen”, indicó.

Fallo judicial

El pasado 16 de julio un juez de Texas ordenó al DHS suspender el otorgamiento de nuevos permisos dentro del programa. El juez Andrew Hanen escribió el el dictamen que DACA es "ilegal" y, por tanto, el gobierno debe abstenerse de emitir nuevos permisos para las personas que califican para el plan creado bajo el gobierno de Barack Obama.

"En la sentencia preliminar, el juez Hanen dijo que el DHS violó el Acta de Procedimiento Administrativo (APA) con la creación del programa y su continuidad", explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

"Señaló que el DHS puede seguir aceptando solicitudes de renovación, pero prohíbe nuevas solicitudes, decisión que afectará a miles de jóvenes indocumentados que califican para el programa y no se habían registrado", agregó.

DACA fue demandado en 2018 por los estados de Alabama, Arkansas, Carolina del Su, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia. Alegan que el ejecutivo violó el procedimiento administrativo (APA). Además, señalan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal.

El plan

Con la publicación de un nuevo reglamento el gobierno trata de quitarle peso al principal argumento republicano para demandar la legalidad de DACA.

La aparente violación a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), alegada por los demandantes y señalada por Hanen, se refiere a que cuando el programa fue activado en 2012, no cumplió con las publicaciones debidas del reglamento en el Registro federal y tampoco tomó en cuenta el comentario del público en la regla final.

El nuevo reglamento “ayudará a unos 700,000 dreamers”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de derecho de la Universidad de Cornell, Nueva York.

La semana pasada Yale-Loehr dijo que la Oficina de Administración y Presupuesto había completado su revisión de la nueva regla, instrumento que servirá para “preservar las protecciones de deportación para aproximadamente 700,000 personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños”.

“El nuevo reglamento podría poner al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en una mejor base legal", indicó.

Yale-Loehr dijo además que la regla actualizada “se vuelve más importante ahora que la principal asesora del Senado (Parlamentarian) ha dictaminado que las disposiciones de legalización para los beneficiarios de DACA no pueden incluirse en el proyecto de ley de conciliación presupuestaria”.

“La nueva regla podría ser una red de seguridad temporal para los dreamers si la legislación falla", precisó.

La semana pasada el Departamento de Justicia apeló el dictamen de Hanen en un esfuerzo por anular el dictamen y permitir la nuevos registros al programa que, además de frenar temporalmente las deportaciones, oorga una autorización de empleo (EAD) renovable cada dos años.

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