El juez James Boasberg dice que existe una "causa probable" para iniciar un procedimiento por desacato en contra de la administración Trump por la expulsión de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo. El abogado Rafael Peñalver explica si el gobierno puede enfrentar este tipo de casos y cuál sería el poder de la Corte. Mira también: ¿Qué significaría declarar en desacato al gobierno Trump?

El senador Chris Van Hollen sigue en El Salvador buscando hablar con Kilmar Ábrego García; juez dice que hay una "causa probable" para un procedimiento por desacato contra funcionarios del gobierno de Trump por la expulsión de migrantes venezolanos y el presidente de la Fed dijo que los aranceles de Trump podrían provocar una mayor inflación. Más información en UnivisionNoticias.com.

El Departamento de Justicia apelará orden judicial para facilitar el regreso de Ábrego García, el salvadoreño deportado por error. En otras noticias, Claudia Sheinbaum envía una nota diplomática a EEUU por entrega de terrenos fronterizos al Ejército. Finalmente, mercados bursátiles se tratan de recuperar tras el desplome de la bolsa de valores por la advertencia de Jerome Powell.

El desacato penal, que es lo que el juez Boasberg está considerando, suele requerir la presentación de cargos por parte del Departamento de Justicia, que es parte del Ejecutivo, y que en el segundo gobierno de Trump está más alineado con la Casa Blanca de lo que tradicionalmente ocurre.

Edicson Quintero, de 28 años, llegó a Estados Unidos en busca de una mejor vida para su familia y terminó expulsado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Los abogados del hispano, que aseguran es carpintero, pescador y padre de dos hijos pequeños, presentaron un recurso de habeas corpus para pedir su libertad. Mira también: Detalles de la tensa audiencia entre una jueza federal y funcionarios de Trump por el caso de Ábrego García.

Las políticas migratorias del gobierno Trump siguen causando zozobra entre la comunidad inmigrante en el Valle Central, pues para algunos trabajar en el campo no es una opción viable ya que temen ser detenidos y deportados cuando se dirijan o estén en su jornada laboral. “Somos personas que pagamos impuestos”, dijo José, un trabajador agrícola.