La audiencia pública de este jueves también busca mostrar el peligro que enfrentó el exvicepresidente el 6 de enero de 2021, cuando la multitud irrumpió gritando “¡cuelguen a Mike Pence!”, con una horca instalada en los terrenos del Capitolio mientras él y miembros de su familia tenían que huir con los senadores para esconderse.

El acuerdo incluye por el momento fondos para la seguridad escolar y para incentivar a los estados a implementar leyes de "bandera roja", expandir los servicios de salud mental y algunos cambios en el sistema de verificación de antecedentes. No fueron incluidas, sin embargo, medidas más severas solicitadas por el presidente Joe Biden y activistas.

La protesta, convocada por el movimiento 'March of our lives', fundado por sobrevivientes de la masacre de Parkland, llega en un momento de renovada actividad política sobre las armas tras los recientes tiroteo en Buffalo, Nueva York, y Uvalde, Texas, y crucial para una posible acción en el Congreso.

La primera audiencia pública del comité que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 contra el edificio del Congreso sentó las bases para la presentación del resultado de las pesquisas que ha realizado durante 11 meses, con las que busca demostrar un vínculo directo entre Trump y la revuelta.

Las decisiones divididas muestran cómo el Departamento de Justicia ha optado por evaluar caso por caso las denuncias de desacato que ha recibido del Congreso. La decisión de no procesar a Mark Meadows ni a Dan Scavino se dio a conocer a través de una carta enviada por un fiscal federa a un abogado de la Cámara de Representantes, horas después del encausamiento de Navarro.

Desde la Casa Blanca, el presidente Biden pidió al Congreso tomar medidas inmediatas para frenar la violencia de las armas. Entre ellas, la prohibición de las armas de asalto, como el AR-15 que ha sido usado en la mayoría de los tiroteos de los últimos años. Aseguró que en el pasado estas medidas dieron buenos resultados.