La doctora Geraldine Luna, del Departamento de Salud Pública de Chicago, explica que la ciudad basó su plan de vacunación en estándares equitativos, por lo que empezarán con las personas de mayor riesgo que son "el personal en atención inmediata, en hospitales, a pacientes exclusivamente con coronavirus" y luego seguirán una escala que va de más a menos vulnerables.

Pese que el Senado solo tiene ocho días legislativos para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico, republicanos y demócratas no logran llegar a un acuerdo. Un grupo de senadores bipartidista circuló este miércoles los detalles de lo que sería un compromiso para un plan de ayuda de 908,000 millones de dólares, que incluye más dinero para pequeños negocios, una extensión de los beneficios de desempleo y la prohibición de desalojos. Más información aquí.

Se espera que este jueves la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) se reúna para analizar si autoriza o no el uso de la vacuna en el país, la cual ya fue aprobada en el Reino Unido y en Canadá. De tener luz verde, en tan solo 24 horas se realizaría su envío a los diferentes estados.

"Todas las vidas son valiosas y hemos desarrollado un criterio para la distribución basado en el riesgo de transmisión y muerte para garantizar que llegue a las comunidades más afectadas", dijo en conferencia la doctora Helene Gayle. Además, anunció que trabajarán con organizaciones sociales para realizar campañas de información sobre la vacuna y para que las personas sepan dónde, cuándo y cómo recibirla.

Los dueños de estos lugares aseguran que el documento de traslado solo se obtiene cuando el certificado de defunción es apostillado por la Secretaria del Estado, pero desde que se inició el cierre parcial del sur de California todos los documentos se tienen que mandar por correo hasta Sacramento.

Médicos, residentes y pasantes, entre otros trabajadores, se manifestaron este miércoles frente al Ronald Reagan UCLA Medical Center ya que, aseguran, se está poniendo en riesgo su salud, la de sus familias y la de los pacientes al no facilitarles el acceso a los análisis para detectar el virus. También afirman que existen otras malas prácticas que irían en contra de lo recomendado por las autoridades locales y, además, no salvaguardan la salud pública.