El régimen de Daniel Ortega ordenó la detención domiciliaria de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos como el secretario de Estado, Antony Blinken, rechazaron el arresto de la principal líder opositora nicaragüense. El secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) se sumaron a la condena. Más información aquí.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Cali, en donde cámaras de aficionados y periodistas independientes también grabaron los momentos, en los que civiles, que se hacen llamar "gente de bien", dispararon contra la manifestación, ante la aparente mirada complaciente de la policía. Pese a esta represión y las decenas de denuncias de abuso de autoridad, el presidente Iván Duque anunció más fuerza pública y militarización en un país que lleva más de un mes en paro nacional.

Muchos de ellos vendieron sus propiedades para costear los trayectos necesarios para ir en busca de nuevas oportunidades a EEUU, pero al perder los respectivos casos de solicitud de asilo fueron expulsados y devueltos a Cuba, donde han tenido que empezar de cero mientras son blanco de acoso y represalias por parte del régimen.

Entre los seis llamados por las Fiscalía de Nicaragua está la corresponsal de Univision María Lilly Delgado, quien salió de la cita aseverando que había sido advertida de que si insistía en contar con la presencia de un abogado su calidad en el caso pasaría de testigo a investigado. Periodistas exiliados en Miami afirman que Daniel Ortega utiliza los organismos y ministerios como instrumentos de represión.

El gobernador de Florida aseguró, tras la firma de la ley, que esta medida protegerá todos los habitantes del estado de ser censurados cuando expresen sus opiniones en diversas plataformas de internet, principalmente en las redes sociales. Añadió que las empresas en cuestión pueden llegar a enfrentar fuertes multas en caso de eliminar o bloquear usuarios que no sigan sus narrativas. Críticos de DeSantis aseveran que la norma es anticonstitucional y se convierte en una jugada política.

Se trata de la ley SB 7072, cuyo objetivo es castigar a empresas como Google o compañías de redes sociales que censuren los comentarios de algunos políticos o personas del común y les exige informar a los usuarios si sus publicaciones han sido eliminadas o no y la razón. Te contamos los detalles.