Andrew P. Bakaj, el abogado del informante anónimo, envió una misiva a Pat Cipollone, asesor de la Casa Blanca, donde solicita el fin de los ataques a su cliente advirtiendo que cualquier daño contra él y su familia será responsablilidad del presidente.

El informe asegura que el presidente hizo caso omiso de las recomendaciones de los funcionarios y diplomáticos de no cancelar los Estatus de Protección Temporal de El Salvador, Haití y Honduras para evitar un daño humanitario contra unos 400,000 inmigrantes, algunos de ellos con más de dos décadas viviendo en EEUU.

A través de una carta, los defensores de quien destapó el escándalo por la llamada con Ucrania responsabilizan al presidente de lo que pueda pasarle a él o a su familia. En tanto, aunque la Casa Blanca no está cooperando con la investigación con vistas a un juicio político, los demócratas podrían completarla antes de Navidad.

El reporte denuncia que altos funcionarios en todos los niveles del Departamento de Estado (bajo el mando del entonces canciller, Rex Tillerson) y de tres embajadas estadounidenses, “documentaron ampliamente la gravedad de las consecuencias humanitarias de terminar las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Haití”.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente negó que le haya pedido a Barr realizar una conferencia de prensa para hablar sobre el tema. En tanto, este jueves es clave para la investigación hacia el juicio político, pues se explorará el rol del vicepresidente en la controversia.

En entrevista con Alan Tacher, el senador aspirante a la nominación demócrata asegura que el actual mandatario ha creado división en torno a la comunidad inmigrante, pero que eso no es lo que quiere el pueblo estadounidense, por lo que de llegar a la Casa Blanca impulsaría una reforma migratoria integral.