México investiga miles de casos de tortura, pero en dos décadas hubo apenas 15 condenas por ese delito

Enrique Peña Nieto aseguró a senadores que entre 2015 y 2016 se investigaron al menos 4,713 casos de tortura, pero no abundó en los detenidos o responsables.

Amnistía Internacional (Archivo)
Amnistía Internacional (Archivo)
Imagen Getty Images

La pesadilla de Adrián Vázquez Lagunes inició el 26 de septiembre de 2012. La Policía Estatal Preventiva de Baja California lo detuvo, lo torturó durante 12 horas y luego lo presentó a la prensa como un peligroso sicario del cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con Amnistía Internacional, la policía lo golpeó y le introdujo agua por la nariz hasta llenarle los pulmones. Vázquez, de 36 años, terminó en una cárcel de Tijuana señalado de ser Gonzalo Inzunza Inzunza, alias ‘El Macho Prieto’, líder de sicarios de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Pero en diciembre de 2013, la Policía Federal se enfrentó con un grupo armado en Sonora y allí murió el verdadero Gonzalo Inzunza Inzunza. Entonces, las evidencias contra Adrián se fueron desvaneciendo y luego de tres años de prisión obtuvo su libertad.

Video Video muestra a oficiales mexicanos torturando a una mujer

Casos como el de Adrián son investigados por el gobierno de México: hay al menos 4,713 expedientes de averiguaciones por tortura entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016.

Es decir, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) inició 12.5 investigaciones de tortura por día. En 2014 hubo más de 2,400 denuncias de tortura, el doble que en 2013.

El presidente Enrique Peña Nieto entregó este lunes información sobre las averiguaciones a senadores del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD). Pero no aclaró cuántas personas, incluyendo funcionarios, han ido a la cárcel por ejercer tortura.

De acuerdo con la organización Amnistía Internacional, cuyos reportes se realizan con cifras oficiales, de 1995 a la fecha solamente existen 15 sentencias condenatorias por tortura en México.

La tortura como método

Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, aseguró que en el país existen más casos de tortura pero no se dieron a conocer porque la investigación no fue hecha de acuerdo con los estándares internacionales o porque las autoridades no movieron un dedo para saber qué sucedió.

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“No hay una causal única del número de torturas que vemos desgraciadamente en este país. Una parte tiene que ver con la normalización de la tortura, otra parte es por la política de mano dura y, finalmente, se da por un deficiente sistema de investigación, donde la tortura se utiliza como método de investigación criminal (para obtener confesiones falsas)”, detalló Perseo Quiroz a Univision Noticias.

Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), explicó a Univision Noticias que las víctimas de tortura en México viven una revictimización, pues tiene que emprender una larga lucha para que su tortura sea reconocida.

El activista, quien ha defendido a víctimas de este delito, refirió que algunos responsables cuando son servidores públicos –como policías– son acusados por abuso de poder, que en México es un crimen menor que los puede llevar a la libertad bajo fianza. En otros casos la demanda de tortura no procede porque el delito prescribe con el tiempo.

Ramírez López aseguró que las víctimas se enfrentan a un sistema penal que no siempre está dispuesto a aceptar la tortura -porque hay criminales que usan ese argumento para favorecerse-; inclusive para tener acceso a la reparación de daño, los afectados deben pelear tanto en el terreno jurídico como en el civil o, en su defecto, en cortes internacionales.

“La tortura tiene como tema la delincuencia organizada. Permite en una figura jurídica generar delitos, dar falsos resultados a la población, generar procesos judiciales para acallar las voces que demandan investigación de los delitos”, comentó Adrián Ramírez López.

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En marzo de 2015, el relator especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, presentó un informe en el que destacó que en México la tortura es “generalizada” y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un “aliciente para su repetición y agravamiento”.

Pero el gobierno no aceptó las recomendaciones y desestimó la valoración de este relator.

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