¿Por qué el caso contra el acusado de matar a Charlie Kirk no se hará en una corte federal?

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha tenido un enorme impacto dentro y fuera de EEUU, muy similar al que se produce cuando hay crímenes contra altos funcionarios de gobierno: desde banderas a media asta en la Casa Blanca y otros edificios federales, un apasionado mensaje a la nación del presidente Donald Trump el mismo día del crimen, hasta las expresiones de condolencias llegadas desde el mundo entero.

Sin embargo, el proceso contra la Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de haber sido el autor del crimen ocurrido la semana pasada en la Universidad del Valle de Utah mientras Kirk participaba en una ronda de debates con estudiantes, tendrá el escenario de una corte estatal.

El caso no está siendo tratado como un crimen federal, pese a las advertencias que han salido de la Casa Blanca contra grupos que definen como “radicales de izquierda” a los que acusan de ser “terroristas” y a los que prometen perseguir por supuestamente fomentar la violencia política que sacude al país.

La explicación parece sencilla: Kirk no era un funcionario federal, su crimen no ocurrió en propiedad federal y, pese a todo lo que han dicho sus simpatizantes sobre cómo el “discurso de odio” en contra de los conservadores habría sido el causante directo del asesinato, este no ha sido calificado como un “crimen de odio” porque ni la raza, ni la religión ni ninguna otra característica permitirían encasillarlo como tal.

Utah buscará la pena de muerte para Robinson

Este martes, el fiscal general del condado de Utah, Jeff Gray, presentó siete cargos contra Robinson: homicidio agravado, uso de un arma de fuego causando heridas graves, obstrucción de la justicia, manipulación de testigos (por pedir a su compañero de habitación que borrara conversaciones), y una ofensa por violencia en presencia de menores.

La fiscalía federal no ha presentado un caso, hasta ahora, porque el “discurso de odio” del que habla no equivale a un “crimen de odio” y porque la Primera Enmienda, que consagra una casi total libertad de expresión, no distingue excluye los mensajes por odiosos, desagradables o hasta groseros que puedan ser, como ha consagrado varias veces la Corte Suprema de Justicia.

Eso parece ir en contra de la narrativa oficial que promete perseguir a grupos (de izquierda) que fomentan las divisiones entre estadounidenses (una acusación vaga en la que podrían incluirse grupos como Black Lives Matter o los llamados 'Antifa' y que los expondría a presiones juidiciales).

Esta semana, la fiscal general Pam Bondi dijo en una entrevista con The Katie Miller Podcast, que el Departamento de Justicia investigaría y procesaría los incidentes de "discurso de odio", argumentado que "existe la libertad de expresión, y luego está el discurso de odio. Y no hay lugar —especialmente ahora, especialmente después de lo que le sucedió a Charlie— para eso en nuestra sociedad".

Pese a lo que dice Bondi, y lo que han expresado el presidente Trump o el vicepresidente JD Vance, entre otros, los expertos legales advierten que los llamados "discursos de odio" si bien pueden ser condenables, no son penalmente procesables porque el consenso es que resulta dificil determinarlos sin infringir los derechos de algún sector de la sociedad a la libre expresión de sus ideas.

El proceso contra Robinson será televisado

Aunque no esté siendo tratado como un caso federal, el proceso contra Robinson tiene garantizado un alto perfil. No solo porque en torno a él grupos conservadores están construyendo una imagen de martir de la causa y lo promueven como adalid de la libertad de expresión, sino por una notable característica del sistema de justicia de Utah.

El estado es uno de los pocos que permite que las cámaras de TV entren a los tribunales, lo que casi garantiza altas audiencias para el proceso por un crimen político más notable de las últimas décadas.

Si el caso hubiera sido tomado por el fuero federal, no habría la oportunidad de ver el proceso en directo, las respuestas del acusado y las evidencias que contra él serán presentadas en el juicio.

De resto, no habría grandes diferencias entre un caso estatal y otro federal, porque ambos contemplan la pena de muerte. Según la ley de Utah, homicidio agravado es una ofensa capital, que el fiscal Gray dijo que buscará aplicar a Robinson en la rueda de prensa en la que anunció la acusación.

La fiscalía añadió factores agravantes a los cargos de asesinato y posesión de armas de fuego, alegando que Robinson atacó a Kirk por sus opiniones políticas y sabía que menores presenciarían el asesinato. Según la ley estatal, solo el asesinato con agravantes conlleva la pena de muerte.