Abogados de 'El Chapo' dicen que es ilegal agregarle más cargos en EEUU

La defensa del capo tuvo acceso a un documento que, según ellos, el gobierno de México elaboró a último momento para que Guzmán responda por delitos que no aparecían en la solicitud de extradición.

La mayoría de los delitos contra 'El Chapo' implican penas de cadena perpetua.
La mayoría de los delitos contra 'El Chapo' implican penas de cadena perpetua.
Imagen PGR

'El Chapo' Guzmán afronta cargos criminales en Estados Unidos que no estaban incluidos en la petición original de extradición como consecuencia de una decisión del gobierno mexicano que, según los abogados del capo, fue ilegal y apresurada.

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De acuerdo con un documento, entregado parcialmente a Univision por el abogado principal de Guzmán en México, 'El Chapo' podría afrontar cargos de homicidio, torturas y tratos crueles que no estaban en la solicitud de extradición inicial. El gobierno de México ha mantenido el documento bajo la más estricta reserva y se negó a que Guzmán lo leyera en la prisión de Nueva York, según lo denunciaron sus abogados en Estados Unidos.

Bajo el título de “Consentimiento a la Excepción del Principio de Especialidad” el documento aparece firmado por el canciller mexicano Luis Videgaray el 19 de enero, poco después de que un tribunal en la Ciudad de México aprobó la extradición y pocas horas antes del traslado de Guzmán a Estados Unidos. En este consentimiento el gobierno renuncia a la “regla de especialidad”, una disposición del acuerdo de extradición entre ambos países que prohíbe que un acusado sea juzgado por delitos distintos a los que fue extraditado.

El principal abogado del capo en México, José Refugio Rodríguez, confirmó a Univision que la defensa de Guzmán en Nueva York obtuvo el documento el 16 de enero, luego de que el juez Brian M. Cogan falló a favor de los abogados de oficio de Guzmán que se oponían a que su cliente firmara la recepción del documento sin antes leerlo, como pretendía el consulado mexicano. El juez había dado como plazo el próximo 24 de febrero para que los abogados del capo y la fiscalía se pusieran de acuerdo en los términos para la entrega del documento.

En la solicitud se incluyen los 17 cargos que se le presentaron al líder del cártel de Sinaloa durante su primera audiencia en Nueva York, el 20 de enero. Le acusan de haberse “involucrado en una empresa criminal continua”, y de asociación delictuosa para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Este cargo afirma que Guzmán sabía que estas sustancias iban a ser “importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar en el extranjero”.

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El documento refleja que el gobierno mexicano aprobó que se le juzgara por cargos de tráfico de marihuana, heroína y metanfetaminas, drogas que no estaban incluidas en la petición de extradición a California, la primera que analizaron los jueces mexicanos que concedieron la extradición y que fue obtenida en exclusiva por Univision.

Entre los cargos se menciona también el porte de una ametralladora y más armas de fuego, además de asociación delictuosa para lavar dólares estadounidenses y de haber participado en “el transporte, la transmisión y transferencia de unos instrumentos monetarios y fondos desde los Estados Unidos a México y Colombia, con la intención de promover el tráfico de droga y para disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente y la propiedad de las ganancias de la venta de droga”.

La acusación insiste en que estos mecanismos para esconder sus ganancias, permitieron a Guzmán “promover la realización del narcotráfico”, pero no menciona específicamente en los cargos ningún homicidio, tortura o tratos crueles cometidos por Guzmán, como sí lo hicieron los fiscales que presentaron su caso al juez neoyorkino durante la primera audiencia.

Esta solicitud estadounidense había sido analizada y estudiada previamente por el gobierno de México antes de que terminara el proceso judicial para resolver la extradición, según confirmó a Univision Investiga una fuente del gobierno mexicano. El documento únicamente fue formalizado después de que un tribunal aprobara la extradición, en una audiencia pública en la que no hubo prensa y en la cual la defensa de Guzmán asegura que no estuvo presente, pues no tuvieron información de que ocurriría.

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Otra fuente de alto nivel del gobierno mexicano aseguró a Univision que la decisión era que Guzmán fuera trasladado a Nueva York durante el gobierno de Barack Obama, por lo cual se tomaron medidas urgentes para acelerar el proceso de traslado el 19 de enero, una vez que el tribunal confirmó la decisión de extraditarlo.

Estas medidas incluyeron que el avión del procurador general de México, en el que Guzmán fue trasladado a Nueva York, viajara a Ciudad Juárez horas antes del desarrollo de la audiencia en el tribunal, para acelerar el traslado una vez que se tomara la decisión.

El traslado urgente, de acuerdo con esta versión, buscaba que la defensa no interpusiera algún amparo de última hora para impedir nuevamente la extradición. Esa tarde la defensa no interpuso ningún amparo urgente contra el traslado, según confirmó a Univision un vocero del poder judicial mexicano. “ No supimos de la audiencia, el proceso estaba detenido en el tribunal y normalmente cuando el tribunal decide se demora hasta 10 días en engrosar el expediente. Aquí en unas horas lo engrosaron, le avisaron al gobierno de Estados Unidos, aprobaron la regla de especialidad y se lo llevaron”, dijo Rodríguez, quien el día de la audiencia final se encontraba en Ciudad Juárez, donde había ido a visitar a Guzmán.

El litigante asegura que la aprobación de la regla de especialidad es también ilegal, dado que el artículo que refiere el documento como sustento para el cambio de sede de juicio y de cargos criminales se refiere a un “tercer Estado”, lo cual significaría que Guzmán podría ser juzgado en un tercer país, distinto a México y Estados Unidos, no a una tercera corte dentro de la Unión Americana.

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Rodríguez anticipó que en los próximos días presentará varias quejas, un amparo y una solicitud de juicio político contra el canciller mexicano, Luis Videgaray, por lo que considera “ilegalidades flagrantes en el proceso de extradición”.

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