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WSJ: el gobierno compró una base de datos de teléfonos celulares para ubicar inmigrantes

El diario The Wall Street Journal dio a conocer el reporte que señala que las agencias federales de inmigración no entregan detalles respecto a la herramienta y su uso, pero que garantizan que la privacidad de los estadounidenses está protegida.
7 Feb 2020 – 11:36 AM EST

Las agencias federales utilizan datos de ubicación de teléfonos celulares para aplicar la ley de inmigración, denunció el diario The Wall Street Journal (WSJ).

El periódico dijo que la herramienta fue conseguida tras la compra del acceso a una base de datos comercial que rastrea y mapea los movimientos de millones de teléfonos celulares.

La información “la están utilizando para la implementación de la ley de inmigración y la seguridad fronteriza”, dijo el periódico atribuyendo el hecho a personas familiarizadas con el tema.

El WSJ dijo que también tuvo acceso a documentos que explican el alcance de la herramienta.

“Los datos de ubicación se obtienen de aplicaciones de teléfonos celulares comunes, incluidas las de juegos, clima y comercio electrónico, para las cuales el usuario ha otorgado permiso para registrar la ubicación del teléfono”, explicó.


De qué se trata

El diario dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado la información para detectar a inmigrantes indocumentados y otras personas que pueden ingresar ilegalmente al país.

Indicó además que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), agencia encargada de las deportaciones y que opera bajo el mando del DHS, ha utilizado los datos para ayudar a identificar a los inmigrantes que posteriormente fueron arrestados.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), encargada de la vigilancia de las fronteras, también utiliza la información “para buscar actividad de teléfonos celulares en lugares inusuales”, tal como zonas remotas en el desierto que se extienden a lo largo de la frontera con México, dijeron las fuentes mencionadas por el periódico.


No se sabía

El uso de la herramienta por parte del gobierno federal para fines de aplicación de la ley de inmigración era un secreto, hasta ahora.

“Los expertos dicen que la información equivale a uno de los mayores tesoros conocidos de datos a granel desplegados por las fuerzas del orden público en Estados Unidos”, indicó el periódico. Y que el uso de esta información “parece estar en una base legal firme, porque el gobierno compra el acceso a un proveedor comercial privado”.

Hasta ahora el uso de esta información no ha sido desafiado en los tribunales de justicia. Pero la revelación de la herramienta pone en el tapete el debate sobre los alcances de la vigilancia comercial progresiva “que ahora está llegando a manos del gobierno”, dijo al diario Alan Butler, asesor general del Centro de Información de Privacidad Electrónica, un grupo de expertos que impulsa leyes de privacidad más estrictas.


Clima de miedo

“La noticia aumenta los temores en la comunidad inmigrante”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona. “Esto hará que muchas personas cambien la manera en cómo se comunican”.

“También es probable que el gobierno arreste a las personas equivocadas, individuos que le prestaron el teléfono a otro individuo que estaba en el radar de las autoridades”, agregó.

“Pero en concreto, esto pone más pánico en el publico”, dijo Hernández. “Y perjudicará la colaboración o la denuncia de hechos delictivos a la policía si algo les pasa. El saber que el gobierno los está rastreando asusta a las personas y causa un impacto negativo”.

A la pregunta si cabe un consejo tras conocerse la noticia de la nueva herramienta para rastrear inmigrantes deportables, Hernández dijo que “por ahora no sabemos cómo funciona la herramienta en detalle. Pero lo recomendable es no colocar información sensible y confidencial en los teléfonos celulares. Hay que proteger la privacidad”.


Los vendedores

Según el WSJ, el acceso a la base de datos comenzó a ser tramitado en 2017 por una división del DHS. El proveedor es Venntel Inc, de Herndon, Virginia, una compañía tecnológica que comparte varios ejecutivos y patentes con Gravy Analytics, una pieza importante en el sector móvil.

El reportaje añade que en 2018 ICE compró licencias Venntel por valor de $190,000. Y en septiembre del año pasado la CBP compró $1.1 millones en licencias para tres tipos de software, incluidas las suscripciones de Venntel para datos de ubicación.

The Wall Street Journal dijo que el DHS y las agencias bajo su mando “reconocieron” haber comprado el acceso a la base de datos, pero no discutieron los detalles sobre cómo lo están utilizando en las operaciones policiales.

Otras fuentes familiarizadas con protocolos de operación de las agencias indicaron que la herramienta se utiliza para “generar pistas de investigación sobre posibles cruces fronterizos ilegales y para detectar o rastrear grupos de migrantes”.

CBP dijo que tiene “protecciones de privacidad” y límites sobre cómo usa la información para ubicar teléfonos. Agregó que solo accede a una pequeña cantidad de datos de ubicación, y que garantiza “proteger la privacidad de estadounidenses”.


“Lo intuíamos”

“Esto es grave, muy grave”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Lo intuíamos, teníamos sospecha de que algo así estaba sucediendo, pero no estaba confirmado”, agrega.

“Una familia aquí en California se mudó de casa el viernes de la semana pasada porque tenían una orden de deportación. El sábado un grupo de agentes de ICE llegó a la antigua residencia. No había nadie. Y el lunes, de madrugada, estaban en las afuera del nuevo apartamento. La única manera de haberlo sabido era por el teléfono”, indicó.

Gálvez dijo además que el gobierno "está comprando legalmente" este tipo de información que se colecta a través de Apps que utilizan GPS, entre ellos mapas e incluso para ver el estado del tiempo.

En un comienzo ICE tuvo acceso a la base de datos de la herramienta “para su uso por parte de sus investigadores que rastrean organizaciones criminales de tráfico de personas y drogas”, dijo el WSJ. “Posteriormente, la información fue compartida con la unidad que lleva a cabo deportaciones”.

La agencia federal dijo además que “no discutimos tácticas o técnicas específicas de aplicación de la ley, ni discutimos la existencia o ausencia de capacidades específicas sensibles a la aplicación de la ley".

En general, “ICE no utiliza los datos de ubicación para las operaciones de deportación de rutina”, aseguró Bryan Cox, portavoz de ICE.

El presidente de Venntel, Chris Gildea, dijo: que "no podemos hacer comentarios en nombre de nuestros clientes, y cualquier consulta sobre este contrato debe dirigirse al DHS".


Fallo de la Corte Suprema

En 2018 la Corte Suprema, en una decisión 5-4, determinó que el gobierno no puede monitorear los movimientos de personas por semanas o meses por medio del rastreo del teléfono celular, a no ser que tenga una orden judicial que lo permita.

Los magistrados que votaron a favor argumentaron que los rápidos avances en la tecnología han hecho inadecuadas las regulaciones sobre el respeto a la privacidad.

El magistrado presidente John Roberts escribió el razonamiento que fue respaldado por los cuatro jueces liberales del máximo tribunal, pero rechazada por los otros cuatro magistrados conservadores.

Por ejemplo, el conservador Anthony Kennedy señaló que el rastreo de celulares era permitido porque esa tecnología está en manos de las empresas de telefonía celular, no de los portadores de los teléfonos. "El nuevo curso sin dirección clara inhabilitará a las autoridades", dijo.

La decisión también tuvo implicaciones de todo tipo sobre información personal de terceras partes, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto, búsquedas en internet e información bancaria y de tarjetas de crédito.

Sin embargo, el juez Roberts señaló que la decisión está circunscrita a un ámbito específico. "Mantenemos que una orden judicial es requerida solo en la rara circunstancia donde el sospechoso tiene un legítimo interés privado sobre datos que tiene un tercero". Sin embargo, esa argumentación puede provocar todo tipo interpretaciones.

En todo caso, la decisión de la Corte Suprema es una gran victoria para quienes defienden la posibilidad de incrementar los derechos de privacidad porque -dicen- se necesita más protección a la hora de que el gobierno busque obtener información de terceras partes, tales como una empresa de celulares.

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