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Trump pide al Congreso $4,500 millones adicionales para la frontera

La solicitud de fondos adicionales llega en momentos de una nueva embestida del mandatario para imponer su dura agenda migratoria en la frontera, que busca detener la llegada de inmigrantes, pero sin la ayuda del Congreso.
1 May 2019 – 2:01 PM EDT

El gobierno de Donald Trump pidió este miércoles al Congreso una partida presupuestaria adicional de $4,500 millones para atender la crisis humanitaria que se registra en la frontera sur del país.

En la víspera el secretario interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, había advertido ante un panel de la Cámara de Representantes que ese ministerio se estaba quedando sin fondos debido a los gastos generados por el alto número de migrantes que en los últimos meses han llegado a la frontera en busca de asilo.

La petición, enviada por la Casa Blanca, incluye $3,300 millones para asistencia humanitaria y $1,000 millones para operaciones fronterizas.

En febrero el Congreso le otorgó a Trump $1,375 millones para la reposición y construcción de tramos de muro en la frontera y otros aspectos de seguridad, muy por debajo de los $5,700 millones que el mandatario exigía para erigir el muro a lo largo de la frontera y con ello cumplir una de sus inconclusas promesas de campaña.


No cede un centímetro

Si el Congreso aprueba el pedido, Trump tendría disponible un poco más de dinero que la cantidad reclamada a comienzos de año.

La solicitud de fondos adicionales llega en momentos de una nueva ofensiva del mandatario para imponer su agenda migratoria en la frontera, que busca detener la llegada de inmigrantes, pero sin la ayuda del Congreso.

Fuentes demócratas del Senado dijeron a Univision Noticias que esperarán lo que decida primero la Cámara de Representantes, bajo el liderazgo de la oposición desde el pasado 3 de enero.

En la Cámara Baja los demócratas señalan que ya le dieron a Trump dinero en febrero.

Ese mes Trump declaró una emergencia nacional en la frontera y pidió al Congreso $8,000 millones para construir un muro.

Semanas más tarde urgió al Congreso a que elimine lo que define como “vacíos legales” que le impiden llevar a cabo su política de tolerancia cero y deportar de forma acelerada a los miles de migrantes que llegan a la frontera en busca de refugio tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza.


Exigencias del ejecutivo

Entre los cambios urgidos por Trump se encuentran una ley sobre prevención de tráfico humano de 2018, un acuerdo judicial de 1997 que prohíbe el encierro de menores de edad y otro que garantiza el derecho de fianza.

El mandatario también ha firmado órdenes ejecutivas para negarle el derecho de fianza a los peticionarios de asilo, y esta semana anunció que impondrá tarifas a los asilados por la solicitud y el permiso de trabajo, negará autorizaciones de empleo a quienes ingresen por zonas no autorizadas, acelerará los procesos a no más de 180 días y deportará de inmediato a quienes reciban una orden final de deportación.

“Se trata de un esquema maquiavélico”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “No me cabe duda de que si se implementan estas medidas, habrá una nueva batalla legal sobre la política migratoria del presidente”, agregó.


Legalidad de la tarifa

Sánchez dijo además que “el solicitar asilo es un derecho de Estados Unidos y del derecho internacional. No es un privilegio por el cual el inmigrante tiene que pagar”. Y que además es “repugnante, ofensivo y antiamericano la idea de que se le cobre una tarifa a aquellas personas buscando refugio y huyendo de la persecución, la muerte o la tortura”.

No obstante, advirtió, “la tarifa es legal”. Y explicó que “la ley de inmigración ya incluye una disposición que permite que el gobierno le imponga tarifas a los inmigrantes solicitando asilo o permisos de trabajo”, apuntó.

Sin embargo, la abogada dijo que de hacerlo, “la mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera no tendrán medios económicos para pagar el cobro impuesto. Por lo tanto, someterían una exención financiera, que probablemente sería otorgada”.

En cuanto al plazo máximo de 180 días para resolver un caso de asilo, Sánchez dijo que, al no incluir el período de apelación, “es bastante obvio que este presidente no tiene idea de cómo funciona realmente el proceso de la corte de inmigración y los retrasos significativos que existen en los tribunales”, que hasta la semana pasada tenían más de 860,000 casos acumulados.


Nueva estrategia

Por aparte, el diario The Washington Post dijo este miércoles que Trump ha centrado su atención en los cambios a la política de asilo tras reconocer, finalmente, que le será imposible construir el muro prometido a sus electores a todo lo largo de la frontera con México.

La estrategia, liderada por Stephen Miller, uno de los principales asesores del mandatario en este campo, ha concluido que las restricciones al asilo son más eficaces que las medidas alternativas de control de fronteras y con ello revertir el aumento en las familias de inmigrantes provenientes principalmente del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México.

El diario dijo además que la reciente salida del gabinete de la secretaria Kirsjten Nielsen al mando del DHS y la llegada de McAleenan, obedeció a la resistencia de funcionarios de cambiar la política de asilo como exige Miller.

Pero los cambios anunciados hasta ahora por Trump a la política de asilo no necesariamente benefician su estrategia. “Una consecuencia de esta propuesta será retrasar aún más los casos que ya están ante los tribunales y que en este momento tienen fechas de audiencia de 1 o 2 años en el futuro”, recalca Sánchez.

“Lo que está haciendo el presidente con esto es abrir la puerta para que aquellas personas con casos ante los tribunales obtengan beneficios adicionales de inmigración debido al paso del tiempo. No hará nada para reducir el número de supuestos inmigrantes indocumentados en el país. Más bien, el resultado puede tener el efecto contrario al deseado”, indicó.

La abogada, que trabajó durante más de 15 años como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia, dijo además que “al presidente no le importa si recibe apoyo del Congreso para sus cambios de política. De hecho, sus acciones parecen sugerir que no cree en la separación de poderes, en particular en la supervisión del Congreso para limitar el poder ejecutivo”, señaló.

El Centro de Estudios de Inmigración (CIS), un aliado de Trump en su política migratoria, ha dicho que no se imagina cómo el presidente seguirá adelante con su política migratoria sin que el Congreso cambie la ley, indicó el Post.

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