"Xenofóbica y altamente preocupante": así es el proyecto de ley que busca hacer de Florida el estado más "antinmigrante" de EEUU
Tras varias semanas de preparativos y advertencias, ambas cámaras de la Asamblea Legislativa de Florida recibieron el jueves un proyecto de ley que, de ser aprobado y luego promulgado por el gobernador Ron DeSantis (republicano), convertirán al estado en el más antiinmigrante de Estados Unidos.
La iniciativa, que responde fielmente a la política migratoria de DeSantis fundamentada en la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, incluye, entre otras medias, prohibir que los indocumentados utilicen identificaciones válidas que hayan sido otorgadas por jurisdicciones de Florida u otros estados o el traslado de extranjeros sin papeles.
Exige que los hospitales reporten la atención de extranjeros no autorizados y amenaza con cancelar licencias de operación a empleadores que los contraten sin haber cumplido con los requisitos del programa federal E-Verify.
“El plan permite que el estado se inmiscuya en el tema migratorio de manera tal que va a asustar a la comunidad inmigrante, muchos de ellos en procesos válidos de inmigración”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami.
La propuesta, que cuenta con el total respaldo del gobernador, “incorpora tantas cosas que altera y asusta a la comunidad, entre otras cosas, por el mero hecho de transportar o albergar a un indocumentado. Pone este acto como una felonía de tercer grado, que lleva consigo una pena de cárcel de 5 años. Y si el transportado es menor de edad, hasta con 15 años de cárcel”, agrega.
Las alarmas saltaron porque ni en los anuncios previos y tampoco en los proyectos enviados a ambas cámaras de la Asamblea, despejan las dudas en cuanto a cómo la policía determinará cuando detener un vehículo, en base a qué justificará una causa razonable para tomar una determinación o cómo demostrar la existencia de una sospecha razonable para llevar a cabo un arresto legal.
“La falta de claridad crea una especie de perfil racial que es ilegal”, afirma Leal.
“Y si hay perfil racial entonces ya no hay causa probable. Y el proyecto tampoco toma en cuenta que el estado de Florida es el estado de residencia de millones de familias con estatus mixtos, millones de ciudadanos estadounidenses y residentes legales casados con indocumentados, en hogares donde hay niños nacidos en Estados Unidos con hermanos que no tienen documentos. Por lo tanto, ahí es donde está el peligro en la implementación de esta ley. Hay mucho miedo en la comunidad”.
Todo bajo la óptica del terrorismo
La crisis migratoria que se vive en la frontera sur con México no comenzó hace dos años cuando Trump abandonó la Casa Blanca tras perder las elecciones del 2020.
La crisis fue advertida por primera vez en 2013 por un grupo de expertos de la Universidad de California, entre quienes se hallaba la investigadora Elizabeth Kennedy.
Un primer informe fue entregado a las Naciones Unidas donde de señalaba que el problema de la migración iba en aumento debido a décadas de abusos en los países de Centroamérica, guerras, crimen organizado, pandillas, narcotráfico, pobreza, violencia doméstica y cambio climático, entre otras causas que estaban haciendo que la gente huyera de sus naciones y se dirigiera rumbo a Estados Unidos en busca de asilo y oportunidades.
La ONU avisó ese año al entonces gobierno de Barack Obama, pero no fue sino hasta un año después que la Casa Blanca de ese entonces, en 2014, reconociera la existencia de una crisis tras la detención en lo que iba del año fiscal de unos 42,000 menores no acompañados e igual número de familias.
El gobierno federal no estaba preparado para esa crisis.
No contaba ni con instalaciones ni con recursos para atenderla. Y la ley vigente, aprobada por el Congreso, otorga el derecho a cientos de miles que llegan a la frontera a pedir asilo y que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan sus futuros en Estados Unidos.
Y al igual que ahora, 10 años después, con las mismas causas detectadas en 2013 y con cada vez más inmigrantes huyendo y tratando de pedir asilo en la frontera sur, el gobierno sigue sin los fondos suficientes para atender la crisis, y tampoco cuenta con instalaciones para detenerlos y procesarlos. Y la Corte de Inmigración (EOIR), que en 2016 tenía acumulados unos 500,000 casos, ahora tiene más de 2.2 millones.
“En estos 10 años eso no ha cambiado”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración de Miami. “El recurso legal disponible sigue estando, aunque en algunos casos con ciertas restricciones, pero son los jueces quienes tienen en sus manos el futuro de miles de personas. Y si el gobierno no invierte en la corte y los casos siguen aumentando, la crisis se hará cada vez más grande”, advierte.
En febrero, durante la entrega del informe sobre el Estado de la Unión, el presidente Joe Biden dijo en el Capitolio que “los problemas fronterizos de Estados Unidos no se solucionarán hasta que el Congreso actúe. Si no aprueba mi reforma migratoria integral, al menos aprueben mi plan para proporcionar el equipo y los oficiales para asegurar la frontera”.
Hasta ahora no lo ha hecho.
La respuesta de DeSantis
La inacción del Congreso en Washington DC tampoco es nueva ni es responsabilidad del actual gobierno. Ya durante el segundo mandato de George W. Bush el debate migratorio se estancó, sobre todo para la aprobación de políticas de beneficios para ciertos inmigrantes indocumentados. Ello ha dado paso al uso del poder Ejecutivo en medidas temporales como DACA o ampliaciones de TPS.
Pero abrió la puerta para la aprobación de medidas severas de control de la inmigración indocumentada, como la construcción del muro en la frontera con México y un millonario proyecto de muro digital.
La segunda valla, consistente en cámaras, sensores, luces y complejos sistemas virtuales, fue finalmente cancelado por Obama porque no cumplió con los objetivos señalados en la ley que lo justificaba.
Biden humanizó la descripción del migrante cuando llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 llamándolo no-ciudadano, pero el proyecto de ley migratorio de Florida lo vuelve a poner en el centro de una estrategia “integral multidisciplinaria de seguridad interna que guiará la prevención, preparación, protección, respuesta y esfuerzos de recuperación contra ataques terroristas e incidentes de aplicación de inmigración y hacer apropiado recomendaciones para asegurar la implementación de dicha estrategia”.
Para lograr el objetivo, el plan es convertir a Florida en un estado policíaco “que asustará al comercio, a los empleadores e incluso amenaza hasta con sanciones de por vida para los empresarios que reincidan en la contratación de inmigrantes indocumentados”, dice Leal.
“Esto se trata de un mecanismo que se va a mal utilizar y no solucionará el problema de la inmigración que es federal”; agrega. “No tienen jurisdicción sobre el tema migratorio, sin embargo, utilizan el tema para crear sanciones y sembrar miedo”.
Algunas claves del proyecto
- Prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados;
- Obliga a los hospitales recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales.
- Modificar reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados;
- Aumentar las multas por emplear a indocumentados;
- Castigar con mayor severidad a los reincidentes por contrata ilegal;
- Penas de cárcel a extranjeros que a sabiendas utilicen papeles falsos;
- Exigir el uso obligatorio del programa federal E-Verify;
- Amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contrata de indocumentados;
- Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA);
- Multa y cárcel a quienes transporten indocumentados (no explica qué pasa con aquellos matrimonios mixtos);
- Criminaliza la estadía indocumentada, siendo que se trata de una falta de carácter no criminal.
La iniciativa de ley dice que será un consejo el encargado de velar por el cumplimiento del plan migratorio, instancia que “hará una recomendación de financiamiento anual para el gobernador y la Legislatura, quien priorizará las solicitudes de financiación en función de las asignaciones de todas las fuentes disponibles para implementar la política interna del estado estrategia de seguridad”.
Una iniciativa “altamente preocupante”
“La política migratoria de los republicanos en Florida y de su gobernador y líder, DeSantis, es xenofóbica y altamente preocupante”, dice Joe García, abogado y exrepresentante demócrata ante el congreso federal.
“Están victimizando al grupo de inmigrantes que compone gran parte de nuestro estado. Esto es peligroso a largo plazo y puede causarle mucho daño a los republicaos”, agrega. “Están cometiendo un error similar al que hace unas décadas cometió California, que terminó siendo demócrata tras la Acción Afirmativa”, que permitió igualdad de acceso a las universidades a latinos, afroamericanos y nativos americanos.
García dijo además que el condado más productivo de Florida es Miami, “donde casi el 63% de sus ciudadanos nacieron en otro país. No están viendo eso. El proyecto de ley está tratando de establecer un estado policiaco y la responsabilidad de eso va a tener que pagarla el Partido Republicano. No entienden que el GOP tiene una mayoría en gran parte por los hispanos”.
Otras reacciones al plan:
- “Estos proyectos de ley crean un estado de vigilancia y persecución, no solo para los inmigrantes que viven en Florida, sino también para los ciudadanos”. Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
- “No podemos coexistir en una sociedad donde las amenazas a las entidades públicas locales, empresas, entidades de alojamiento y transporte y hospitales continúan operando, obligándolos a un papel de pruebas biológicas y vigilancia de su fuerza laboral y la comunidad que busca sus servicios”. Paul Namphy, organizador principal del Movimiento de la Red de Acción Familiar.
- “Algunos de los funcionarios electos de Florida no solo están volviendo a la orgullosa tradición del Estado de ser un faro de esperanza para las familias que huyen de peligros que amenazan sus vidas, sino que también están apoyando una agenda anticristiana llena de odio que generará miedo, división, violencia, discriminación y una Florida debilitada”. Agustín Quiles, director de asuntos gubernamentales de Florida Fellowship of Hispanic Bishops and Evangelical Institutions (FRACEEV).
- “Nuestra familia, amigos y vecinos correrán el riesgo de ser acusados de un delito grave por llevar a cabo su vida cotidiana, como transportar a un niño del vecindario a la práctica de fútbol o que un abogado lleve a su cliente a la corte de inmigración. Si se aprueba, esta ley privaría a los floridanos de la libertad de moverse libremente por el estado”. A.J. Hernández Anderson, abogado supervisor principal del Southern Powerty Law Center (SPLC) Action Fund.
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