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Niños migrantes pasan semanas bajo la custodia del gobierno, incluso cuando sus padres viven en EEUU, según reporte

El diario The Washington Post relevó que Menores No Acompañados (UAC) detenidos por las autoridades federales en la frontera con México permanecen privados de libertad más allá de los plazos establecidos, incluso cuando tienen padres y familiares inmediatos en territorio estadounidense. Y que en vez de acelerar los procesos, el gobierno está abriendo nuevos centros.
21 Abr 2021 – 03:10 PM EDT
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A pesar de que el número de detenciones de Menores No Acompañados (UAC) en la frontera con México ha disminuido en las últimas semanas, el tiempo que permanecen bajo la custodia de las autoridades federales se mantiene alto y en muchos casos sobrepasa los plazos establecidos por el Acuerdo Judicial Flores de 1997, a pesar que tienen a sus padres en Estados Unidos.

Un reporte del diario The Washington Post publicado este miércoles revela que funcionarios gubernamentales “parecían no tener prisa” por reconocer la paternidad de algunos detenidos, situación que genera preocupaciones por el estado de salud mental de los menores detenidos.

Tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, el gobierno revirtió gran parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, que entre las medidas adoptadas durante su mandato dificultó el refugio, implementó deportaciones aceleradas de niños y adultos y devolvió a más de 65,000 inmigrantes a México a esperar sus casos de asilo en tribunales estadounidenses.

La nueva política de Biden restableció la vigencia del Acuerdo Flores y de la Ley TVPRA sobre prevención de tráfico humano, que entre otras medidas prohíbe la deportación inmediata de UAC y exige que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en Estados Unidos.

Pero la mayor dificultad se centra en la Corte de Inmigración, que a principios de enero tenía casi 1.3 millones de casos acumulados y unos 500 jueces. Cada uno de ellos atiende 700 casos por año, lo que significa que en promedio tardarán 3.7 años en eliminar la lista de espera siempre y cuando no se agregue ningún caso nuevo.

El camino legal

Citando casos de menores bajo el cuidado del gobierno, el diario dijo haber hallado situaciones en las que menores permanecieron hasta 10 días en instalaciones de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), siendo que el Acuerdo Flores solo permite hasta un máximo de 72 horas (tres días).

Finalizado ese plazo, el UAC debe ser entregado, o bien a familiares en Estados Unidos o al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), donde por orden judicial no pueden permanecer más de 20 días.

En caso de que el menor no tenga familiares en Estados Unidos, el HHS remite al menor al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que opera bajo su jurisdicción.

En todos los casos, los menores, tanto aquellos que sean liberados como quienes permanecen bajo la tutela del gobierno, continúan con sus procesos de deportación hasta que un juez decida, o bien que sean deportados, les conceda asilo o cualquier otro beneficio migratorio disponible.

Más allá del plazo

En marzo, The Washington Post reportó que, en base a informes del Departamento de Seguridad (DHS), el gobierno mantenía un alto número de UAC “en celdas de detención durante más tiempo de lo permitido, y que funcionarios federales de salud “retrasan aún más” los plazos porque no disponen de suficientes camas ni centros donde recibirlos y puedan continuar con sus procesos migratorios.

La cadena CNN, por su parte, publicó una nota señalando que los niños migrantes no acompañados que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México permanecen bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza durante más de tres días en promedio (hasta 77 horas), y que la crisis estaba aumentando con el paso de los días.

El gobierno de Biden reconoció el problemas para cumplir con el plazo estipulado por el Acuerdo Flores, pero advirtió que las dificultades obedecían a la existencia de un sistema dañado durante el gobierno de Trump, quien desarmó la infraestructura existente, y que se necesita tiempo para procesar los miles de casos que abarrotan los centros de detención de la Patrulla Fronteriza.

A diferencia del gobierno anterior, que se esforzó por detener y deportar a la mayor cantidad de menores y familias migrantes posible, incluso separándolos forzosamente cuando llegaban en busca de asilo, Biden reitera que está cumpliendo con el Acuerdo Flores de 1997 y otras disposiciones legales que regulan el proceso de asilo.

“La situación que enfrentamos actualmente en la frontera suroeste es difícil”, dijo en marzo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. Y aseguró que la atención de los UAC se hará manteniendo nuestras fronteras seguras” y “respetando la ley”.

A paso lento

Pese a los compromisos anunciados por el gobierno de Biden, el diario dice que los casos de UAC en la frontera se abren paso “lentamente a través de un sistema burocrático que se ha visto abrumado por un número sin precedentes de niños y adolescentes migrantes que llegan sin sus padres”.

Agrega que el retraso afecta profundamente a los menores, además de tener “un alto costo financiero: el gobierno estima que gasta $775 por día en albergar y cuidar a un niño migrante en un albergue de emergencia”.

El periódico añadió que más del 40% de los menores liberados por el gobierno tienen al menos un padre que ya vive en Estados Unidos, pero que el HHS ha tardado 25 días en promedio para aprobar la liberación y otorgar la custodia a la madre o el padre, un número que bajó a 22 días jueves, según los últimos datos internos revisados.

“Se tarda un promedio de 33 días en entregar a los menores a otros familiares inmediatos, como hermanos”, añade.

La base de datos del HHS a la que tuvo acceso Univision Noticias, reporta que al 15 de abril había 19,798 UAC bajo custodia del HHS.

La postura oficial

El 16 de marzo, Mayorkas entregó un informe detallando la política del gobierno en la frontera con México y el trato que otorga a los UAC detenidos por las autoridades.

Indicó que la situación que se vive en la frontera entre ambos países se trata de un “problema serio” y aseguró que el gobierno estaba haciendo todo lo posible para encarar la emergencia, desatada una vez que Biden revirtió varias de las medidas que su antecesor había decretado en el marco de una política migratoria de ‘tolerancia cero’.

En cuanto a la edad de los detenidos en la frontera, el informe entregado por Mayorkas reveló que la mayoría de los arrestados en la frontera sur se trata de “adultos solteros”, quienes son expulsados se inmediato bajo el Título 42 por la pandemia. “La expulsión de adultos solteros no representa un desafío operativo para la Patrulla Fronteriza debido a la velocidad y la carga mínima de procesamiento de su expulsión”, indicó.

Respecto a las unidades familiares, Mayorkas advirtió que “también estaban siendo expulsadas bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC)”.

“Las familias de México y los países del Triángulo Norte son expulsadas a México a menos que México no tenga la capacidad de recibir a las familias. Las familias de países distintos a México o el Triángulo Norte son expulsadas en avión a sus países de origen. Se pueden hacer excepciones cuando un miembro de la familia tiene una vulnerabilidad aguda”, precisó.


Mayorkas apuntó que los UAC eran llevados a una instalación de la Patrulla Fronteriza y procesados” para su transferencia al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), en lo posible, dentro de los plazos y disponibilidad de espacios y por protocolos de prevención del covid-19.

Liberaciones vs. centros

El reporte de The Washington Post precisó que los funcionarios federales indican que están luchando para acelerar las reunificaciones, simplificar los requisitos e incluso ofrecer pagar los costos de transporte de los padres. Y que tanto abogados, como legisladores y funcionarios de la Casa Blanca instan a actuar más rápido, diciendo que las detenciones prolongadas traumatizan a los niños y los ponen en riesgo de contraer el coronavirus.

Pero durante las últimas semanas, el gobierno se ha centrado principalmente en “reducir la cantidad de niños detenidos en carpas y cárceles de la CBP hacinadas” y en vez de liberarlos, las autoridades se han apresurado en abrir nuevos refugios de emergencia para albergar UAC temporalmente, ya sea en centros de convenciones, bases militares o antiguos campamentos de trabajadores petroleros.

“Este esfuerzo cuesta al menos $60 millones por semana, según un análisis de estimaciones del gobierno, y se espera que continúe durante meses”, dijo el diario. Agregó que la política de nuevos lugares para procesar menores en lugar de liberarlos más pronto con familiares en Estados Unidos ha acelerado preocupaciones entre defensores y abogados.

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