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Guatemala tiembla ante la amenaza de deportaciones de Donald Trump

Las promesas de campaña de Trump atraviesan como un escalofrío a los guatemaltecos en EEUU, a sus familias que se mantienen en el país, y a funcionarios, políticos y activistas. No tanto por la idea de construir un muro en la frontera sino por las acciones ejecutivas que pueda dictar y las reformas legislativas que pueda proponer.

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala.-Tengo un amigo que vive en Louisville, Kentucky. Es mexicano, pero desde su adolescencia residió en Guatemala. Se fue hace unos años, después de que alguien irrumpiera en su casa en varias ocasiones. Todos sabíamos que eran represalias por su trabajo como periodista de investigación, y naturalmente ni él ni su esposa estadounidense ni sus dos hijos dudaron en marcharse. Su esposa se llama Shannon. Sus hijos, Liam Santiago y Diego. El nombre suyo es Luis.

En Estados Unidos Luis tiene ahora documentos y una vida apacible y enriquecedora, al menos para los estándares guatemaltecos: hace música, radio, pinta, diseña febrilmente proyectos de apoyo para inmigrantes y les ofrece talleres de percusión como una forma de aliviarles la vida, de ayudarles a recomponerse y facilitarles la integración en la ciudad.

Muchos de ellos son muchachos de la costa pacífica de Guatemala, de zonas rurales o semirurales. Algunos llegaron con el oleaje de niños no acompañados de 2014. Otros lo hicieron antes. Varios trabajan con caballos llamados a participar en el Derby de Kentucky. La semana pasada, le preguntaron si creía que Donald Trump iba a ganar las elecciones. El pavor que los atravesaba era evidente.

“Ya no nos van a contratar para cuidar los caballos”, le dijeron. Cinco de los muchachos a los que enseña percusión mantienen a distancia a una familia con US$800 mensuales.


Luis les pidió que no se pusieran nerviosos, aunque a él mismo –papeles de residente en la mano– le devora la ansiedad. Los muchachos se irán ahora a pasar el invierno con los caballos a Florida, en busca de un clima más agradable para el cuidado y la crianza de los animales. Luis cree que volverán, y que su trabajo no correrá peligro (al fin y al cabo, son económicamente necesarios) pero le desazonan otras cosas.

Por un lado, está seguro de que Trump creará, si es que no lo hizo ya, una atmósfera tan irrespirable que no lograrán encontrar un empleo mejor. Por otro, que es posible que les bajen el salario y les reduzcan los pocos derechos que ya tienen.

Pero lo peor, opina Luis, es el sentimiento anti-inmigrante que se está instalando en contra de los latinos. Luis imagina violencia, Luis dice “la residencia es solo un hilo”, frágil.

Shannon, su esposa, escribió esto en Facebook el día de las elecciones: “Hemos huido de un país para estar a salvo, y no voy a votar en alguien que hace que mi familia y yo sintamos que estamos en peligro físico de nuevo”.

La vida es solo un hilo.

“Los guatemaltecos, los más vulnerables a la deportación”

Son temores extendidos.

Los guatemaltecos en Estados Unidos, y también los mexicanos, están aterrorizados, asegura Alejandro Flores, un guatemalteco que estudia racismo y violencia como parte de su doctorado en Antropología en la Universidad de Texas. “Creen que en pocos meses pueden iniciar deportaciones masivas. Yo no sé si sea realista que se vayan a deshacer de esa mano de obra barata”.


A Flores le preocupa más el “racial profiling” y los efectos que pueda tener el tono xenófobo de la campaña de Trump en volver aún más vulnerables a los inmigrantes ante la violencia policial, racista o del crimen organizado. “De por sí, a nadie le importa ahora los asesinatos y muertes masivas de migrantes que suceden en el desierto de Arizona. Se puede poner peor. Ese tipo de violencia puede incrementar y si el Estado no está haciendo nada ahorita, puede no solo que haga menos, sino que promueva lo que llaman `prevention by deterrence´ para evitar la migración”.

Las promesas de campaña de Trump han atravesado como un escalofrío a los guatemaltecos que trabajan en EEUU, a sus familias que se mantienen en el país, y a funcionarios, políticos y activistas. No tanto por la idea de construir un muro en la frontera con México, que los especialistas juzgan inviable aunque su solo anuncio les suene brutal. Sino por las acciones ejecutivas que pueda dictar y las reformas legislativas que pueda proponer: el endurecimiento inmediato de los controles fronterizos, la derogación de DAPA y DACA, una ley migratoria más intransigente a mediano plazo que, unida al discurso xenófobo, justifique el despojo de los derechos más básicos de los migrantes y los haga aún más vulnerables en EEUU, y por las deportaciones masivas despiertan el terror de los trabajadores temporales y los indocumentados, que son vistas además como un pingüe negocio para muchas empresas.


Luis Padilla, decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar, cree que lo más probable es que tome medidas urgentes para limitar el ingreso de migrantes, para cumplir de manera inmediata con sus promesas “tipo showbusiness”, pero que cuando pretenda llevar la reforma migratoria al Congreso, puede encontrar oposición de parte de una coalición de demócratas y republicanos reaganeanos dolidos por su ataque a algunos de sus principios más básicos.

“Los guatemaltecos son los migrantes más vulnerables a la deportación”, explica Pedro Pablo Solares, un abogado que trabaja a caballo entre Guatemala y Estados Unidos con comunidades de migrantes desde hace 11 años. “No tienen TPS, ni una buena red consular, especialmente los indígenas que vive en condados rurales que votaron por Trump. Alrededor de 600,000, calculo, ni siquiera tienen pasaporte guatemalteco. Cuando Trump necesite personas para llenar los cupos de deportación, la gallina más fácil de agarrar es la guatemalteca”.

Efecto Última llamada

Mientras el número de mexicanos capturados en la frontera se redujo en los últimos años, Guatemala pasó a alternarse con El Salvador los dos primeros puestos de la clasificación en 2015 y 2015. Aunque el Pew Center estimó que el número de guatemaltecos indocumentados ascendía a 525,000 en 2014, lo que la colocaba en tercer lugar por detrás de México y El Salvador, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, siempre reacio a reconocer una cifra de indocumentados mayor a 700,000, acaba de recalcular sus datos para elevarla a una que oscila entre 1.7 y 2.2 millones. Entre 1994 y 2016 las remesas han crecido hasta convertirse en uno de los pilares de la economía nacional.

Por eso, si la principal preocupación es humanitaria y tiene que ver con cómo serán tratados quienes ya viven en EEUU o están en la ruta, la victoria de Trump plantea también preguntas sobre la manera en que sus decisiones migratorias afectarán al Producto Interno Bruto (PIB).

“Mucha gente empezó a migrar en masa hace un tiempo, ante la posibilidad de que ganara Trump. Ahora, probablemente quien quiera irse se lo va a pensar más”, indica Úrsula Roldán, especialista en asuntos migratorios de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.

En 2015 se recibieron US$6,285 millones en remesas bancarias, casi un 10% del PIB, y para 2016 se proyecta un cierre por encima de los US$7000, aunque de esa cifra una proporción desconocida responda al lavado de dinero, apunta Roldán.


La evolución de las remesas de EEUU a Guatemala
FUENTE: Banco de Guatemala | UNIVISION

Cuando uno viaja por Guatemala le queda la sensación de que en las dos últimas décadas el país se ha ido levantando en buena medida sobre el sacrificio de los emigrados.

Pese a que el Ministerio de Relaciones Exteriores calcula que solo se invierte el 5% de lo que llega, el dinero que enviaron en este tiempo ha dado lugar a edificios y pueblos y pequeños comercios con agencias bancarias, y también algunas oficinas que ofrecen servicios de transferencias monetarias; ha forrado las viviendas con los azulejos más ostentosos y las ha equipado con tecnologías nuevas con las que el emigrado desea mejorar la vida de su familia al tiempo que modifican sus tradiciones y relaciones personales. Hay más vehículos. Algunos piensan que incluso ha transformado el urbanismo. Sin duda ha gestado nuevas expresiones culturales. Ciertos estilos arquitectónicos se resumen con el nombre de “arquitectura de remesas”.

O tal vez, más que construir el país, las espaldas de los emigrados lo han sostenido para que no se derrumbe del todo. En 2012 alrededor de un tercio de la población pertenecía a un núcleo familiar alimentado con el equivalente a un salario mínimo (US$300) por estas transferencias, pero para 2015, con un 60% de pobres, es decir, gente que vive con menos de US$2 al día, Guatemala regresó a niveles no vistos desde finales de los años 80.

“Tenemos que darle las gracias a Dios y a los migrantes por que este país no haya explotado socialmente aún”, dijo hace unos meses Carlos Raúl Morales, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, en un programa de televisión: “El papel de las remesas aún no lo logramos comprender... El 80% se utilizan en sobrevivencia.”

Lizardo Bolaños, miembro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, cree que Trump mantendrá el nivel de deportaciones como mínimo en el máximo histórico al que lo llevó Obama, y cree que durante estos meses podría haber un repunte en el monto de las remesas, como un mecanismo de los emigrados de lidiar con el miedo a perder sus ahorros. Pero en el largo plazo, prevé un estancamiento.

“No bajarán mucho porque las empresas norteamericanas necesitan de esa mano de obra que no encuentran entre los trabajadores estadounidenses. Así que es probable algún tipo de tolerancia a los indocumentados en ciertos estados”.

¿Y si lo hicieran? ¿Si bajaran? Ya está escrito arriba: la economía guatemalteca depende en gran medida de las remesas. Cerca de cinco millones de personas las necesitan para sobrevivir. Sin ellas, crisis económica. Con crisis económica, más migración.

¿Qué tiene que ver la migración con magnicidios, militares y la Alianza para la Prosperidad?

La pobreza, la desigualdad y la violencia son las principales causas de la migración de Guatemala hacia Estados Unidos.

En 2014, un acontecimiento migratorio conocido como la crisis de los niños migrantes no acompañados convirtió a Guatemala, Honduras y El Salvador en un asunto crítico de seguridad para la Casa Blanca. Qué clase de países eran esos que expulsaban a menores de edad que tenían que atravesar desiertos sin la compañía de nadie conocido y someterse a condiciones inhumanas.

De inmediato, el Ejecutivo de Obama comenzó a negociar un plan de ayudas sociales para los tres países, el Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, al tiempo que presionaba a Honduras y El Salvador para que adoptaran una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad semejante a la que opera en Guatemala, y forzaba a que renovara el mandato de la suya al Gobierno de Guatemala, cuyos jerarcas hoy guardan prisión desde 2015, acusados de todo tipo de delitos de corrupción por esa misma entidad y la fiscalía nacional.


La idea parecía clara: Estados Unidos otorgaría dinero para mitigar las causas de la migración, pero condicionaba la ayuda a que los tres países destinaran recursos a programas sociales y a desmantelar estructuras de corrupción. Esas estructuras construidas en torno a las principales áreas de negocio con el Gobierno (construcción, medicamentos), en áreas de seguridad estratégica (aduanas, migración), o de blanqueo de capitales (finanzas) habían capturado el Estado durante décadas y eran eran las principales responsables de que el dinero de la ayuda no llegara a su destino, además de que constituían llaves de paso para el narcotráfico, la trata y el terrorismo.
Este es un momento turbulento en Guatemala y en este punto la victoria de Trump también introduce incertidumbres.

Ahora mismo, guardan prisión preventiva más de un centenar de jerarcas políticos (un presidente y su vicepresidenta), exmilitares, y miembros de una cúpula empresarial guatemalteca bien relacionada con el Partido Republicano. Mientras el crimen organizado conspira para detener la lucha contra la corrupción, con alianzas y magnicidios frustrados, un grupo de diputados pretende expulsar al embajador estadounidense, Todd Robinson, por injerencia en asuntos soberanos. Hace una semana, Robinson declaró que muchos diputados no han aprendido las lecciones del año pasado y que quizá se necesite “ver a más de ellos en la prisión para que aprendan”.

Días después de la extradición a EEUU de un presunto narcotraficante que aseguró haber donado US$500,000 dólares al hijo del vicepresidente del Gobierno, Jafeth Cabrera, las palabras del embajador fueron interpretadas como un claro mensaje a quienes intentaban reconstruir las estructuras de impunidad desde el Congreso. Unas jornadas más tarde, a instancias del presidente Jimmy Morales, cuyo hijo y hermano también están implicados en un caso de fraude, el Parlamento eligió una nueva Junta Directiva que reúne a familiares de encarcelados con diputados acusados de corrupción.

Los especialistas en relaciones internacionales sostienen que la política exterior de EEUU hacia Guatemala difícilmente vaya a cambiar, pero la victoria de Trump ha alimentado en muchos la ilusión de un giro: esperan un control más laxo de parte de la potencia, o un mayor desinterés, que reste fuerza y presión a la Fiscalía local para que abandone sus investigaciones.

¿Qué piensa Trump sobre este asunto? De momento no hay indicios.

Durante la administración de Obama, fue la crisis de niños no acompañados de 2014 la que hizo sonar las alarmas y detonó definitivamente el proceso. Y un Congreso dominado por los republicanos el que aprobó incluir el triángulo norte de Centroamérica como una prioridad de política exterior.

Aquel año, la patrulla fronteriza detectó a 17,000 a las puertas de Estados Unidos.

En 2016, han recogido 19,000. Dos mil más.

Algunos de ellos, quizá, con un poco de suerte, lleguen a preparar caballos para el Derby de Kentucky.

*Enrique Naveda es coordinador general del medio guatemalteco Plaza Pública.



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