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Facebook, Target, Verizon, Ikea... más de 140 empresas piden a la Corte Suprema proteger DACA

“Eliminar DACA causará graves daños en las empresas, los trabajadores y la economía de los Estados Unidos”, dicen los principales empleadores de soñadores.
4 Oct 2019 – 3:17 PM EDT

Más de las 140 de las principales empresas y asociaciones comerciales que representan colectivamente a casi la totalidad de los sectores de la economía del país, se unieron este viernes para presentar un documento de apoyo legal ('amicus brief') ante la Corte Suprema de Justicia en apoyo al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que protege a los dreamers.

El 12 de noviembre el máximo tribunal de justicia del país celebrará una audiencia donde los abogados del gobierno, que buscan la cancelación del programa, expondrán sus argumentos al mismo tiempo que los abogados de las organizaciones que defienden el programa, que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes que entraron al país siendo niños y se les conoce como dreamers (soñadores).

El 'amicus brief', que incluye una serie de empresas estadounidenses que emplean a trabajadores protegidos por DACA, resalta el inmenso apoyo de la comunidad empresarial para que el Congreso brinde protecciones permanentes a los beneficiarios del programa en beneficio de los empleados y la economía en general.


Impacto favorable

Las empresas que apoyan DACA señalan en el documento que, desde su inicio, el programa “ha tenido un enorme impacto en la vida de más de 800.000 jóvenes que vinieron a este país cuando eran niños, y que conocen solamente a este país como su hogar”.

La cifra corresponde al número total de beneficiarios que ha tenido el programa desde que fue implementado el 15 de agosto de 2012. Unos 100,000 han abandonado la protección por diversas causas, entre ellas porque no renovaron sus permisos de trabajo o bien porque legalizaron sus permanencias en el país por otras vías legales.

Los dreamers “están creando empresas que emplean a otros estadounidenses. Y el aumento de sus salarios conduce a mayores ingresos fiscales y a la expansión de nuestro Producto Interno Bruto nacional (PIB), produciendo nuevos empleos y beneficios para todos los estadounidenses”, agrega el “amicus brief”.

Daños irremediables

Al detallar los daños que causaría la cancelación del programa, los empleadores mencionan el daño que provocaría a las empresas estadounidenses y al país, y señalan que “los dreamers son empleados valiosos, dueños de negocios y consumidores que ayudan a crecer nuestra economía al ocupar empleos que de otro modo permanecerían vacantes debido a la insuficiente oferta de trabajadores”.

“Hemos construido nuestra empresa dándole la bienvenida a personas de todo el mundo, abriéndole las puertas a los huéspedes que buscan nuevas experiencias y a los asociados que buscan oportunidad”, dijo Arne Sorenson, presidente y CEO de Marriott International.

“Los soñadores se han vuelto una parte integral del tejido de nuestra empresa, y nos inspiran con su determinación de contribuir tanto en el trabajo y más ampliamente a la vida diaria de los Estados Unidos”, agregó.

Sorenson dijo además que “hoy le pedimos a la Corte Suprema que considere el importante papel que los soñadores juegan en nuestra economía y nuestras comunidades. Marriott sigue comprometida con encontrar una solución permanente y justa para los dreamers, quienes merecen la oportunidad de vivir vidas productivas en este país”.


En cifras

Al cuantificar los daños que provocaría la eliminación del programa, las empresas que enviaron el documento de “amicus brief” a la Corte Suprema advierten que “se perderán trabajadores valiosos” y el Producto Interno Bruto nacional (PIB) perderá entre $350,000 y $460,300 millones de dólares.

“Y los ingresos fiscales se reducirán en aproximadamente $90 mil millones de dólares durante la próxima década”, puntualizan.

“Nos unimos a los soñadores porque creemos que encontrar un camino hacia adelante para aquellos quienes han llamado a esta nación su hogar desde que eran niños es lo correcto. Instamos al Congreso a que priorice este tema tan importante y a que apruebe una solución legislativa para legalizar su estatus”, dijo Sandra Rivera, directora de Recursos Humanos de Intel Corporation.

A su vez, Dana Rao, vicepresidente ejecutivo, jefe del Departamento de Asesoría Jurídica y secretaria corporativa de Adobe, dijo que la empresa “no sería la compañía que es hoy sin la rica diversidad de nuestros empleados, y esa diversidad es vital para nuestro futuro”.

“Hoy nos enorgullecemos al unirnos a más de 140 otras empresas al firmar el expediente ‘amicus curiae’ de la Coalición por el Sueño Americano apoyando a unos 700,000 beneficiarios de DACA, quienes contribuyen a las empresas y la economía estadounidense”, agregó.


La batalla lergal

En enero de 2018, cuatro meses después de cancelado el programa DACA (el anuncio fue hecho el 5 de septiembre de 2017 por el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions), una corte federal de California revirtió la decisión y ordenó al DHS restituir el beneficio en los mismos términos en que se encontraba antes de ser caducado, excepto para aquellos jóvenes que no se habían inscrito.

Entre los meses de febrero y abril otros dos tribunales, uno de Brooklyn y otro de Washington DC, también fallaron a favor de DACA en un claro revés a la política migratoria de 'tolerancia cero' del presidente Trump.

En respuesta a los fallos favorable a DACA, Texas y otros 9 estados gobernados por republicanos demandaron al programa en una corte federal de Houston, Texas, pero este tribunal no dio curso a la demanda dejando al programa vigente tal y como habían dictaminado los otros tribunales de California, Nueva York Washington DC.

Y en noviembre del año pasado, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el gobierno no podía cancelar la Acción Diferida de 2012, decisión que le abrió la puerta al gobierno para acudir a la Corte Suprema y pedir que revise el programa.

En ese dictamen, un panel de tres jueces concluyó que la decisión del gobierno de cancelar DACA era "arbitraria, caprichosa y no estaba apegada a la ley".

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