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Deportaciones

Este mexicano fue deportado porque un policía llamó a la Patrulla Fronteriza. Ahora recibirá $35,000 (y podrá montar un negocio)

El mexicano Daniel Valenzuela fue devuelto a su país en febrero de 2019 derivado de una aparente violación a la ley santuario de California. Gracias a un acuerdo extrajudicial él obtuvo una indemnización que le ayudará a abrir un negocio en Tijuana.
10 Jun 2020 – 03:37 PM EDT
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Daniel Valenzuela fue deportado en febrero de 2019, un mes después de que un policía local le llamó a la Patrulla Fronteriza para que verificaran su información. En la foto posa con su hija menor. Crédito: Cortesía Gloria Ozuna

LOS ÁNGELES, California.- Un padre mexicano que fue deportado después de que un policía llamara a la Patrulla Fronteriza para que investigaran su estatus migratorio, recibirá una compensación de 35,000 dólares por parte del municipio donde ocurrió el incidente, informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El dinero será enviado a Daniel Valenzuela, de 35 años, quien fue devuelto a México en febrero de 2019. Desde entonces él ha vivido en Baja California y Sinaloa, mientras su esposa y sus tres hijas (de 13, 17 y 19 años) se quedaron en la ciudad de Corona, en el sur de California.

“Al final, aunque yo hubiera preferido otra cosa, él salió ganando un poco, porque hay personas que las deportan y terminan sufriendo allá. Ahora si queremos regresar a México tendremos algo para sobrevivir allá”, dijo la esposa de Valenzuela, Gloria Ozuna, en una entrevista con Univision Noticias.

Daniel Valenzuela, quien es originario de Sinaloa, piensa invertir el dinero en un negocio en Tijuana, donde ha vivido muchos años. Su esposa trabaja limpiando casas. “Me quedé sola con mis hijas. Ha sido bien difícil, nos hace mucha falta, sobre todo a mi hija más chica”, lamentó Ozuna.

ACLU insiste en que el policía de Corona que detuvo a este mexicano por manejar a exceso de velocidad el 31 de enero de 2019 violó la ley santuario de California, porque se comunicó con una estación cercana de la Patrulla Fronteriza para que verificaran la licencia de conducir de Valenzuela, expedida en Baja California.

El oficial municipal lo retuvo hasta que llegaron los agentes fronterizos, quienes confirmaron que la visa de turista de Valenzuela ya había expirado y lo pusieron bajo custodia. Jamás le extendieron una multa por rebasar el límite de velocidad, pero el inmigrante fue deportado unas semanas después. No quiso seguir peleando su caso en una corte federal y firmó su salida voluntaria.

La ley AB 54 prohíbe la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias. Además, les impide a los primeros “investigar, interrogar, detener, detectar o arrestar personas con fines de aplicación de la ley de inmigración”.

En nombre de Valenzuela, ACLU presentó una queja oficial contra la Ciudad de Corona en junio de 2019 que pedía una indemnización de 1 millón de dólares. Un año después, las negociaciones entre ambas entidades concluyeron con una compensación de 35,000 dólares que aceptó el mexicano.

“Es el primer caso donde hay un acuerdo económico resultado de una demanda que tiene que ver con una violación al Acta de Valores (la ley santuario) y de alguna manera sienta un precedente”, dijo Emilio Amaya, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, a Univision Noticias.

“Ojalá que las ciudades entiendan que violar la ley estatal tiene consecuencias”, enfatizó.

Reporte policial evidencia fallas

Valenzuela ha tratado volver a tramitar su visa de turista para venir a visitar a su familia, pero se la han negado por su deportación. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no ha respondido si se tomará alguna acción relacionada con este caso.

“Este acuerdo muestra que haremos responsables a las agencias del orden si no cumplen con la Ley de Valores de California ( AB 54, también conocida como ley santuario) y la Constitución”, dijo Eva Bitran, abogada de ACLU en su oficina del sur de California, en un comunicado.

“Todos estamos más seguros cuando los departamentos de policía permanecen fuera del negocio de la aplicación de la ley de inmigración. Nadie en este país, independientemente de su raza, origen nacional, idioma o estatus migratorio, puede ser detenido o arrestado sin causa”, puntualizó.

De hecho, el ayuntamiento de Corona mantiene su postura de que el policía que detuvo al migrante no violó la ley SB 54, que entró en vigor un año antes del arresto. El acuerdo que recién firmó dicho municipio no acepta abiertamente la presunta falla del oficial.

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“El oficial estaba realizando una parada de tráfico, no aplicando las leyes de inmigración”, señala el municipio en un comunicado. “Debido a que los hechos inusuales de esta situación pueden hacer que las personas de buena voluntad lo vean de manera diferente y debido a los altos costos y la interrupción del litigio, la ciudad decidió resolver este reclamo singular y aislado”, agrega.

El reporte policial sobre este incidente indica que el agente sí llamó a la Patrulla Fronteriza para verificar si Valenzuela estaba calificado para conducir con una licencia extranjera, y reconoce que cooperó con la CBP cuando le notificó que el detenido estaba ilegalmente en el país por la expiración de su visa.

La CBP “pidió que siguiera detenido para que un agente pudiera ir y tomar la custodia de él”, describe el reporte redactado por el policía de apellido Gardner, quien también llamó a un compañero hispano, el agente E. Castañeda, para que tradujera lo que Valenzuela estaba diciendo en español.

El mexicano estuvo en el lugar durante una hora hasta que llegaron los agentes fronterizos. Eso dejó en vilo el proceso de extenderle una multa de tránsito y el decomiso de su auto. “Es obvio que se violó la ley santuario”, insiste Amaya.

La ACLU también reclama que durante la espera no le permitieron a su cliente hacer ni una llamada telefónica.

Aunque no fue parte del acuerdo, la policía de Corona implementó acciones respondiendo a este caso: envió un memorando indicándoles que deben hablar con sus supervisores antes de contactar a las autoridades migratorias y que dio una capacitación a los oficiales para informarles que es legal manejar con una licencia de conducir emitida en otro país y que no deben indagar el estatus migratorio de un detenido.

“A raíz de este caso cambiaron algunas prácticas, implementaron un nuevo protocolo para evitar situaciones de este tipo”, dijo Amaya.

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