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Inmigrantes indocumentados

Exigen pagar 1 millón de dólares a un mexicano deportado por una infracción de tránsito en California

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una queja contra el ayuntamiento de una ciudad de ese estado, alegando que un policía se comunicó con la Patrulla Fronteriza para indagar el estatus migratorio de un mexicano que detuvo por conducir por encima del límite de velocidad. Esa llamada derivó en su expulsión de Estados Unidos.
13 Jun 2019 – 4:06 PM EDT

El mexicano Daniel Valenzuela lleva varias semanas lejos de su familia. Ahora vive con sus padres en el estado de Sinaloa, mientras su esposa y sus tres hijas se quedaron en Corona, una ciudad del sur de California. Su vida dio un giro el pasado 31 de enero, después de que dejó a sus hijas en la escuela y un policía le marcó el alto por manejar a exceso de velocidad. Ya no pudo regresar a su casa.

En vez de extenderle una multa, el oficial indagó sobre el estatus migratorio de Valenzuela luego de que le entregó una licencia de conducir expedida en el estado mexicano de Baja California. El migrante le aseguró que estaba legalmente en el país con una visa de turista. Para verificarlo, el policía llamó a una estación cercana de la Patrulla Fronteriza pidiendo que revisaran la información de este hombre.

Valenzuela, en tanto, le insistía al policía que le diera una infracción y lo dejara ir. Pero él permaneció alrededor de una hora dentro de una patrulla hasta que agentes fronterizos llegaron al lugar y tomaron su custodia. Ya habían verificado que su visa de turista había expirado. Finalmente lo deportaron.

El caso está ahora en manos de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que este miércoles presentó una queja contra el Ayuntamiento de Corona (el primer paso para interponer una demanda) solicitando una indemnización de 1 millón de dólares para Valenzuela y su familia, alegando que sus policías violaron las leyes santuario de California, en vigor desde el 1 de enero de 2018.

La ley SB 54, también conocida como Acta de Valores de California, establece que los policías locales y estatales no deben colaborar con las autoridades migratorias y les prohíbe interrogar, detener o arrestar a una persona solo para ejecutar leyes migratorias. También les impide transferir la custodia, de un penal municipal a ICE o la CBP, de un migrante sin papeles que solo ha cometido una falta menor, como conducir a exceso de velocidad.

La ACLU reclama que Valenzuela ni siquiera fue multado por la Policía de Corona y alega que al detenerlo sin una razón los oficiales violaron además la Cuarta Enmienda de la Constitución.

"Lo retuvieron a un costado de la carretera durante más de una hora sin darle una infracción, sin arrestarlo y luego lo entregaron a la Patrulla Fronteriza", dijo Eva Bitran, abogada de ACLU, en una conferencia de prensa que se realizó este miércoles afuera del Ayuntamiento de Corona.

Sobre los primeros cuestionamientos del oficial municipal, Britan señaló: “Empezó a preguntar sobre el estatus migratorio del señor Valenzuela en violación del Acta de Valores de California”.

Este mexicano tiene 34 años, trabajaba y vivía en Corona. Entró legalmente al país con una visa de turista, la cual había expirado dos semanas antes de que lo detuviera la Policía, según ACLU.

Valenzuela permaneció cinco días en la estación de la Patrulla Fronteriza en Murrieta y después fue transferido al centro de detención migratoria en Otay Mesa, en el condado de San Diego. Él aceptó su salida voluntaria y fue expulsado a México, donde ahora vive con sus padres.

“Mi esperanza es que se le permita regresar, eso es todo”, expresó su esposa, quien ha pedido que no se revele su nombre por miedo a represalias. La mujer asegura que su familia sigue impactada por esta deportación. “Mis hijas extrañan a su padre”, enfatizó.

La abogada Bitran lamentó que la vida de esta familia haya cambiado debido a este incidente. “Están en comunicación, hablan por teléfono, pero -obviamente- no es lo mismo que estar aquí en persona”, dijo.

“Este no es un incidente aislado”

A través de un comunicado, la propia Policía de Corona reconoció que su policía llamó a la Patrulla Fronteriza para verificar el estatus de la visa de turista que portaba Valenzuela. Señala que unos minutos después “le avisaron a nuestro oficial que la visa del conductor había expirado”.

La agencia también confirmó que el mexicano presentó una licencia de Baja California y señala que el hombre le dijo, a través de un policía que le tradujo, que estaba de visita en EEUU. El migrante fue detenido porque manejaba a 70 millas por hora (mph) en una carretera donde el límite es de 45 mph, de acuerdo con el departamento policiaco.

Además de la compensación monetaria, la ACLU ha pedido a la Policía de Corona que revise sus políticas para asegurarse de que acata la SB 54, que trabaje con la Fiscalía estatal para garantizar que cumple con las leyes santuario, capacitar de manera “obligatoria” a sus policías respecto a dichas normas y mejorar su relación con los migrantes a través de un acercamiento con organizaciones comunitarias.


“Este no es un incidente aislado”, criticó Emilio Amaya, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, la primera organización que tomó este caso.

Amaya reclamó que cuando Valenzuela estuvo durante cinco días en la estación de la Patrulla Fronteriza en Murrieta, su familia no sabía nada sobre su paradero. “La pasamos mal tratando de localizarlo”, dijo.

Activistas alegan que se trata de un “patrón” de los policías en esa región, que aplican por su “ideología” las leyes migratorias en ciudades santuario.

“Esta es una práctica, incluso cuando el policía sabía que hacía lo correcto no lo escondió. Se ve en el reporte”, dijo Amaya, refiriéndose al informe que elaboró el agente que detuvo a Valenzuela.

“A lo largo de los años hemos tenido problemas no solo en Corona, sino con los departamentos de Policía de Inland Empire (la zona desértica conformada por los condados de Riverside y San Bernardino) aplicando las leyes migratorias por su cuenta, incluso sin tener un acuerdo formal o informal con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, reclamó Amaya.

George Johnstone, jefe de la Policía de Corona, aseguró que este incidente es una excepción en su departamento y subrayó que se ha reunido con representantes de ACLU para garantizar que están cumpliendo con las leyes santuario. También mencionó que sus agentes ya recibieron información sobre la ley SB 54 y participaron en una capacitación adicional.

No está claro si el oficial en cuestión fue amonestado de alguna manera. Johnstone mencionó que no podía dar más detalles por tratarse de un litigio pendiente.

“El Departamento de Policía de Corona está comprometido a brindar un servicio de la más alta calidad a todos los miembros de nuestra comunidad”, recalcó Johnstone.

“Sigo comprometido en brindar una política policial justa e imparcial a todos los miembros de nuestra comunidad y mantener el diálogo con ACLU y grupos comunitarios”, concluyó.

En fotos: el paso a paso de una detención de ICE en el estado con más indocumentados de EEUU

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