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Corte Suprema tendrá en cuenta el aporte de dreamers en la lucha contra el covid-19 para decidir sobre DACA

El máximo tribunal de justicia tomará en consideración el aporte de unos 27,000 dreamers que trabajan en el sector de la salud y que se encuentran en la primera línea de la lucha contra el coronavirus en su decisión sobre el futuro inmediato del programa.
20 Abr 2020 – 11:57 AM EDT

La Corte Suprema de Justicia anunció este lunes que considerará los aportes de miles de dreamers en la lucha para contener la pandemia de coronavirus para decidir el fututo sobre la Acción Diferida de 2012 (DACA).

El máximo tribunal confirmó en su lista publicada de casos que aceptó una moción presentada el 2 de abril en el caso Martin Jonathan Batalla Vidal, un dreamer que fue el tercer demandante contra la decisión de un juez federal de Texas que en febrero de 2015 frenó la entrada en vigor de la ampliación de DACA. Batalla había pedido presentar un escrito complementario después de la audiencia oral de noviembre del año pasado.

“La Corte Suprema accedió a nuestra solicitud de presentar un informe adicional que describa los impactos de #COVID19 en una decisión de #DACA”, escribió el National Immigration Law Center (NILC) en su cuenta de la red social Twitter. Este jueves es el próximo día donde potencialmente se podría conocer una decisión, añadió.

El documento del NILC resalta las contribuciones que realizan más de 27,000 beneficiarios de DACA al sector de la salud, un aporte que el gobierno no tuvo en cuenta cuando cancelo el programa en septiembre de 2017 pues no se había desatado para ese entonces la pandemia del coronavirus.

“Proveedores de atención médica en la primera línea del combate al covid-19 dependen significativamente de beneficiarios de DACA para realizar un trabajo esencial”, precisa el documento. “Aproximadamente 27,000 receptores de DACA laboran como enfermeros, dentistas, farmacéuticos, asistentes médicos, asistentes de salud en el hogar, técnicos y otro personal, y casi 200 son estudiantes de medicina, residentes y médicos”, agrega.



Los nuevos argumentos

De acuerdo con la moción del 2 de abril presentada por NILC, los argumentos presentados por el gobierno a la Corte Suprema en noviembre pasado “no evalúan adecuadamente los intereses de confianza relevantes cuando fue cancelado el programa” y, por eso, "la decisión de rescindir DACA debe ser anulada", entre otras razones.

Añade que la eliminación del beneficio migratorio “nunca consideró” los daños que ocasionaría sobre la vida de los beneficiarios y mucho menos “de sus familias, escuelas, comunidades y empleadores”, ni tampoco consideró "adecuadamente las consecuencias adversas significativas para sectores clave".

El escrito asegura también que la crisis de salud pública que ahora enfrenta el país por la pandemia del covonavirus “ilumina la profundidad de aquellos intereses a cargo de los empleadores, la sociedad civil, el estado, gobiernos locales y comunidades en toda la nación, y especialmente por asistencia sanitaria y otros servicios esenciales” que se requiere para batallar contra esta enfermedad.

“El país no está preparado para cubrir la pérdida que resultaría si los beneficiarios de DACA fueran excluidos de la fuerza laboral de atención médica (...) Estas carencias se sentirán más agudamente en áreas médicamente desatendidas, como entornos rurales y barrios pobres, precisamente las áreas en las cuales los receptores de DACA son más propensos a trabajar”, se lee en el documento.

Cinco meses después de la cancelación de DACA, el 9 de enero de 2018, una corte federal de California restableció el programa en los mismos términos que se encontraba al 4 de septiembre del año anterior, excepto para nuevas inscripciones.

Tras una larga batalla judicial, el caso escalo hasta la Corte Suprema, organismo que revisa la legalidad del beneficio aprobado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.


Quién es Martín Batalla

Martín Batalla Vidal fue también el tercer demandante contra la decisión de un juez federal de Texas que frenó la ampliación de DAPA, un programa que amparaba de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de residentes y/o ciudadanos estadounidenses.

Batalla fue víctima de un error administrativo por parte del gobierno de Barack Obama. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) comenzó, en enero de ese año, a enviar renovaciones de Autorizaciones de Empleo válidas por tres años, siendo que el programa original solo permitía dos años renovables por un mismo período de tiempo mientras el beneficio estaría vigente.

Fue este el argumento que utilizaron 26 estados gobernados por republicanos, encabezados por Texas, para pedirle a la corte presidida por el juez Andrew S. Hanen que cancelara ambos programas, y acusaron al gobierno de no haber publicado previamente el nuevo reglamento en el Registro Federal (diario oficial) y permitir el comentario público antes de su entrada en vigor.

La USCIS emitió unas 108,000 autorizaciones de empleo (EAD) válidas por tres años, incluso después del dictamen. Cuando el tribunal se percató del problema, ordenó al gobierno cancelar los documentos, entre los que se cancelaron el permiso de trabajo de Batalla.


En 2016, Batalla, con el respaldo de la organización proinmigrante Make the Road New York y otros beneficiarios, solicitaron una querella contra la orden preliminar emitida por Hanen. Luego, ante la posibilidad de que Donald Trump presionara a DACA, como lo había prometido durante su campaña, junto con la organización Se Hace Camino New York, solicitó enmendar su demanda para impugnar la resolución del mandato republicano.

Un año más tarde, en septiembre de 2017, se sumaron a la querella los soñadores Antonio Alarcón, Eliana Fernández, Carlos Vargas, Mariano Mondragón y Carolina Fung Feng, todos ellos residentes en Nueva York.

El grupo le pidió la Corte Suprema que dictamine que el programa activado el 15 de agosto de 2012 es legal. Y sostienen que la cancelación de DACA violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que, según ha dicho el Centro de Responsabilidad Constitucional, prohíbe una acción "arbitraria, caprichosa" que abusó de la discreción presidencial.

Batalla llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años tras cruzar la frontera y, junto a su familia, se estableció en Queens, Nueva York. Fue uno de los 108,000 soñadores que en 2015 recibieron autorizaciones de empleo de tres años que luego fueron revocadas en cumplimiento al fallo emitido por el juez Hanen.

El dreamer trabaja como asistente de enfermería en una clínica de rehabilitación de lesiones cerebrales en Queens, Nueva York. Pudo finalizar sus estudios porque, tras el incidente de 2015, el gobierno le envió una nueva autorización de empleo. Pero en 2016, cuando Trump ganó la elección presidencial, los temores respecto a la posible cancelación del programa se activaron.

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