Corte de apelaciones dictamina que ICE puede arrestar y deportar a inmigrantes antes de que concluyan sus juicios

Los jueces de la Corte de Apelaciones sostienen que ICE "puede cumplir con sus deberes estatutarios bajo la Ley de Inmigración (INA) para detener a un extranjero ilegal en espera de juicio o sentencia, independientemente de la determinación de liberación bajo el amparo de la Ley de Reforma de Fianzas (BRA".
7 Dic 2018 – 3:47 PM EST

La Corte de Apelaciones del 6º Circuito dictaminó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) puede arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados, incluso si previamente una corte haya ordenado que no lo haga bajo amenaza de considerar esta acción como una rebeldía.

“ICE puede cumplir con sus deberes estatutarios bajo la Ley de Inmigración (INA) para detener a un extranjero ilegal que se encuentra en espera de juicio o sentencia, independientemente de la determinación de liberación con cedida bajo el amparo de la Ley de Reforma de Fianzas (BRA)”, se lee en la sentencia del tribunal.

De esta forma, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito zanjó el caso del inmigrante César Veloz-Alonso, un inmigrante mexicano de 39 años arrestado en octubre y que había sido deportado varias veces, pero se encontraba libre bajo fianza en espera de juicio.


El caso Veloz-Alonso

Veloz-Alonso ingresó ilegalmente a Estados Unidos a principios de los años 90, se lee en el dictamen. Fue deportado en 1997, 1999 y 2008. Y en junio de este año fue descubierto nuevamente y detenido por ICE. Dos meses más tarde, en agosto, fue acusado de un cargo de reingreso ilegal (reentry).

La Ley de Inmigración considera el reentry como un crimen federal serio. “Es una falta grave que se penaliza criminalmente”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “A la gran mayoría de las personas procesadas por este delito les dan tiempo servido una vez sentenciados luego de tres meses. Pero pueden pasar 2 años presos, aunque no he visto que los castiguen tanto tiempo”.

Velóz-Alonso, tras declararse culpable, logro salir libre bajo fianza porque no representaba una amenaza para la seguridad pública y nacional, y su juicio estaba programado para octubre. Aguadaba sentencia, agrega el dictamen.

Un juez de distrito consideró que el inmigrante no era un riesgo para la comunidad. Pero advirtió que si ICE decidía capturarlo, intentaría sancionar a la agencia por rebeldía al violar la autoridad de la corte.


Apelan la fianza

Tras salir libre bajo fianza, el gobierno apeló y argumentó que Veloz-Alonso era un riesgo de fuga, “porque además de su repetida disposición a violar la ley federal, estuvo sujeto a una orden de expulsión y un recurso de retención (detainer) de ICE”.

El tribunal de distrito que otorgó a Veloz-Alonzo la libertad bajo fianza mientras esperaba sentencia, lo hizo bajo condiciones que incluyeron monitoreo electrónico (grillete) y un gravamen de propiedad sobre su casa.

La corte inferior halló que Veloz-Alonso “demostró con pruebas claras y convincentes que no era un riesgo de fuga ni un
peligro para la comunidad”, y ordenó al gobierno, bajo amenaza de desacato, "abstenerse de detener o deportar al demandado mientras se encontraba en libertad".

El gobierno argumentó que el fallo puso en conflicto la Ley de Inmigración (INA) y la Ley de Reforma de Fianzas (BRA) al prohibir que ICE cumpla con sus deberes legales obligatorios.


La sentencia

El tribunal de apelaciones concluyó que, en esta disputa, donde un extranjero ha sido sometido a un proceso penal y los permisos concedidos bajo el amparo de la Ley de Reforma de Fianzas “sustituyen a los mandatos estatutarios de la Ley de Inmigración, “no estamos de acuerdo”.

También determinó que “nada en el BRA impide que otras agencias del gobierno, estatal o local encargadas de hacer cumplir la ley de conformidad con sus obligaciones legales, impongan una presunción de detención para los acusados de delitos penales en espera de juicio o sentencia.

Señala además que “ICE está bajo instrucciones obligatorias de detener y deportar a un extranjero que ingrese ilegalmente después de una orden de expulsión definitiva”.

El fallo registra además que “mientras que la Ley de Inmigración proporciona cierta discreción” en cuanto a una deportación, “no hay discreción sobre si el extranjero debe ser detenido y deportado. Y la eliminación de tal extranjero es permisible incluso después de la imposición de una sentencia penal, pero "antes de que el extranjero haya completado una sentencia de prisión si el Fiscal General determina que (I) el extranjero es confinado de conformidad con una sentencia definitiva por un delito no violento y, (II) la remoción del extranjero es apropiada y en el mejor interés de Estados Unidos”.

En la medida en que ICE pueda cumplir con sus mandatos estatutarios sin menoscabar los propósitos de la Ley de Reforma de Fianzas, “no hay conflicto legal y el tribunal de distrito no puede imponer restricciones a los agentes del gobierno”, dijo la corte de apelaciones.

“Por las razones anteriores, sostenemos que ICE puede cumplir con sus deberes estatutarios bajo el INA para detener a un extranjero ilegal en espera de juicio o sentencia, independientemente de la determinación de liberación de BRA”, se lee en el dictamen.

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