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Corte anula orden que frenaba la ciudadanía acelerada para militares inmigrantes

Un grupo de 8 soldados demandó en abril al Departamento de Defensa por una medida que alteró un programa que permite a nmigrantes que sirven en las Fuerzas Armadas obtener la ciudadanía en corto tiempo.
26 Ago 2020 – 02:48 PM EDT
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Una corte federal del Distrito de Columbia dictaminó el martes que una política del gobierno implementada por el Departamento de Defensa que niega a inmigrantes que sirven en las Fuerzas Armadas un trámite rápido hacia la ciudadanía, es ilegal.

La jueza Ellen Huvelle falló que, por ley, el Departamento de Defensa debe proporcionar a los miembros del servicio activo pueden solicitar la naturalización y hacer el trámite necesario si “si han "satisfecho un día de servicio calificado".

El Pentágono había restringido el beneficio y requerido que los no ciudadanos sirvan en servicio activo durante al menos seis meses antes de poder solicitar la ciudadanía.

La demanda

La medida fue llevada a la corte en abril por ocho soldados quienes, en una demanda colectiva, alegaron que la promesa estadounidense de ciudadanía por servicio, que se remonta a los orígenes de la república, se había roto a causa de las políticas restrictivas de naturalización de Departamento de Defensa.

Los militares se enlistaron en las Fuerzas Armadas en el marco del programa de Adhesiones Militares Vitales para el Interés Nacional, o MAVNI. En la demanda indicaron que nuevos y prolongados controles de seguridad para posibles vínculos terroristas y otras medidas, les habían impedido efectivamente obtener la ciudadanía estadounidense, reporta el sitio Military.com.

Uno de los demandantes se trata de un dreamer protegido bajo la Acción Diferida de 2012 (DACA) que actualmente sirve en el Ejército.

El reglamento protegido por la corte señala además que los extranjeros que integran la Reserva sirvan al menos un año antes de que puedan recibir la certificación.

Detalles del fallo

La jueza Huvelle escribió en el dictamen que el Departamento de Defensa (DOD) “no solo tiene prohibido considerar cualquier cosa más allá del historial de servicio pasado de un alistado para determinar si ha prestado servicio honorablemente, sino también al recibir una solicitud [de un certificado de servicio honorable] de un no ciudadano que haya cumplido con el del servicio calificado, debe tomar la determinación requerida”.

El DOD retuvo ilegalmente esas certificaciones debido a sus requisitos mínimos de servicio, precisó.

Los demandantes fueron representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El grupo de derechos civiles dijo que los soldados representas a otros miles de uniformados en situación de activos.

La ACLU dijo en su cuenta de la red social Twitter que el dictamen se trataba de una victoria en nombre de los hombres y mujeres uniformados que quieren llamar su hogar a Estados Unidos de forma permanente.

La organización dijo además que “el gobierno de Trump no puede negar la ciudadanía al personal militar a quien el Congreso le había prometido ese derecho.

Tolerancia cero

El cambio al reglamento fue hecho por el 13 de octubre de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump ponía en vigor a nivel nacional la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

Entre los argumentos del Pentágono se incluye que la extensión a 180 días la espera o un año en las reservas, obedece a que los soldados extranjeros deben completar con éxito el entrenamiento básico.

Antes de la implementación de la medida el soldado era elegible para obtener la autorización y el certificado después de un día de servicio.

Tras la implementación de la medida, en 2017, varios reclutas fueron afectados y despedidos.

Daños colaterales

Un memorando obtenido por The Associated Press en agosto de 2018 y fechado el 20 de julio, revela que el ejército había suspendido, al menos temporalmente, el despido de reclutas inmigrantes que se alistaron buscando una vía para obtener la ciudadanía, luego de que un número indeterminado de ellos fueron dados abruptamente de baja.

El documento detalla las órdenes dadas a oficiales de alto rango del ejército para que dejen de procesar, con efecto inmediato, los ceses de los hombres y mujeres que se entraron en el programa especial para inmigrantes.

Abogados de inmigración dijeron en esa ocasión conocer más de 40 casos que han sido dados de baja o cuyo estatus cuelga de un hilo, poniendo en peligro su futuro.

Algunos de los alistados en el Ejército dijeron que no les notificaron la razón por la que habían sido dados de baja. Otros afirman que les informaron que habían sido catalogados como riesgos de seguridad debido a que tenían familiares en el extranjero, o porque el Departamento de Defensa no había completado sus revisiones de antecedentes, reportó AP.

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