Inmigrantes indocumentados

Human Rights Watch pide al senado que no apruebe dos iniciativas de ley antiinmigrantes

Uno de los proyectos castiga a las ciudades que no colaboran con el servicio de inmigración y el otro impone condenas más severas a los indocumentados deportados que regresan sin permiso a EEUU.
6 Jul 2016 – 4:31 PM EDT

La organización de derechos Humanos Human Rights Watch pidió el miércoles al senado que no apruebe dos proyectos de ley que, asegura, perjudicará a familias inmigrantes y pondrá en peligro la relación entre las policías y las comunidades.

Uno de los proyectos, patrocinado por el senador Patrick Tommey (republicano de Pensilvania), recomienda penalizar económicamente a las ciudades que optan por no colaborar con las autoridades federales de inmigración en el arresto de indocumentados.

La segunda iniciativa, presentada por el senador Ted Cruz (republicano por Texas), establece penas más severas a los indocumentados deportados que reingresen sin permiso.

"Bajo el argumento de la seguridad nacional los dos senadores están proponiendo iniciativas de ley que podrían hacer que las comunidades sean menos seguras”, dijo Antonio Ginatta, director de programa de Estados Unidos de HRW.

Ginatta dijo además que ambos programas “presionarán” el sistema carcelario que se encuentra “superpoblado”, y duplicará dramáticamente los llamados al teléfono de emergencias 911.

El plan de Tommey (S.3100) “intenta presionar a las jurisdicciones locales” y penaliza las ciudades santuario, obligando a las autoridades locales a colaborar con los esfuerzos federales de inmigración en determinadas circunstancias, dijo HRW.

Agregó que el proyecto de ley se trata de un “intento por frenar a las ciudades” que toman sus propias decisiones para controlar la inmigración o colaborar con las autoridades federales.

HRW citó que varios gobiernos estatales y locales cuentan con leyes y políticas para responder a una solicitud federal para detener a una persona con fines de control migratorio “sólo si esa persona ha sido acusada o condenada por un delito grave”, y que las nuevas iniciativas pueden alterar este orden.

Agregó que este tipo de leyes rompe la confianza de la comunidad con las policías. “Human Rights Watch ha documentado en varias ocasiones el daño a la seguridad pública que pueden resultar cuando los inmigrantes evitan el contacto con los agentes del orden público por temor a que las autoridades están actuando como agentes del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración”.

El temor a denunciar crímenes por el riesgo de ser deportados aumenta las probabilidades de delitos como el asalto sexual, dijo la organización.

"Convertirlos en agentes del servicio de inmigración aumenta el miedo de la comunidad en la policía”, dijo Ginatta. "Y cuando las comunidades tienen miedo de la policía sufre la seguridad pública".


El plan patrocinado por el senador Cruz (S.2193) recomienza aumentar las penas por condenas reingreso ilegal a Estados Unidos.

En la actualidad el castigo máximo a un indocumentado que vuelve sin permiso es de dos años. El proyecto de ley de Cruz establece una pena mínima de cinco años.

La misma sentencia debería ser aplicada a personas con dos condenas anteriores reingreso indocumentado, señala el proyecto.

El proyecto de Cruz surgió en respuesta al incidente registrado en julio del 2015 en San Francisco, California, en el que Kate Steinle, una ciudadana estadounidense de 32 años, murió cuando un indocumentado de origen mexicano, que había sido deportado cinco veces y había sido acusado de delitos de menudeo de drogas, le disparó causándole la muerte.

El sospechoso había sido excarcelado hacía algunos meses por la policía del condado de San Francisco, a pesar de una petición de las autoridades migratorias federales de mantenerlo en prisión.

El aumento de penalizaciones abarca todas las categorías de personas, incluidos los migrantes centroamericanos que están llegando a la frontera de Estados Unidos y México en busca de asilo.

Human Rights Watch advirtió que este tipo de iniciativas intimida a migrantes que huyen de sus países para salvar sus vidas a causa de la violencia, y que el aumento de las sanciones por reingreso ilegal podrían tener efectos profundos para las familias, incluyendo a miles de niños ciudadanos de Estados Unidos separados de los padres no son ciudadanos.

Más del 15% de los 101,900 detenidos en la frontera entre 2011 y 2012 eran padres de niños estadounidenses, dijo la organización de derechos humanos.

Agregó que las sentencias mínimas para el reingreso ilegal “privaría a los jueces de inmigración de la capacidad de determinar que muchas personas que vuelven a entrar no deberían estar en una cárcel", dijo Ginatta. "Se trata de propuestas son contraproducentes que convertirían al sistema de inmigración estadounidense en más disfuncional".

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), estimó que la implementación del proyecto del senador Cruz costaría unos $3.700 millones de dólares en la próxima década.

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