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Inmigrantes indocumentados

Baja el número de procesos por ingreso indocumentado en los ocho primeros meses del año fiscal 2016

Sin embargo los casos de reingreso aumentaron un 7.7% y los procesados que regresaron sin permiso después de haber sido deportados, arriesgan severos castigos que incluyen la expulsión de por vida.
22 Jul 2016 – 3:16 PM EDT

En los primeros ocho meses del año fiscal 2016 (octubre-mayo), el Departamento de Justicia abrió 25,680 nuevos procesos penales por ingreso indocumentado a Estados Unidos, reportó el Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad Siracuse de Nueva York.

Otros 20,628 procesos fueron abiertos a indocumentados que reingresaron (dos o más veces) sin autorización al país.

De mantenerse la tendencia, los casos de reincidencia registrarían un descenso del 8.4% respecto al mismo período en el 2015, indicó el TRAC. Pero los procesos por ingreso indocumentado habrían aumentado en un 7.7%.

La ley federal de inmigración (Título 8 Sección 1326) tipifica como delito grave el reingreso indocumentado. En cambio, el ingreso sin autorización y sin que haya una deportación previa sigue siendo una falta menor o de carácter civil.

Puntos de arresto

Las comparaciones del número de inmigrantes acusados de ingresar indocumentados o reingresar al país sin la debida autorización se basan en la revisión, caso por caso, de los datos obtenidos por la Universidad Siracuse bajo la Ley de Libertad de Información de la Oficina Ejecutiva de los Fiscales Federales.

El reporte detalla que las aprehensiones y procesamiento judicial se llevaron a cabo en los cinco distritos a lo largo de la frontera suroeste con México.

El Distrito Sur de Texas (Houston) y el Distrito Oeste de Texas (San Antonio) representaron el 96% de los procesamientos de ingreso indocumentado, mientras que Arizona y Nuevo México representaron el 59% de los procesamientos por reingreso no autorizado.

En los últimos cinco años, los procesos por ingreso sin papeles disminuyeron en un 2.1% y el reingreso ilegal bajó un 14.4%. Pero en los últimos 20 años el ingreso no autorizado experimentó un aumento del 6.407% y el reingreso ilegal en un 668%.

Proyección al 30 de septiembre


El TRAC prevé que, de mantenerse el ritmo de crecimiento de los ocho primeros meses del año fiscal 2016, el número de procesos por entrada indocumentada alcanzaría los 38,520 al 30 de septiembre.

El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y vence el 30 de septiembre del año siguiente.

El 97.9% de las detenciones y apertura de procesos judiciales fueron hechos por la Patrulla Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), agencia federal que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El resto fue ejecutado por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

En el caso de los reingresos indocumentados, el TRAC estima que para finales del año fiscal (30 de septiembre) se totalizarán 30,942 procesos, lo que representaría un descenso del 8,4% comparado con el año anterior.

El 79.2% de los procesamientos de reingreso indocumentado fueron gestionados por la Patrulla Fronteriza, el 16.3% por ICE y el 3.8% ejecutados por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés).


De menos a más

“El ingreso indocumentado es una violación de carácter administrativo de inmigración”, explicó Univision Noticias el abogado Ezequiel Hernández en Phoenix, Arizona. “Pero si una persona tiene una deportación y una salida voluntaria, y vuelve a entrar y lo agarran, lo pueden enviar a la oficina del Alguacil o ser procesado bajo el operativo Streamline”.

“En este caso al indocumentado lo procesarán bajo el cargo de illegal entry, una falta no tan grave que implica expulsión”, agregó.

“Pero si un individuo fue deportado sin salida voluntaria, regresó y lo atrapan en la frontera, entonces es procesado por illegal reentry, un delito que conlleva penas de cárcel antes de ser deportado nuevamente. Estamos hablando de una falta grave”.

El operativo Streamline fue implementado en la frontera el 16 de diciembre de 2005 y consiste en audiencias de deportación en grupos.

Abogados que defienden los derechos de los inmigrantes alegan que el programa criminaliza a los indocumentados cuya única falta es ingresar sin papeles al país y luego los deporta.

Bajo la Operación Streamline, la Patrulla Fronteriza trabaja con abogados del Departamento de Justicia (DOJ) para procesar a quienes cruzan la frontera sin documentos, los cuales son acusados de un delito menor por el que deben pagar hasta seis meses de prisión, y si reingresan ilegalmente el delito puede pagarse hasta con 20 años de prisión.

De acuerdo con estimaciones de la Patrulla Fronteriza, más de 279,000 personas fueron enjuiciadas desde diciembre de 2005 a marzo de 2014.

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